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Февраль
2024

La Junta de Castilla y León recurrirá la sentencia sobre el cese de la estación de esquí de Navacerrada

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Abc.es 
La Junta recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que le atribuye la competencia para declarar a caducidad de la concesión y pilotar restauración de la realidad física alterada en las pistas segovianas de Navacerrada , cuyos telesillas pararon en 2021 tras no renovarse la concesión que caducaba entonces por parte del Estado. «Es una sentencia extensa y hay que estudiarla, pero ya puedo adelantar que la Junta de Castilla y León va a recurrir esa sentencia en casación ante el Tribunal Supremo« porque »creemos que es indispensable la defensa de la idiosincrasia autonómica», ha indicado este viernes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien ha recordado que estas pistas de esquí «son las únicas en España que se ven afectadas por esta impugnación por parte del Estado. No entendemos por qué» . «Toda la protección medioambiental que tiene esa zona se ha conseguido estando en funcionamiento y vigentes las pistas de esquí. No se entiende por qué se dice que hay esa afectación especial en estas pistas », donde se «ha generado un ámbito empresarial que condiciona la economía de toda esa zona, que vamos a defender hasta donde podamos porque creemos que es justo y necesario», ha apostillado. Noticia Relacionada estandar No La Delegación del Gobierno rechaza el sistema de reservas para acceder a la sierra los días de gran afluencia ABC Se creará una mesa de trabajo para analizar las aglomeraciones y evitar el colapso en las carreteras de acceso a Cotos y Navacerrada Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones , mostró hoy su «desacuerdo jurídico» con la sentencia la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) sobre la estación de Navacerrada y argumentó que aunque la Junta acepta la parte del fallo en el que se indica que la Administración autonómica es competente para analizar la caducidad de la concesión, la posibilidad de prórroga y ejecutar un posible desmantelamiento, «no compartimos que nos tenga que decir que es lo que tenemos que hacer. La competencia es nuestra, pero seremos libres de decidir lo que corresponda»