Tras el juicio por YPF, un nuevo embargo millonario amenaza a otra empresa del Estado
La demanda surgió a partir de la expropiación que dispuso el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2008
A raíz de una sentencia favorable del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) los beneficiarios de un fallo por la expropiación de Aerolíneas Argentinas solicitaron una audiencia con la jueza estadounidense Colleen Kollar-Kotelly para conocer las intenciones del Gobierno del presidente Javier Milei.
La información que pone en juego el pago de u$s 340 millones fue difundida por el director de Latam Advisors, Sebastián Maril a través de su cuenta de la red social X donde señala que en caso de no poder establecerse la comunicación los acreedores del país comenzarán con pedidos de embargo.
La demanda se originó por la expropiación de la compañía en 2008 dispuesta por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Un año más tarde, los demandantes obtuvieron una sentencia firme favorable en el CIADI, ante el tribunal arbitral del Banco Mundial, pero la Argentina nunca la pagó.
El CIADI dictó su primera sentencia en contra de la Argentina en 2017, en ese entonces en favor del grupo español Marsans que gestionó la Aerolínea desde 2001.
El juicio estaba en manos de Burford Capital, un estudio londinense dedicado a comprar demandas de esta clase. En 2018, con la sentencia a su favor por u$s 320 millones, Burford decidió venderlo a Titan Consortium por u$s 107 millones, dado que sabía que la Argentina continuaría apelando.
Burford Capital es el mismo fondo de inversión que obtuvo una multimillonaria sentencia favorable también en la Justicia de Estados Unidos en un juicio por la expropiación de la petrolera YPF.
En el caso de YPF, la jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dio luz verde el 11 de enero pasado a posibles pedidos de embargo contra activos de la Argentina.
Se trata de un mecanismo de presión para que el país pague los u$s 16.100 millones demandados por la nacionalización de la petrolera, resuelta en 2012 también por Cristina Kirchner, por entonces jefa de Estado.