Por qué Podemos ha tumbado la reforma del subsidio (y por qué es un grave error)

Podemos ha sorprendido a muchos al votar conjuntamente con Vox, PP y UPN en contra de la reforma del subsidio de desempleo. Los votos positivos del PSOE, Sumar, Bildu, ERC y BNG no han sido suficientes para convalidar el real decreto, por lo que su contenido deja de estar en vigor apenas unas semanas después de aprobarse. 

Reformar el sistema de subsidio era una condición impuesta por la Unión Europea para activar una nueva transferencia de fondos europeos, concretamente 10.000 millones de euros, y tenía que haber sido aprobada a finales de 2022 para cumplir con los plazos comprometidos con Bruselas. Esta tardanza se explica básicamente porque los dos ministerios competentes no se ponían de acuerdo en los cambios que dicha reforma debía incorporar. Mientras que el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, se inclinaba más por ampliar derechos, el Ministerio de Economía, liderado por Nadia Calviño, se inclinaba más por restringirlos. Esta dura y lenta negociación finalmente desembocó el pasado 19 de diciembre en un texto que, sin ser tan positivo como quería la ministra de Trabajo, apenas incorporaba las restricciones que quería la ministra de Economía.

Entre las principales medidas acordadas se encuentran: 1) la acumulación universal del permiso retribuido de lactancia; 2) la prioridad del convenio colectivo autonómico sobre el estatal (una medida muy favorable para los trabajadores); 3) la ampliación del número de beneficiarios del subsidio de desempleo (llegando a menores de 45 años sin cargas familiares y a los eventuales del campo); 4) el incremento de la cuantía del subsidio desde 480 euros al mes hasta los 570 euros (Trabajo quería que fueran 660 euros) aunque con un ritmo decreciente por meses hasta volver a los 480 euros (Economía quería que fueran menos); 5) la compaginación del subsidio con un puesto de trabajo (aunque con menor cuantía a exigencia de Economía); 6) la eliminación del mes de espera entre el final de la prestación de desempleo y el cobro del subsidio; y 7) la reducción progresiva de la cotización de los mayores de 52 años (a exigencia de Economía) desde el actual 125% hasta el 100% en 2028. 

En términos generales, y aunque a Trabajo le hubiese gustado llegar más lejos, es innegable que la reforma amplía derechos al llegar a más colectivos y al incrementar la cuantía del subsidio. Sin embargo, el último aspecto mencionado ha sido el escollo para Podemos, que lo ha catalogado como un claro “recorte” de derechos. Pero esta modificación, que podría parecer que recorta derechos, en realidad trata de corregir una injusticia comparativa, además de seguir manteniendo bien protegidos a los beneficiarios. Además, por si fuera poco, esta medida entraba en vigor el 1 de junio de 2024 y sólo iba afectar a quienes lo obtuvieran a partir de entonces (así que, en todo caso, no iba a tocar ningún derecho a ningún actual beneficiario del subsidio). En consecuencia, Podemos ha tumbado todas las medidas positivas del decreto que ya estaban en vigor alegando que una medida, a la que le faltaban más de cinco meses para entrar en vigor, es un recorte. ¿No hubiese sido mejor votar a favor para asegurar los beneficios a millones de personas y, luego, tratar de corregir ese último elemento? Tiempo tenían…

Pero es que a todo esto hay que sumarle que resulta difícil justificar que dicha medida sea un recorte. El subsidio de desempleo para mayores de 52 años (recuperado en 2019 por el Gobierno en solitario del PSOE tras su supresión por el PP en 2012) tenía una “sobrecotización” del 125% porque se calcula sobre el salario mínimo y éste era por entonces muy bajo, de 857,5 euros en 12 pagas. Se quería ayudar a los beneficiarios del subsidio para que no acabaran con una pensión demasiado baja por culpa del bajo salario mínimo. Sin embargo, el salario mínimo ha aumentado casi un 50% en los últimos cinco años y se encuentra actualmente en los 1.260 euros mensuales (en 12 pagas). Ahora, la “sobrecotización” del 125% no es tan necesaria porque las pensiones calculadas a partir del salario mínimo ya no son tan bajas. Poniendo un ejemplo extremo y simplificado: el 100% de los 1.260 euros actuales de salario mínimo arrojaría un resultado de 1.260 euros, mientras que el 125% de los 857,5 del salario mínimo de hace cinco años arrojaría un resultado de 1.071,9 euros. Es decir, aunque el porcentaje de la base de cotización sea menor, la base de cotización (el salario mínimo) es mucho mayor, y el resultado también lo puede ser (téngase en cuenta que el porcentaje de cotización bajaría solamente un 5% cada año, además durante un periodo en el que presumiblemente el salario mínimo seguirá aumentando).

Pero hay otra justificación para este cambio: dejar la cotización en el 125% a los subsidios para mayores de 52 años genera una injusticia comparativa con trabajadores que cobran ese salario mínimo, porque ellos siguen cotizando al 100%. Es decir, actualmente se puede dar el caso de que una persona trabajando por el salario mínimo acaba teniendo una pensión por debajo de la que recibiría una persona sin trabajar y cobrando el subsidio de desempleo, pues estaría cotizando al 125%, no al 100%. La reforma pretendía ir reduciendo lentamente la base de cotización de los nuevos (no de los actuales) subsidios para mayores de 52 años para equipararlos a los trabajadores con salario mínimo, y sin desprotegerlos por lo anteriormente argumentado.

Bien es cierto que se podría argumentar la conveniencia e incluso necesidad de que los mayores de 52 años tengan una “sobrecotización” por su situación de vulnerabilidad y desprotección, ya que tienen más dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Pero eso es una cosa y otra muy diferente calificar de “recorte” a una modificación que sólo afectaría levemente a los nuevos beneficiarios del subsidio (no a los actuales). Además, por muy lesiva que uno pueda concebir esta modificación, desde luego no puede ser excusa para tumbar la ampliación de derechos a tantísimas personas, y mucho menos cuando a dicho “recorte” todavía le quedaban unos cinco meses para entrar en vigor. Otros partidos políticos de izquierdas críticos con el Gobierno de coalición como Bildu o ERC lo han entendido perfectamente votando a favor. Y probablemente Podemos habría hecho lo mismo si siguiese estando en el Consejo de Ministros. Por eso parece que este –difícilmente justificable– comportamiento responde más a cuestiones de política interna que a una verdadera preocupación por los derechos de la gente.