Editorial: Narcos con ventaja
El 6 de enero, un grupo de 25 hombres, cuando menos 16 de ellos armados con fusiles de asalto AK-47, bajó de cinco vehículos frente a una casa en Moín y esperó al derribo del portón mediante la embestida de uno de los autos. Los delincuentes irrumpieron en la vivienda disparando ráfagas en varias direcciones sin alcanzar a las pretendidas víctimas porque habían logrado escapar.
La oportuna evacuación de la casa también se debió a la tecnología. Los ocupantes divisaron una aeronave no tripulada, o dron, y su presencia les despertó sospechas. Con prontitud tomaron la decisión adecuada para salvar sus vidas. Frustrados, los atacantes partieron en los vehículos, valorados en $45.000 cada uno. Como si no valieran nada, los llevaron hasta la playa y les prendieron fuego para no dejar rastros.
El ataque costó ¢120 millones, solo en vehículos. El pago de los 25 integrantes del grupo, la inversión en armas y otros elementos logísticos elevan el gasto considerablemente, sin contar que la organización había ejecutado una operación cuatro días antes, con el mismo método.
En esa oportunidad, diez hombres bajaron de un auto todoterreno y el conductor lo estrelló contra el portón de la vivienda, propiedad de un hondureño, en el barrio La Colina. Los atacantes mataron, dentro de la casa, a un sujeto de esa nacionalidad, pero no dieron con su verdadero objetivo, el propietario de la vivienda. El vehículo también fue desechado, aunque no incendiado.
Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los ataques son parte de una disputa territorial entre tres grupos organizados, con dos de ellos aliados contra el tercero. El costo de los dos ataques es indicativo del valor del territorio disputado y de la capacidad financiera de los bandos enfrentados. El despliegue de recursos testimonia el formidable reto del narcotráfico, no solo en términos económicos, sino también en acceso a recursos tecnológicos y armamento.
El contraste con los medios disponibles para contrarrestar el embate de la delincuencia organizada es notable. La Fuerza Pública no pudo con la oleada de homicidios del primer mes del año en Limón, y el OIJ asumió una función preventiva que no le corresponde. “Eso no puede ser”, se dijeron los altos mandos del Organismo después del ataque del 6 de enero, y viajaron al Atlántico para iniciar la aplicación de una estrategia cuyos detalles se mantienen en reserva, según Randall Zúñiga, director del cuerpo policial.
El 18 de enero, la Policía Judicial desplegó en Limón un equipo de 50 investigadores especializados. La presencia del OIJ frenó la violencia y en una decena de días solo hubo un homicidio, no relacionado con el crimen organizado. En los primeros 18 días del año, Limón había sufrido 14 asesinatos, incluido el de un oficial de la Fuerza Pública.
La operación Caribe cuesta ¢80 millones mensuales. Esa suma representa la tercera parte del presupuesto para viáticos del OIJ y, quizá, poco menos de la mitad del gasto incurrido para ejecutar el ataque del 6 de enero. Los investigadores deberán retirarse pronto, ojalá después de lograr los objetivos de la estrategia mencionada por Zúñiga. Las funciones de prevención no le corresponden, pero tampoco alcanza el dinero para mantenerse en la zona. El propio director lo reconoció en declaraciones a este diario: “Se ha hecho una buena contención en Limón y se seguirá haciendo hasta donde den los recursos”.
Ni el OIJ debería verse obligado a esas consideraciones ni la Fuerza Pública debería carecer de los medios humanos y materiales, además de la capacitación, para ejecutar con excelencia sus funciones preventivas. La crisis de la seguridad ciudadana exige inversión y hay un equilibrio posible entre la estabilidad fiscal y el gasto requerido para impedir el avance del crimen organizado.