El Gobierno canario pretende ampliar a todas las islas la posibilidad de edificar en suelo rústico

El director del Instituto Canario de Vivienda (Icavi), Antonio Ortega, ha anunciado este martes que el Gobierno de Canarias se propone ampliar a todas las islas la posibilidad prevista para La Palma tras la erupción volcánica de que se puedan construir viviendas en suelo rústico en determinadas condiciones.

"Es la única forma de solucionar el tema habitacional de Canarias. El suelo urbano del que disponen las administraciones públicas es el que es", ha manifestado Ortega tras una reunión con empresarios de la construcción de Tenerife.

Ortega, quien ha recibido el pleno respaldo de la patronal tinerfeña a las políticas de vivienda del Gobierno, ha destacado que el decreto ley que se está preparando para la isla de La Palma por primera vez va a permitir "que se pueda construir incluso en determinados suelos rústicos para solucionar el problema de emergencia habitacional".

Y ha corroborado que es voluntad del ejecutivo que esa posibilidad, "de cara al futuro, sea extensible al resto de Canarias en determinadas condiciones y con determinadas garantías".

Para el director del Icavi, el principal problema para la adquisición de suelo es su calificación, y por eso afirmó que es "sumamente importante y necesario" el próximo decreto ley para regular el suelo en La Palma.

"Por primera vez en la historia de esta Comunidad Autónoma se va a permitir que se pueda construir incluso en determinados suelos rústicos para solucionar el problema de emergencia habitacional", destacó.

Agregó que "hay suelos que por distintas circunstancias no son urbanos consolidados y que necesitan desarrollo de distintos instrumentos de planeamiento, y con este decreto ley se podrá salvar esta situación para poder llevar a cabo la construcción de vivienda pública".

El director del Icavi hizo un balance de las actuaciones realizadas sobre las modificiaciones normativas, del Plan canario de Vivienda y del plan estatal de acceso a la vivienda, así como de la gestión de los fondos europeos del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y señaló que al respecto tienen "las ideas muy claras".

Indicó que los fondos europeos para la construcción de mil nuevas viviendas y los fondos de rehabilitación para más de 2.000 viviendas están todos en fase de contratación para su redacción, así como el 85% del Plan de Vivienda de Canarias.

"Antes del verano estarán todas en construcción de obra, tanto las del Plan de Vivienda de Canarias como las de los fondos MMR", dijo.

El director del Icavi afirmó que Canarias está en disposición de construir más viviendas nuevas y ha solicitado al Estado más financiación, en torno a 20 millones de euros, que si son aceptados permitirá ampliar el Plan de Vivienda de Canarias a suelos que hayan cedido los ayuntamientos y los cabildos.

El presidente de Fepeco, Óscar Izquierdo, alabó la política de vivienda del Gobierno de Canarias porque "en seis meses se ha trabajado más que en los últimos seis años", y subrayó especialmente que se ha puesto en marcha "la colaboración público privada", que es "donde está el éxito".

Izquierdo dijo también que los empresarios de la construcción de que "lo que se nos está diciendo se va a hacer", porque "se están dando los pasos que nosotros históricamente siempre hemos pedido desde la parte empresarial".

Fepeco mantiene una "total adhesión a la política que está que está ejercitando el Instituto Canario de la Vivienda, creemos que es la acertada y tenemos la certeza de que las viviendas se van a construir", insistió. 

El decreto presentado por el Gobierno de CC-PP ha estado envuelto en polémica desde que inició su trámite parlamentario. Este mismo lunes, la diputada socialista por la isla de La Palma Alicia Vanoostende advirtió de que “el decreto ley 9/2023, de medidas en materia territorial y urbanística para la recuperación económica y social de la isla de la Palma, que aprobó el Consejo de Gobierno el pasado 18 de diciembre y que irá a pleno del Parlamento este miércoles, 17 de enero, para su convalidación, es un paso atrás en la reconstrucción del Valle de Aridane”. 

Vanoostende, conjuntamente con los diputados socialistas palmeros Jorge González y Manuel Abrante, reitera que “este documento del Gobierno de Clavijo se ha elaborado desde el oscurantismo, de espaldas a la ciudadanía y sin hacer caso ni siquiera a las propuestas planteadas por las personas afectadas durante el breve periodo de exposición pública”. De ser ratificado el decreto, subraya la diputada, “el actual Gobierno de Canarias vetaría una propuesta territorial justa, consensuada con todas las personas afectadas y que ofrecía seguridad jurídica, para bendecir un decreto de CC, que dejaría en el limbo, en el mejor de los casos, a la mayor parte de las personas que sufrieron las graves consecuencias de la erupción”. 

La diputada socialista lamenta que “el Gobierno de Canarias, con este nuevo decreto de reconstrucción, que ha liderado la consejera Nieves Lady Barreto, deja sin dar respuesta a la mayoría de las personas afectadas por la erupción volcánica. El Nuevo decreto genera más incertidumbre que certezas, lo que representa un varapalo para quienes tenían puesta la esperanza en una recuperación justa para el Valle de Aridane”. 

En este sentido, destaca que “el nuevo decreto ata las manos de las personas afectadas, sin capacidad de decisión, al crear un órgano meramente consultivo, en lugar del consorcio previsto por el documento elaborado por el Gobierno del Pacto de las Flores”.

“Pero más grave todavía es el hecho de que mientras el último borrador del anterior Gobierno daba solución a la problemática de la integridad de las personas afectadas, el Ejecutivo de CC y PP deja tirados a quienes tienen sus propiedades en terrenos con más de 10 metros de coladas, que son casi la mitad de los afectados”. “Estas personas -prosigue la diputada socialista- no podrán construir, ni vender su propiedad a un precio justo o permutarlas, como estaba recogido en el borrador del Gobierno que presidía Ángel Víctor Torres”, añade.

Vanoostende pide al Gobierno de Canarias que “dé marcha atrás, recapacite y trabaje en favor del interés general de la Isla Bonita, porque este decreto que va al Parlamento no lo hace. Estamos a tiempo de mejorarlo, de escuchar las demandas reales de los vecinos y acoger el trabajo y la experiencia previa. Es necesario trabajar desde la razón y no desde las improvisación y defendiendo no sabemos bien qué intereses, porque los de las personas afectadas no”. 

En este sentido, la parlamentaria palmera ha hecho también “un llamamiento al Partido Popular, socio de gobierno de CC, que reflexione y vote en favor de La Palma y no de sus intereses políticos, por defender un pacto que, a la primera de cambio, como se ve en este decreto, ha dado la espalda al Valle de Aridane”.