Junts somete al Gobierno y extrae réditos del caos

Pedro Sánchez consiguió salir ayer medianamente airoso del «súperpleno» en el que se votaban tres importantes decretos, los objetivos de estabilidad presupuestaria (paso imprescindible para elaborar los presupuestos) y las enmiendas a la amnistía. El Gobierno finalmente logró salvar dos de los tres decretos en una sesión plenaria agónica, llena de incertidumbre y caos hasta el final. Junts se abstuvo en los tres decretos y eso permitió que dos de ellos salieran adelante, aunque ese cambio de posición le va a salir caro al Gobierno porque ha sido a cambio de un reguero de cesiones a los posconvergentes.

La sesión, celebrada en el Senado (porque el Congreso está en obras), era de vital importancia porque se votaban el decreto 6/2023, el decreto 7/2023 y el decreto 8/2023. Los dos primeros decretos incorporan medidas exigidas por la Unión Europea para que España pueda recibir el cuarto desembolso de los fondos europeos (10.000 millones de euros) y el tercero, incluye las medidas anticrisis. Finalmente, salió adelante el primer decreto, denominado «ómnibus» por la cantidad de materias distintas que regula (servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo), y el tercero, que incluyen medidas anticrisis, como la rebaja del IVA a alimentos, la reducción del coste del transporte público para los usuarios o la revalorización de las pensiones. El segundo decreto, con medidas para los subsidios al desempleo, quedó derogado porque Podemos votó en contra. También se aprobaron los objetivos de estabilidad presupuestaria y se tumbaron las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía que presentó el PP y Vox.

Lo cierto es que el Gobierno salvó una prueba de fuego, aunque con un coste muy alto tanto en imagen como en cesiones. En imagen, porque el Ejecutivo proyectó mucha debilidad parlamentaria, lo que se va a traducir en una legislatura llena de incertidumbre. Y, en cesiones, porque Junts logró hacerse con un gran botín con logros de gran valor, según el listado difundido por el partido de Carles Puigdemont. En cambio, desde el Gobierno niegan que haya nada pactado: se limitan a señalar que todo ese botín se tiene que negociar ahora.

En este sentido, la primera cesión de todas va dirigida a blindar la amnistía: el partido de Puigdemont había mostrado dudas con el decreto 6/2023 porque incluía una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadiendo un artículo 43bis que regula la cuestión prejudicial europea. Y ese artículo es el que ahora se ha comprometido a suprimir próximamente porque Junts teme que, con la cuestión prejudicial europea, los jueces pueden elevar consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dejar en suspenso la ejecución de la amnistía. El segundo punto del acuerdo incluye una reforma de la Ley de Sociedades de Capital: Míriam Nogueras, portavoz de Junts, hizo referencia a los artículos 9 y 10 para forzar el regreso inmediato de las empresas que se fueron de Cataluña. Ya el PSOE, a través de Patxi López, había hecho referencia al artículo 9 durante el día anterior, así que todo indica que ambas partes están bastante cerca. De esa manera, la intención es que las sedes de las empresas vuelvan al lugar donde realizan mayoritariamente su actividad, como ocurre en el caso de muchas de ellas.

En tercer lugar, se incorpora el traspaso de competencias en materia de inmigración a Cataluña en un momento en que alcaldes de Junts están pidiendo endurecer el discurso contra la inmigración por los problemas de convivencia que están teniendo que gestionar en sus municipios y, sobre todo, por la amenaza de la extrema derecha independentista, que le está comiendo terreno electoral.

En cuarto lugar, también aparece la publicación inmediata de las balanzas fiscales: es decir, calcular la diferencia sobre cuántos impuestos recaudados en Cataluña se utilizan para financiar servicios del Estado y cuánto gasto del Estado se produce en Cataluña. Los independentistas señalan que son 22.000 millones de euros anuales, aunque hay muchas estimaciones que rebaten esa cifra y lo estiman en números mucho menores (el propio Josep Borrell, en un libro, lo situó en menos de 800 millones de euros).

Finalmente, en quinto lugar, también hay dinero por medio: se multiplican por cinco los recursos económicos previstos para la digitalización de la administración de Justicia (pasa de 1,2 millones a 6,2 millones de euros) y el Estado asumirá la totalidad del coste sobre los descuentos y bonificaciones del precio del transporte público. Asimismo, el IVA del aceite baja al 0 por ciento.

Lo cierto es que el debate parlamentario arrancó con un Félix Bolaños presentando el primer decreto y pidiendo el apoyo a los tres de todo el arco parlamentario. Y, finalmente, tras una larga jornada de negociaciones entre el Gobierno (encabezadas por Bolaños y María Jesús Montero), Junts se acabó aviniendo a facilitar la aprobación de los mismos. Si bien, la propia Nogueras mandó serios avisos al Gobierno sobre las formas y sobre el contenido. Sobre las formas, porque Junts considera que el Gobierno no lo ha hecho bien porque ha empezado a negociar con su partido después de que se hubiera diseñado y aprobado los decretos en el Consejo de Ministros. «La estabilidad de la legislatura está sujeta a los avances y cumplimientos de los acuerdos», señaló Nogueras, quien acusó al Ejecutivo de hacer «trampas» por vender unas medidas que realmente no son tales. En este sentido, denunció que el Gobierno diga que se bajan los impuestos a la luz y el gas cuando realmente suben con el decreto de medidas sociales.