Los límites de la nueva política económica
La inflación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) llegó al 21% en diciembre. El dato asusta, es el más alto desde febrero de 1991, pero no sorprende. Surge principalmente como consecuencia directa de la decisión del Gobierno de hacer una rápida corrección sobre dos precios básicos de la economía: el dólar y los combustibles. Aun falta el impacto de otros dos: las tarifas de servicios públicos y los salarios. En consecuencia, difícilmente en los próximos meses la inflación perfore el 20% mensual.
Los desequilibrios macroeconómicos heredados y las dificultades de financiamiento del sector público no dejaban margen a que cualquier candidato que hubiese asumido el 10 de diciembre pueda omitir el salto en algunos precios de la economía. Por caso, la necesaria recomposición de las reservas internacionales del Banco Central (BCRA) no es compatible con un tipo de cambio real multilateral apreciado. En noviembre pasado se encontraba 37% por debajo de su valor de igual mes de 2019.
Al mismo tiempo, por ejemplo el precio de la nafta súper en CABA cayó en términos reales 44% en octubre pasado respecto a diciembre del 2019. Después del fuerte salto que tuvo en noviembre y diciembre del 2023 (25% y 78% respectivamente) esa diferencia se redujo al 8%.
El Gobierno corre detrás de otro vencimiento y quiere evitar el embargo de bienes
De todas formas, el fuerte salto cambiario que se produjo en diciembre y la política de depreciación del 2% mensual pactada hacia adelante junto a la magnitud de la suba en los combustibles no eran el único camino posible. El equipo económico jugó a un fuerte shock de entrada para modificar rápidamente las expectativas y que a su vez la recesión y licuación de los depósitos en pesos tenga suficiente magnitud para contener la demanda de dólares. En esa línea también se entienden el DNU y la ley ómnibus enviada al Congreso. ¿Será exitosa esa estrategia?
Es temprano aun para sacar conclusiones. Principalmente porque el camino elegido tiene costos sociales muy altos y la política cambiaria no luce sostenible. En el primer caso, al igual que el dólar y el precio de los combustibles también los salarios corren desde atrás, hace casi seis años que caen de manera ininterrumpida. Si tomamos el índice del salario registrado que publica el Indec, vemos que en octubre (último dato disponible) se encontraba, descontada la inflación, 20% por debajo de su valor de igual año del 2017. Para peor, desde diciembre y por los próximos meses su caída se va a agudizar.
El gobierno de Alberto Fernández no pudo resolver la merma en los salarios iniciada en 2018, sólo en 2022 los registrados terminaron a penas por encima de la variación de precios. Como demuestra la historia argentina, con una inflación superior al 50%, la recuperación de los ingresos laborales se torna casi imposible. Y de producirse puede provocar un nuevo salto inflacionario hacia adelante. Por caso, en 1958 con una inflación de 50,8% los salarios aumentaron 7%, sin embargo, en 1959 cayeron 26 puntos porque los precios se duplicaron.
En ese marco, la forma que encontró la anterior administración para contener el poder adquisitivo de las familias fue sostener el nivel de actividad a como de lugar para garantizar el crecimiento de los puestos de trabajo. Muchas veces profundizando los desequilibrios macroeconómicos. Por caso, en el tercer trimestre del año la tasa de desempleo llegó a mínimos, 5,7%, cuatro puntos porcentuales menos respecto a igual periodo del 2019. Vale mencionar, que de todas formas en el periodo 2021-2023 la informalidad laboral se mantuvo elevada. Los datos de empleo del tercer trimestre de 2023 ya son una foto vieja. Todo indica que desde el cuarto trimestre atravesamos una nueva realidad que conjuga la profundización de la caída en los salarios con menos puestos de trabajo. ¿Hasta dónde puede sostenerse ese escenario en los sectores de bajos y medios ingresos sólo con la promesa de un futuro mejor en el mediano plazo?
En particular, porque mientras el ingreso de muchas familias caerá tanto por precio (salarios) como por cantidad (miembros con empleo), sus ahorros tampoco corren una mejor suerte. A las correcciones de precios relativos, hay que sumarle la licuación de pasivos del BCRA que se viene profundizando a partir de la baja de tasas de interés que efectuó la autoridad monetaria el pasado 18 de diciembre. La consecuencia directa es la caída en el poder de compra de los ahorros de empresas y familias, los pasivos del BCRA no son otra cosa que la contracara de los plazos fijos.
Sin acceso al financiamiento internacional había pocos caminos para contener una corrida hacia el dólar de los depósitos en pesos, en particular cuando el gobierno mantiene su objetivo de dolarizar la economía. En ese marco, la elección del equipo económico fue sostener el cepo cambiario mientras profundiza la recesión y reduce la liquidez en pesos del sistema.
El problema es que la licuación de los pesos y la caída en el nivel de actividad tienen que tener la suficiente magnitud y velocidad para contrarrestar los incentivos que genera una tasa de interés real negativa a dolarizarse. Por caso, la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar CCL volvió a acercarse al 50%. En un contexto de reservas internacionales netas negativas en el BCRA, las compras superiores a u$s 3500 millones desde la devaluación del peso son una buena noticia, aunque parecen insuficientes. Entre otras cosas, porque hacia adelante es de esperar que al Central le cueste cada vez más adquirir dólares, a medida que se vayan liberando los pagos por importaciones. A eso se agrega la posibilidad de que la liquidación de los exportadores empiece a mermar por ya no ser tan atractivo un tipo de cambio que corre a un 2% mensual con una inflación superior al 20%.