La Fiscalía pide procesar a "Kubati" por los homenajes a presos de ETA

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez Manuel García Castellón que procese por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas al exdirigente de ETA Antonio López Ruiz, "Kubati", y a los también exintegrantes de la banda terrorista Haymar Altuna, Oihana Garmendia, Carlos Sáez de Egilaz, Oihana San Vicente y Felipe San Epifanio, en el marco de la investigación a una docena de imputados que lleva a cabo el magistrado de un centenar de actos impulsados por la iniciativa de la izquierda abertzale "Kalera Kalera" (a la calle), de la que la Guardia Civil señaló sus "estrechos vínculos" con Sortu.

Tal y como ha adelantado Vozpopuli y han confirmado fuentes del Ministerio Público, el fiscal Carlos García-Berro ha solicitado al instructor que las diligencias de investigación continúen adelante como procedimiento abreviado (paso similar al procesamiento cuando se trata de un sumario) contra esos seis imputados. En la causa también ejercen la acusación la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia (DyJ).

En un informe clave incorporado a la causa, la Guardia Civil determinó que "Kalera Kalera" impulsó desde su creación en noviembre de 2016 una estrategia de "blanqueamiento" del entorno de ETA tras la disolución de la banda terrorista. Cubría así, afirmó el Instituto Armado, "un vacío estructural en lo que antaño se llamaba Movimiento Pro Amnistía" mediante unas actividades con las que "legitimaba" la actividad terrorista. El documento incidía en que desarrollaba "una estrategia perfectamente diseñada” para continuar con las actividades que desarrollaba Herrira, cuyas actividades suspendió la Audiencia Nacional, y sus antecesoras Askatasuna y Gestoras Pro Amnistía, ambas ilegalizadas.

En sus comparecencias ante el juez, tanto «Kubati» como el resto de investigados –entre ellos el que fuera responsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano– declararon que participaron en los actos bajo sospecha por ser dirigentes de Sortu o por su relación con los homenajeados, para mostrarles su "sensibilidad".

"Reconocimiento y alabanza"

Si García Castellón sigue el criterio del fiscal, quedarían apartados del procedimiento otros investigados como el exresponsable de Gestoras Pro Amnistía Juan María Olano, condenado a diez años de prisión por pertenencia a ETA, o Miren Zabaleta, condenada también por integración en ETA, a quienes la Guardia Civil consideraba "máximos representantes" de "Kalera Kalera" junto a "Kubati" y Oihana Garmendia, que fue condenada en Francia por asociación de malhechores con fines terroristas.

Según expuso en ese informe, los "símbolos de memoria y homenaje" (utilizados para "el reconocimiento y alabanza" a los etarras en esos "ongi etorri" o actos de bienvenida a presos de ETA) constituyen "por sí mismos y en el contexto del terrorismo de ETA" auténticos actos de "homenaje" a los integrantes de la organización criminal.

En el marco de esta causa, la AVT realizó un informe sobre las consecuencias que acarrean a las víctimas los homenajes a exmiembros de ETA, que concluyó que provocan un "impacto psicológico negativo" que se plasma en sentimientos de "enfado, injusticia y humillación" en una intensidad "muy elevada".

Las víctimas entrevistadas al respecto señalaron que experimentan "un sentimiento de abandono muy elevado ante este tipo de actos", sobre todo las que residen en el País Vasco o han vivido en la comunidad autónoma durante años, que se dirige principalmente "contra las administraciones públicas por la falta de apoyo que perciben". Del mismo modo, estos reconocimientos públicos a los terroristas "influyen negativamente en la vida diaria e interfieren en la recuperación psicológica de las víctimas".

Este procedimiento encara su recta final en el marco de las crecientes dificultades para condenar este tipo de actos desde que ETA entregó las armas y anunció su disolución, puesto que los jueces suelen argumentar que en la actual situación no hay riesgo real de que esos enaltecimientos supongan un peligro de atentado, lo que ha disparado los casos de archivo o absoluciones.

Las asociaciones de víctimas reclaman insistentemente que la respuesta penal a ambas conductas (exaltar a ETA y humillar a las víctimas) se separe para que de esta forma la humillación a las víctimas termine resultando impune.