El turno de oficio se planta: "Es una estafa. Ganamos hasta 20 veces menos y nos quedan pensiones de 400 euros"
Como muchos otros muchos compañeros, Belén García decidió en un momento dado dedicar su vida profesional a la abogacía, por el interés que le despertó la Justicia y el convencimiento social que en aquel momento existía de que era un oficio reconocido, respetado y bien remunerado. Nunca pensó que tras más de 20 años en ejercicio, tres hijos y un despacho en el barrio de Tirso de Molina, las condiciones bajo las que trabajaría cada día y su perspectiva de jubilación serían tan precarias.
LA RAZÓN la ha acompañado durante un día en su recorrido diario por los Juzgados madrileños donde, a parte de atender los asuntos que le van llegando, hace guardia en el turno de oficio.
Ser un profesional autónomo de la abogacía hoy, como nos explica y prueba, significa no cobrar ni un céntimo por la mayoría del tiempo trabajado y cobrar poco más de 200 euros por estar 24 horas disponible para ofrecer el derecho de la Justicia gratuita hasta en cinco casos distintos de víctimas o investigados por cualquier delito. Lo corriente es que las guardias, pese a que teóricamente son de una jornada, acaben convirtiéndose en hasta tres días de trabajo "porque tienes que ir con el cliente ante el juez el día siguiente a la asignación, e incluso el otro si se alarga el asunto".
Son muchas las situaciones que les hacen perder tiempo y dinero a las que se enfrentan los letrados que están en el turno. Desde detenidos a los que su abogado particular les dice que irá al día siguiente y juegan la carta de que acuda el de oficio, que cuando le retiran el caso se queda sin cobrar nada.
En 2022 la cantidad de casos atendidos por profesionales del turno de oficio marcó récord histórico con más de dos millones de asuntos, según reflejó en un informe el Observatorio de la Justicia Gratuita. La realidad de este hito, que muchos celebran, explica García, es que se ha "birlado" al abogado que está en su despacho trabajando, que es el mismo que hace las guardias, y que va a cobrar de 10 a 20 veces menos por el mismo trabajo.
Y pasa rápidamente a ofrecer datos para que se entienda. Según las tarifas que estipula el ICAM, por ejemplo, asistir un detenido en comisaría son 270 euros y representarlo en la declaración de un testigo son 150. "Si sumas todas las actuaciones durante una instrucción sencilla estamos hablando de 1.500 a 1.800 euros que tendría que pagar el cliente. Nosotros estamos cobrando en el turno 360 euros por lo mismo", denuncia con visible indignación.
Otras normas del sistema de Justicia que juegan en su contra recortándoles la retribución, va citando García, es el hecho de que si un caso acaba en sobreseimiento, aunque "hayas ido cinco o seis veces al juzgado", cobran 160 euros menos. Solo cobran el total si hay una sentencia. O cuando uno de sus clientes, que acabe contratando a un abogado particular por decisión o al serle negado el derecho a uno de oficio por cuestiones económicas, se niegue a pagarles el tiempo en el que han ejercido su defensa: "Es bastante común. La gente cree que un abogado de oficio es gratis y acabas demandándoles". Reclamar los honorarios a un antiguo cliente, según relata, pasa por una jura de cuentas que acaba siendo un proceso engorroso, lento y que solo reporta gastos ya que "todo se paraliza porque los Juzgados pasan de tramitarlas".
Además, aunque se acabe efectuando, en ocasiones el abogado nunca llega a cobrar debido a que muchas de las personas a las que asisten, especialmente en los delitos penales, viven de ingresos no declarados, cuenta remitiéndose a lo que asegura es la experiencia que ha vivido. "Te llegan con collares de oro, un iPhone último modelo, y dices ¡me cago en la leche!, que yo tenga que asistirte por el turno porque no hay manera de demostrar que sí que tienes para pagarme".
La letrada señala que esto ha tenido una contribución fundamental a que desde la pandemia haya aumentado en un 80% la cantidad de compañeros a los que ha visto tener que cerrar sus despachos porque no tienen para pagar cada mes 500 euros de alquiler, obligados a irse a casa a trabajar.
La precarización ha llegado a tal punto que la imagen del abogado que recibe en su despacho es cosa del pasado, algo que solo pueden seguir haciendo una minoría. "Los compañeros quedan directamente en los juzgados con el cliente, en unas salas que ha creado el ICAM en Plaza de Castilla o, incluso, en espacios que se alquilan por horas", revela García.
No alberga duda: que haya aumentado tanto la justicia gratuita ha perjudicado y agravado aún más la situación económica de los abogados. Critica, en esta línea, la actitud de determinadas asociaciones de abogados que reclaman que la justicia gratuita deje de regirse por el SMI para pasar a tener el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que, sostiene, ampliaría aún más el número de ciudadanos que podrían acceder a un abogado pagado por la Administración. "Entonces ya nos quedaríamos sin gente que pague la minuta", lamenta.
Sin dejar de tener en cuenta, recuerda, que otro estructural es que ahora, con la generación baby boom en la mediana edad, "somos muchos", cuando antes eran "unos cuantos que vivían muy bien". Sin embargo, despoja de toda culpa al individuo y le imputa toda responsabilidad de ofrecer una solución a tal circunstancia al Estado "porque vivimos en uno social, democrático y de Derecho que debe coger el toro por los cuernos".
No es de extrañar que, con el panorama que va dibujando la secretaria general del primer sindicato del gremio en nuestro país, la Justicia sea uno de los asuntos que menos importa a los españoles, tal y como confirmó la última encuesta del CIS.
Las guardias no cotizan
Las reivindicaciones del sindicato Venia, que son las gran parte del sector profesional, pasan porque se les reconozca la actividad profesional del turno de oficio como tiempo de trabajo cotizado en una relación laboral especial con la Administración, que es la encargada de garantizar el derecho fundamental del acceso a la justicia gratuita, y los Colegios profesionales como gestores de este servicio público. También que haya forma de ver amortizados costes que ellos asumen como la gasolina para el traslado o las fotocopias de demandas que van presentando. En pueblos de Segovia o Andalucía el cuartel más cercano de la Guardia Civil está a 100 kilómetros y el abogado se tiene que hacer ida y vuelta pagando la gasolina de su bolsillo con el riesgo de que nunca llegue a cobrar la guardia.
"Estamos aguantando que nos paguen mal y que no nos reconozcan una relación laboral de carácter especial. Estábamos hasta ahora callados, aguantando y de repente un día dijimos "ya, basta". Es los que está pasando ahora", sentencia esta madre y abogada a este diario.
El problema con la jubilación en Mutualidad
Otra de las batallas de Venia es el problema que han tenido y tienen miles de profesionales de la abogacía con la pensión de la empresa de seguros Mutualidad de la abogacía. En 1995 deja de ser obligatorio para los colegiados estar asociados a la compañía y les permiten trasladarse al régimen de autónomos (RETA), perdiendo eso sí todo el dinero que hasta entonces hubiesen invertido.
Más tarde, en 2005, se pasa de un sistema colectivo con una hucha conjunta a uno de capitalización individual, al modo de un fondo de ahorro privado: "Se supone que los del régimen colectivo, los que se jubilaron antes de la reforma, no tenían una jubilación buenísima, pero era digna, de 800 o 900 euros. Ahora no alcanzamos al mínimo con 300 a 400 euros de pensión. Hay compañeros que con 70 años siguen trabajando porque lo necesitan para poder vivir".
"Muchas cosas incomprensibles en la Mutualidad, como qué dinero de nuestras cuotas va a contingencias de enfermedades. Nosotros no tenemos derecho a ponernos enfermos más de un año o no podemos estar enfermos por enfermedad psiquiátrica más de un mes durante toda la vida como mutualista. Tú te imaginas un mes una persona con depresión, pues te vas a la calle, te arruinas y ya está", se queja Belén García.
Por todo ello, con el horizonte de que el ruido mejore algo, se concentran este sábado día 3 de febrero el centro de Madrid al menos 5.000 abogados de oficio llegados de todas las provincias de la geografía española en respuesta a la convocatoria del sindicato Venia. Salen desde el número cinco de la calle Serrano en el que está la sede de Mutualidad en lo que en suma constituirá el acto central de la huelga en la llevan inmersos desde el pasado 21 de noviembre, también la primera de la historia de la abogacía española, que ha conseguido la suspensión de juicios en todo el país.