Las manos del presidente en el proceso electoral
El presidente de la República hace explícita su intención de estar presente e incidir en los procesos electorales que están en curso, aunque eso le está impedido por la Constitución y por su propia investidura como presidente de todas y todos los mexicanos.
La política tras la búsqueda del poder siempre ha impuesto sus condiciones, la cuestión es cómo lo hace, si por la vía de los hechos o por el acuerdo que busca ordenarla y fijarle condiciones para su despliegue.
Si es la primera vía, predomina la ley del más fuerte y quien ostenta el poder tiene ventajas independientemente de sus propósitos y desempeño. La segunda, sin duda compleja, abre la posibilidad del diálogo entre los diversos y la construcción de acuerdos que posibiliten reducir las sorpresas y definir rutas y condiciones conocidas ex ante para el acceso al poder público y a la representación popular.
Durante las últimas cuatro décadas en México hemos ensayado la segunda vía, después del agotamiento de las siete décadas de simulación democrática con la que se revestía un régimen autoritario.
Lamentablemente, la historia es corta y nuestra memoria más, y ahora damos pasos agigantados en reversa.
Para procurar la equidad en la contienda se buscó evitar el uso de recursos públicos en los procesos electorales (eso implicaba no sólo el desvío del presupuesto sino también el uso y abuso de la tribuna) y además se definieron etapas para lo electoral con reglas específicas para cada una.
Ese andamiaje sobre el que deberían conducirse los actuales procesos electorales —más allá del juicio que nos merezca y de la necesidad de revisarlo— se ha ido derruyendo.
El actual presidente de la República no ha dejado de hacer campaña desde el primer momento del inicio de su mandato presidencial y con ello ha incidido en las elecciones a lo largo de los últimos cinco años. Lo anterior incluso ha quedado de manifiesto en diversas resoluciones y sentencias de las autoridades electorales, quienes han señalado la sistemática violación a la Constitución y a la normativa electoral de parte del primer mandatario.
Ahora López Obrador se prepara para continuar con su estrategia y deja de manifiesto su clara decisión de estar presente en el último tramo del proceso electoral que concluirá con la elección de su relevo.
La cuestión es muy sencilla, quiere definir la agenda y la temática del debate electoral. Para ello anuncia que el 5 de febrero turnará al Congreso de la Unión un conjunto de reformas constitucionales. La fecha no es casual, manifiesta su intención de reformar la arquitectura del sistema político y reforzar la campaña de su coalición.
De ese alcance son las propuestas anunciadas: reforma al Poder Judicial (elección directa de ministros, magistrados y jueces); reforma al sistema electoral; ajustes y desaparición de órganos autónomos. Este conjunto de iniciativas, hasta donde ahora se conoce, de aprobarse, incidirá directamente en el equilibrio de poderes y en el diseño de la “cosa pública”.
Ya en otra ocasión escribimos sobre el riesgo que implica la elección directa de las principales figuras del Poder Judicial y cómo con ello se sobrepone la filiación partidista a la formación y trayectoria técnicas, poniéndose así en duda la independencia de ese tercer poder, necesaria para ajustar, en caso necesario, el proceder ejecutivo al marco legal y ofrecer a la ciudadanía sentencias que protejan sus derechos. Todo lo anterior para seguir dando pasos en la dirección de copar a la SCJN.
La propuesta de reforma política al parecer no sólo restringiría las facultades y autonomía de las autoridades electorales, sino además eliminaría la representación plurinominal en el Poder Legislativo y con ello la pluralidad y la expresión de la diversidad de nuestra sociedad, necesarias para legislar en atención a ello.
A lo anterior se suma la pretensión de desaparecer un conjunto de órganos autónomos que han servido como contrapesos al poder central y como vías de acceso de la ciudadanía al conocimiento e incidencia en la operación de la administración pública.
Sin duda los temas antes listados son de primordial importancia para el futuro y merecen ser analizados y debatidos, pero el que el presidente los presente ahora tiene una clara connotación de propaganda electoral y se suman al anuncio de que el paquete de iniciativas también incluirá propuestas para reformar el sistema de “Bienestar” (SIC), salarios y pensiones.
Este conjunto de iniciativas se habían anunciado para septiembre, una vez integrado el nuevo Congreso resultado de las elecciones del 2 de junio, apostando a que la coalición gobernante obtuviera la mayoría calificada necesaria para hacer reformas constitucionales. El que López Obrador lo adelante obedece a la clara intención de fijar agenda y permitirse ser un actor central en lo que resta del proceso electoral.
Una vez más, las autoridades electorales, centralmente el INE y el Tribunal Electoral, serán retadas y puestas a prueba en la procuración de la equidad en las contiendas, el respeto a la norma y la credibilidad de la ciudadanía en los procesos electorales.
POSDATA: Comparto otro deseo de año nuevo: que el INE no sea gobernado a base de sentencias. Que sea el quehacer político, dentro del marco constitucional y legal, el que prive, finalmente, el Consejo General del INE debe ser ejemplo del arte de lograr acuerdos en el que todos ponen para el mayor beneficio posible.