Secretos del lobby farmacéutico para que se receten marcas comerciales

Pasó inadvertido pero en el medio del plenario de comisiones en el que el martes pasado se aprobó un dictamen entre el oficialismo y la oposición dialoguista para tratar la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López aseguró que es hora de regular por ley la gestión de intereses, es decir, el lobby corporativo sobre las decisiones políticas.

Es que el intento del gobierno de Javier Milei de modificar centenares de leyes que afectan a tantos sectores al mismo tiempo ha desatado una lluvia de negociaciones, reuniones, llamados, chats y acercamientos entre directivos, gerentes de asuntos públicos, abogados y consultores con dirigentes de todos los partidos, como pocas veces se ha visto.

En este punto, con el correr de los días empieza a trazarse una línea divisoria entre el país que cuenta con poder de lobby y el país que carece de él.

Cuando está legislado, como en Estados Unidos, el lobby se transforma en una actividad legal y visible de la que queda registro. Así, si hay reuniones entre representantes públicos y hombres de empresa, en todo caso, se puede preguntar después al respecto y dejar en claro esa influencia.

En nuestro país, en cambio, los contactos ocurren a todo nivel pero sólo se pueden deducir después de que las normas ya fueron escritas.

Un caso para la historia únicamente explicable por la habilidad de los afectados para hacer llegar su mensaje a los actores con poder es lo que acaba de ocurrir con la forma de recetar los medicamentos.

El 21 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial el ya célebre mega DNU 70/2023 que establecía, tal vez en uno de los puntos más claramente en favor de los consumidores: que los médicos estaban obligados a recetar por nombre de la droga y no incluir ninguna marca comercial como sí les permitía la legislación vigente. Por ejemplo: iban a tener que poner "amoxicilina" para un dolor de garganta y no prescribir "Amoxidal", el nombre comercial del gigante Roemmers, el de los productos de cajita amarilla.

Pero este lunes 22 de enero, un mes y un día después, el decreto 63 cambió exactamente el sentido de aquella modificación hasta el punto de, con la excusa de la reglamentación, volver al estado de cosas previo, es decir, que el médico pueda incluir una sugerencia comercial junto al nombre del fármaco en cuestión.

¿Qué hizo cambiar de opinión al Gobierno? ¿Fueron las asociaciones de médicos que suelen ser muy receptivas a los planteos de los laboratorios nacionales e internacionales y muchas veces contribuyen a hacer llegar sus posiciones a quienes definen las regulaciones? No hay registros de reuniones. Se dijo: solo queda deducir.

La industria se movilizó. Según pudo saber El Cronista, desde la cámara de laboratorios nacionales (Cilfa) se hicieron llegar planteos al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y al ministro de Salud, Mario Russo, con los argumentos para la marcha atrás con la normativa original.

En el Gobierno admiten que hubo "conversaciones" para mejorar el "cumplimiento" y "la aplicabilidad" de la norma original. Puntualmente hubo advertencias respecto de que sin sugerir los productos específicos se podía complicar hacer seguimiento de determinados tratamientos a los pacientes. Además, explican que se incluyó en el Anexo del decreto reglamentario un modelo de receta para poner más grande el genérico y debajo, más chico, la marca.

Como sea, se trata de un ítem sensible para el bolsillo de los consumidores. Según un trabajo de la consultora PxQ que circula como pan caliente en sanatorios, prepagas y obras sociales, el Amoxidal, justamente el de nuestro ejemplo, fue el medicamento que más aumentó respecto del mes previo: 69,8%.

En el segundo puesto de la muestra elaborada por la consultora que encabeza, casi con lógica, el Rivotril, con 68,6% y en tercer lugar -jodeme- la otra versión del primero, el Amoxidal Dúo, con otro 66,6%.

Según el Indec, en 2023 el rubro Productos Medicinales, Artefactos y Equipos de Salud saltó 286%, contra un 211% del índice promedio. Dato: hasta noviembre ya registraba una suba de 20 puntos por arriba de la inflación.

Además, la diferencia de las marcas líderes con el genérico del rubro sobrepasa largamente el 150% en algunos casos en los productos más populares de venta libre, según recoge el mismo trabajo de la firma que encabeza Emmanuel Alvarez Agis.

El ibuprofeno de Pfizer (Actron), por caso, es 113% más caro que el producto básico. El paracetamol que hace Genomma (Tafirol) cuesta 172% más. Ya con receta, como la que ahora van a poder hacer con sugerencia comercial como siempre los médicos, la metformina para los diabéticos del laboratorio Montpellier cuesta 87% más que la versión random.

¿Es el precio que hay que pagar por un medicamento de mayor calidad o se trata del resultado de un aprovechamiento del marketing agresivo de las grandes empresas farmacéuticas sobre profesionales y prestadores en un sector donde el que prescribe no paga pero incide de manera decisiva sobre la decisión de compra de un consumidor -el paciente- muchas veces afectado por el temor o la urgencia?

Lo cierto es que cuando se quiso asomar al rubro medicamentos, la revolución libertaria voló por la ventana en tiempo récord, tal vez en uno de los éxitos más veloces del conocido lobby nivel Dios del que siempre hizo gala el sector.

Es un caso opuesto al de los cinco millones de personas que viven en barrios populares, villas de emergencia o asentamientos. Si todo va como hasta ahora y se aprueba así como está la ley ómnibus, en el artículo 179 el Gobierno le quitará la financiación a un programa de urbanización y mejoramiento habitacional que además es un ejemplo extra grieta de cómo se intenta resolver un problema de la falta de vivienda y la tenencia precaria de tierras.

El tema lo había planteado la ONG Techo Argentina en 2009. La política la comenzó a implementar Mauricio Macri en 2018. Después le sumó financiamiento Alberto Fernández en 2021.

Así, se crearon más de 24.000 lotes con servicios, se llevaron a cabo 250.000 mejoramientos de viviendas y 250.000 conexiones intradomiciliarias de servicios básicos en 1300 barrios populares de todo el país, con certificación de la UCA, Cippec y auditoría del Banco Interamericano de Desarrollo.

Con Milei, esta iniciativa va a desaparecer. Salvo que vaya a desaparecer como iban a sacar las marcas de las recetas médicas.

Sólo falta un poco de influencia.