Por una igualdad educativa

Los instrumentos son más eficaces a la hora de garantizar la igualdad entre todos los españoles que la educación. Una comprensión realista de las políticas educativas debería comprometerse no sólo con la igualdad de oportunidades, sino que tendría que aspirar a armonizar los contenidos y las competencias que el Estado garantiza a todos los estudiantes, sin excepción. Por este motivo, el anuncio realizado por Alberto Núñez Feijóo de crear una selectividad única en las once comunidades que gobierna el Partido Popular supone un acierto que debe saludarse con franco optimismo. Los mismos conocimientos que son razonables para un estudiante de una comunidad autónoma deberían ser compartidos por los alumnos de cualquier otro territorio de España. Lo que es bueno para un adolescente de Hernani debería serlo para una joven de Ubrique. En lo que atañe a la EBAU, un examen concursal que sirve de acceso a cualquier universidad española, es especialmente equitativo que todos nuestros estudiantes se encuentren sometidos a un régimen de evaluación compartido. Esta igualdad en derechos y en oportunidades es un elemento vertebrador en cualquier comunidad política y su defensa debería resultar obvia para cualquier demócrata. La medida anunciada por el presidente del Partido Popular tendrá, sin duda, dificultades de implementación y su grado de cumplimiento y desarrollo dependerá de muchas variables prácticas. Sin embargo, en una circunstancia en la que muchas formaciones políticas, con el PSOE a la cabeza, apuestan por disolver los rasgos compartidos entre españoles y que fomentan los privilegios segregadores entre territorios y ciudadanos, elevar la igualdad al rango de premisa política en educación supone no sólo un acierto, sino que constituye un verdadero acto de justicia. Hasta el momento, nuestros jóvenes están sometidos a diecisiete modelos de examen que, sin embargo, sirven para participar después en un mismo mecanismo de acceso a las plazas universitarias, lo que genera una competencia desleal entre territorios. Las comunidades que imponían controles menos exigentes privilegiaban a sus estudiantes a la hora de elegir estudios o universidad, puesto que su nota de partida resultaba siempre más favorable. La medida anunciada por los populares no revertirá esta desigualdad histórica de golpe, pero sí sienta un precedente y, sobre todo, repara el abandono al que la izquierda ha sometido la igualdad entre españoles, uno de los valores superiores consignados en el artículo 1 de nuestra Constitución. El grado de ejecución de esta selectividad compartida, muy probablemente, no será perfecto y su grado de desarrollo estará supeditado a la diferencia que todavía existe entre los distintos bachilleratos. Se trata de un primer paso, pero es un paso en la dirección correcta. Establecer un nuevo marco de convergencia y recuperar mecanismos que abunden en la igualdad entre españoles es, sin duda, una excelente noticia. En estricto cumplimiento de la autonomía territorial, las comunidades gobernadas por el PP exhiben, además, una unidad que podría generar un saludable efecto contagio. Las comunidades educativamente más exitosas, como Castilla y León, podrán servir como modelo de buenas prácticas para replicarse en muchos otros territorios. Por lo demás, la autonomía de los centros y el mínimo grado de especificidad territorial siempre podrán coexistir pero respetando este marco igualitario. Con este anuncio, además, los populares ejercen de forma responsable una oposición a las políticas segregadoras y promotoras de la desigualdad entre españoles que ha decidido promocionar el Partido Socialista.