El sindicato mayoritario de la Policía denuncia que sigue el hacinamiento de solicitantes de asilo en Barajas

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denuncia que la situación «hacinamiento e insalubridad en la que se encuentran los policías, asilados e inadmitidos» del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El colapso continúa tres semanas después de que hasta tres jueces encargados de supervisar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) pidieran al Ministerio del Interior, con carácter urgente, las medidas necesarias para acabar con el desbordamiento de las salas de inadmitidos por el exceso de solicitantes de asilo. «Estas salas, cuya capacidad va variando cada día en función de las camas disponibles, no deberían en un contexto normal superar las 40 o 50 personas, pero se encuentra en este momento con una media diaria de unas 150 personas entre inadmitidos y asilados», denuncia el sindicato en una nota. Noticia Relacionada estandar No El Gobierno permitirá que los solicitantes de asilo sigan trabajando mientras se resuelve su denegación AGENCIAS Los interesados deben disponer de un documento policial, ya que no se les podrá denegar al derecho de documentación «Desde hace semanas este puesto fronterizo de Barajas se encuentra absolutamente desbordado debido a la solicitud masiva de protección internacional, principalmente solicitudes de asilo de personas procedentes de África, países como Kenia, Senegal y Marruecos. Pero existen países como Venezuela que también lideran este tipo de solicitudes en este aeropuerto», añaden. Máximo histórico Este jueves, precisamente el Ministerio del Interior informó de que la Oficina de Asilo y Refugio registró 163.218 solicitudes de protección internacional en 2023, el máximo histórico desde su creación. El dato supone un 37 por ciento más que en el año anterior y la mayor cifra desde la creación de la oficina en 1992, según los datos provisionales cerrados a 31 de diciembre. Estas cifras sitúan a España como el tercer país receptor de protección internacional en la Unión Europea. Según los datos facilitados por el Gobierno, por nacionalidades, el país de procedencia del mayor número de solicitantes fue Venezuela, con 60.534 peticiones, un 37 por ciento del total, seguido de Colombia (53.564) y Perú (14.306). Los tres países concentran el 78,6 por ciento del total de los expedientes registrados. Por lugar de presentación, la Comunidad de Madrid encabezó la lista de comunidades autónomas con más solicitudes (52.684), seguida por Andalucía (25.948) y Cataluña (14.775). El Ministerio del Interior resolvió un total de 92.963 expedientes de protección internacional, lo que supone un incremento del 1,8 por ciento respecto al año anterior, informaron fuentes de la cartera de Fernando Grande-Marlaska en una nota. SUP denuncia intentos de entrada «irregular» El sindicato SUP denuncia intentos de entrada irregular en España por parte de viajeros que «se deshacen de la documentación y acuden al puesto fronterizo a pedir protección internacional o lo que es peor aún, esperan en la zona internacional a que se haga de noche para tratar de superar mediante escalo los elementos físicos contiguos al puesto fronterizo, tratando de esta forma de entrar irregularmente en territorio español». «Hasta la fecha más de 60 viajeros han intentado entrar de forma irregular mediante este procedimiento, accediendo en algunos casos a las pistas del aeropuerto con el consiguiente peligro», afirman desde SUP. «El día 20 de este mes entra en vigor el visado de tránsito para Kenia, que es el país que provocó la anterior saturación con ciudadanos somalíes que viajaban desde Casablanca con pasaporte de Kenia obtenido fraudulentamente, pero sabedores de ese nuevo escollo, ahora son los ciudadanos de Senegal y Marruecos que, nuevamente a través de Casablanca, viajan hasta Madrid sin necesidad de visado de tránsito», aseguran fuentes del sindicato. Afirman que «a todo esto se suma la dejadez por parte del Gestor Aeroportuario AENA y Cruz Roja, que lejos de habilitar salas de inadmisiones con capacidad suficiente para albergar a las personas y los policías en condiciones dignas, proporciona instalaciones en condiciones infrahumanas y un servicio pésimo de asistencia social y limpieza».