El Gobierno intenta poner fin a un acto anual de exaltación fascista en Majadahonda

Apenas se puede encontrar a simple vista y, sin llamar mucho la atención, entre la carretera de Boadilla del Monte y el cementerio de Majadahonda. Allí está uno de los mayores quebraderos de cabeza a los que se lleva enfrentando el ayuntamiento del municipio desde hace años. El Monumento a los Caídos de Majadahonda se halla escondido entre la maleza, solo se puede entrar por un camino de tierra y antes servía como refugio para los jóvenes que querían hacer botellón sin que les encontrara la Policía, pero desde hace tiempo se ha convertido en una de las mayores reclamaciones fascistas de la zona.

El monolito construido por una piedra poco común en la finca majariega hace alusión a dos militares rumanos pertenecientes a la Guardia del Hierro, Ion Mota y Vasile Marin, simpatizantes del régimen nazi y que lucharon a favor del golpe que causó la Guerra Civil. Franco los utilizó como referentes propagandísticos de la dictadura y en la obra que se construyó como homenaje en 1948 se encuentra esculpida la frase "cayeron por Dios, España y Rumanía en 1937". En 2015, en una resolución aprobada en el pleno que recibió todos los votos a favor a excepción de la abstención del Partido Popular, se aprobó el derribo del monumento relacionado con grupos fascistas que se reúnen cerca de él cada 13 de enero, fecha en la que los homenajeados fallecieron en combate, en 1937, para celebrar el golpe y la dictadura.

Sin embargo, por aquel entonces, hace nueve años, la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos caídos en Majadahonda presentó un informe que determinaba que el lugar se encontraba dentro de una propiedad privada y los miembros de la organización se presentaron como "propietarios del terreno, estando al corriente de los pagos y tributos", resaltaron que el monumento "se creó en el año 1970" y que fue "totalmente pagado su coste por dicha asociación". El derribo quedó anulado y durante los siguientes años muchas han sido las reclamaciones para que se materialice.

En 2019, el presidente de la Asociación Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos caídos en Majadahonda y nieto del diputado Blas Piñar de Fuerza Nueva, Miguel Menéndez Piñar, declaró ante el monolito: "El monumento sigue en pie y tenemos pendiente la recepción de la licencia para levantar el muro, pero el ayuntamiento está retrasándola y el caso ya está en manos de nuestros abogados". Aquella construcción nunca se llevó a cabo y el espacio sigue posibilitando la entrada al público general.

En octubre de 2023, la Asamblea de Izquierda Unida de Majadahonda remitió un informe en el que apelaba a que se cumpliera con la Ley de Memoria Histórica y se llevara a cabo su retirada. Según el partido, "el texto de la ley es inequívoco respecto a la obligación de retirar elementos contrarios a la memoria democrática en todos los edificios públicos y en aquellos privados que tengan proyección pública o sean de uso público". Es el caso del monumento en cuestión que reúne anualmente a decenas de fascistas, españoles y rumanos, que reivindican el golpe y la dictadura.

Conjuntamente al informe, acompañado con un dossier en el que se acredita la reunión anual de grupos fascistas como La Falange, el grupo parlamentario de Sumar –en concreto, por el diputado de IU Enrique Santiago– presentó unas cuantas preguntas en el Congreso de los Diputados para que se les informase sobre cómo se iba actuar ante la situación. El pasado mes de noviembre, recibieron respuesta por parte del Gobierno, donde resalta que se procederá a "registrar la solicitud con el detalle necesario que permita en su momento la inclusión en el Catálogo e implementar las acciones pertinentes una vez culmine el desarrollo reglamentario".

El catálogo al que hace referencia el escrito trata del conjunto de obras que incumplen le Ley de Memoria Histórica y que deben ser derribadas. La Administración también matiza que "en el caso de no producirse la retirada o eliminación de los elementos incluidos en dicho catálogo, de manera voluntaria, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de los mismos". Respecto a los posibles actos de homenaje a figuras fascistas que se prevén, el Gobierno ha asegurado que "se dará traslado a la Delegación del Gobierno a los efectos procedentes contrarios a la memoria democrática que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura".

A pesar de los diferentes procesos para defender la memoria histórica y a las víctimas, este sábado se producirá una nueva concentración convocada por La Falange y la Fundación Profesor George Manu en el monumento de Majadahonda y cuyo objetivo primordial es el de homenajear a los fascistas rumanos y promover la defensa del monolito ante los diferentes intentos de su derribo. Conjuntamente al acto, también se producirá una conferencia en el Espacio Ademans en la que se hablará del impacto histórico que supusieron los militares simpatizantes nazis de la Guardia del Hierro y en la que intervendrán personas como Blas Piñar Gutiérrez, Norberto Pico, Manuel Andrino o Marius Visovan.

La lucha por derruir el monumento en el que se exalta al régimen golpista y a sus causantes prosigue tras años de intentar defender la memoria de las víctimas, pero a falta de nuevas directrices que se marquen desde la administración pública, el monolito sigue en pie y los fascistas siguen convocando actos. El último homenaje se produjo hace un año, el 15 de enero, coincidiendo con el fallecimiento de ambos combatientes rumanos y del que según Delegación del Gobierno no consta denuncia. Este sábado se sumará otro a los incesantes actos fascistas que se producen en el municipio.