El Gobierno de Milei sufre su primera gran derrota en el tema de los biocombustibles
En el proyecto de ley ómnibus que impulsó el gobierno de Javier Milei, cuyo tratamiento se está debatiendo en estos momentos en plenario de comisiones en Diputados, también pone la mira en un antiguo régimen productivo relacionado con los biocombustibles.
Actualmente, se deja en manos del Estado la generación de una oferta cartelizada, con un precio fijado discrecionalmente que le garantiza ingresos elevados solo a un puñado de empresas productoras.
Al parecer, pese al intento de modificar la normativa, esto no ocurriría en la práctica.
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Por qué los biocombustibles propiciarían al Gobierno la primera "derrota"
Desde 2007, la Secretaría de Energía decide qué empresa puede vender biocombustibles en el mercado local, cuánto volumen puede producir y a qué precio lo venderá. Los compradores están garantizados: son las compañías productoras de combustibles que deben mezclar esos derivados de soja, maíz y caña de azúcar con sus gasoil y naftas.
Dos grupos empresarios se reparten un tercio de todo el biodiesel que el Estado asigna discrecionalmente todos los meses, y tres grupos se quedan con más de la mitad del negocio del bioetanol que se mezclará con la nafta.
Ahora, el Gobierno propuso suprimir la limitación de empresas que puedan producir biocombustibles y "abrir el juego" a nuevos participantes, eliminar la cuotificación que mensualmente asigna la Secretaría de Energía y suprimir la fijación de un precio para los productos.
"La proliferación de restricciones limita severamente la competencia en los mercados y contribuye a distorsionar artificialmente los precios relativos entre el conjunto de bienes y servicios comercializados", justificó el Ejecutivo para su idea en los considerandos del mega proyecto.
Se supo que, por los reclamos principalmente que hicieron los gobernadores de Córdoba y Santa Fe, el gobierno terminó por reemplazar el esquema de asignaciones directas por licitaciones, ampliar los cortes de biocombustibles (el gasoil pasaría inmediatamente del actual 7,5% de biodiesel a 10%, en tanto que la nafta dejaría el actual 12% para pasar a tener 15% de bioetanol, con proyecciones de seguir aumentándose en ambos casos) y sostener una lista limitada de empresas oferentes.
Así lo confirmó este miércoles el Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo, al exponer sobre los puntos relacionados en la ley ómnibus. "Hemos actualizado la versión que ingresó originalmente, en relación con los biocombustibles. La propuesta es que el Estado libera el precio y en materia de corte, se aumenta el corte obligatorio del biodiésel de 7% a 10%, para aumentar al 15% hacia el 2026", detalló.
"En Bioetanol se mantiene el 12% y luego en tres años se aumenta al 18% para seguir en un sendero hacia el 27%. Los cupos que existían queremos que sean cambiados por licitaciones, que consideren varias cosas", indicó. "Lo primero es que ninguna empresa pueda tener más del 14% en la demanda interna. No se puede participar más allá del 100% de la capacidad instalada que tenga el participante, y tiene que haber relación entre la producción y la capacidad de todas las integradas. Para que tanto chicas como grandes puedan participar del mismo modo", sostuvo el funcionario.
Las empresas productoras de combustibles mantendrán entonces la prohibición de elaborar biocombustibles. De esta forma, en los hechos nada cambiaría.
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Es que, como los beneficios del esquema que inicialmente se impuso en 2007 (por un lapso de 15 años, pero en 2021 fue extendido hasta 2030) se reservaron solo para pequeñas y medianas empresas, Juan Carlos Bojanich montó seis sociedades para "adaptarse". Tiene Biobahía SA, Biobin SA, Bio Ramallo SA, Biobal Energy SA, Bio Corba SA y Refinar Bio SA; y se queda mensualmente con el 22% del mercado del biodiesel.