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Январь
2024

Guatemala: Tres claves para comprender ‘la élite depredadora’ y lucha contra la corrupción

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Guatemala: Tres claves para comprender ‘la élite depredadora’ y lucha contra la corrupción

Bernardo Arévalo enfrentó una arremetida judicial atribuida a la élite económica y política de Guatemala, buscando perpetuar la corrupción.

Ciudad de Guatemala. Bernardo Arévalo no tenía asegurada su investidura como presidente de Guatemala el domingo. Durante meses, se enfrentó a una arremetida judicial atribuida a la poderosa élite económica y política del país, con el propósito de perpetuar la corrupción.

Ejecutada por la Fiscalía, la ofensiva buscó retirarle la inmunidad, logró la suspensión de su partido Semilla y trató de anular los resultados de los comicios por presuntas anomalías electorales.

Arévalo asegura que fue una “intentona golpista” motivada por su promesa de perseguir a los corruptos, con la que, contra todo pronóstico, ganó holgadamente en segunda vuelta en agosto.

Analistas y activistas humanitarios señalan tres claves para entender la magnitud del problema:

Una élite “depredadora”

Heredera de la oligarquía que surgió en la época colonial, la élite guatemalteca es considerada una de las más “depredadoras” del continente, aseguró a esta agencia el exprocurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, exiliado en Washington.

Con el 60% de sus 17.8 millones de habitantes en pobreza, Guatemala tiene una desigualdad “entre las más altas de América Latina, con una población desatendida, mayoritariamente rural e indígena y empleada en el sector informal”, según un reporte del Banco Mundial de octubre.

Guatemala ocupa el puesto 150 en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional, de un total de 180 países.

Según un informe de Oxfam Internacional de 2019, el 1% de los más ricos en Guatemala “tiene los mismos ingresos que la mitad de la población”.

“Es una élite depredadora, corresponsable de la corrupción galopante de los últimos gobiernos y de la migración porque los salarios de hambre expulsan a los guatemaltecos del país”, comentó Rodas.

La “dictadura corporativa”

Creado en 1957, el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), reúne a la cúpula empresarial conservadora. “Es el poder real que rige los destinos del país”, dijo a esta agencia Carmen Aída Ibarra, del movimiento ciudadano ProJusticia.

Con un Estado debilitado por la guerra civil (1960-1996), las élites económicas, políticas y militares tejieron, según los analistas, un entramado de corrupción que llevó a la ONU a involucrarse directamente con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), instalada en 2007.

En 2015, la Cicig y la fiscalía descubrieron una red de sobornos que involucró al entonces presidente Otto Pérez, quien debió dimitir y fue a prisión, de la que salió hace poco con una fianza.

Los congresistas aprobaron en 2017 reformas que buscaban blindar a los líderes políticos de esas acusaciones, desatando protestas que los obligaron a retractarse. Los manifestantes bautizaron eso como el “pacto de corruptos”.

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El reino de la impunidad

Morales expulsó a la Cicig en 2019 y nombró como nueva fiscal general a Consuelo Porras, quien fue ratificada en su cargo por el actual presidente saliente Alejandro Giammattei, señalado por la anterior fiscalía en un caso de sobornos que no prosperó.

Porras, sancionada por Washington por considerarla corrupta, es señalada de liderar la persecución penal contra Arévalo.

Con la Cicig fuera, dijo a esta agencia la exfiscal Claudia Paz y Paz, exiliada en Costa Rica, “se cooptaron” Cortes, Fiscalía, Congreso, Ejecutivo, Contraloría “colocando funcionarios que en alianza con parte de la élite económica” actúan para “garantizar la impunidad”.

Bernardo Arévalo enfrentó una arremetida judicial atribuida a la élite económica y política de Guatemala, buscando perpetuar la corrupción.

“Pusieron sicarios judiciales que arman casos contra periodistas o funcionarios que denuncian corrupción. Tienen diputados que aprueban leyes bajo soborno, y fiscales que son la herramienta de persecución”, afirmó Manfredo Marroquín, cofundador de Acción Ciudadana, versión local de Transparencia Internacional.

Según Edie Cux, director de Acción Ciudadana, “varios de estos grupos de poder tradicionales incluso tienen vínculos con el crimen organizado”.

De 180 países, Guatemala ocupa el puesto 150 (de menos a más) en el rankin de corrupción de Transparencia Internacional.

Para Marroquín, la “agenda” de la élite es “clara”: “seguir en un Estado de total corrupción e impunidad, que es el aceite que engrana todo el sistema político y económico del país”.

“Es un monstruo de mil cabezas”, ilustró Rodas.