Un juzgado obliga a Sanidad a desvelar el precio del fármaco contra el Covid-19 remdesivir

El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha dado la razón a Salud por Derecho, a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el litigio que mantenían contra el Ministerio de Sanidad y la compañía Gilead para conocer el precio de remdesivir, un medicamento contra el Covid-19 comercializado por Gilead bajo el nombre de 'Veklury'. En marzo de 2022, Salud por Derecho y OCU -en nombre de la campaña 'No es Sano'-- presentaron una serie de peticiones al Ministerio de Sanidad a través del Portal de la Transparencia. En ellas, solicitaban acceso a los precios reales de diferentes medicamentos, principalmente nuevos y con mayor coste, así como conocer su impacto en el presupuesto público. Noticia Relacionada estandar Si La baja cobertura de vacunación complica la temporada de gripe Elena Calvo Los expertos creen que hay alrededor de un 5% menos de inmunizados respecto al año anterior Sin embargo, Sanidad rehusó compartir esa información, argumentando que los precios de los medicamentos son confidenciales. Ante esta negativa, las organizaciones recurrieron al Consejo de Transparencia, que les dio la razón e instó al Ministerio de Sanidad a compartir la información. El Gobierno, junto con la compañía Gilead, presentó entonces recurso contencioso-administrativo. Ahora la sentencia aún no es firme y puede ser apelada en los próximos 15 días. El texto asegura que conocer el precio y el impacto presupuestario de remdesivir no vulnera la protección de los intereses económicos y comerciales, ni aspectos como el secreto profesional, la propiedad intelectual o la confidencialidad, como habían alegado tanto la compañía como el Ministerio. Una sentencia de la Audiencia Nacional Además, hace referencia a una reciente sentencia de la Audiencia Nacional que sostiene que conocer el precio de un determinado medicamento «supera con mucho el interés particular del laboratorio para que no se ofrezca dicha información sobre la base de su simple interés particular». Para las organizaciones de 'No es Sano', se trata de un paso «muy importante» en el ámbito de la transparencia. «La ciudadanía tiene derecho a saber cuánto está pagando con sus impuestos por los medicamentos. Los intereses privados no pueden estar por encima del interés público y eso es lo que ampara esta sentencia», asegura Vanessa López, directora de Salud por Derecho. «Nos ha costado casi dos años llegar hasta aquí, la transparencia en el precio y la financiación de los fármacos no puede ser a golpe de sentencia, necesitamos que la Administración adopte una actitud más proactiva y la aplique como parte de la rendición de cuentas a la ciudadanía», añade.