Por qué sobreseyeron a Macri en la causa por presiones a jueces y fiscales
Además del expresidente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti también sobreseyó al resto de los funcionarios de la gestión Cambiemos involucrados en el expediente. La reacción del fiscal Picardi, en respuesta.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti sobreseyó por inexistencia de delito a todos los imputados de la causa en la que se investigan supuestas presiones de exfuncionarios y allegados al gobierno de Mauricio Macri, y el propio expresidente, a jueces y fiscales, informaron fuentes judiciales.
La decisión de la magistrada, que ya fue apelada por el fiscal Franco Picardi, benefició a Mauricio Macri; a su asesor Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón; al exministro de Justicia Germán Garavano y al exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, entre otros.
La jueza resaltó en su fallo que ninguna de las presuntas víctimas, todos magistrados, denunció los hechos cuando supuestamente ocurrieron, y señaló que no se constató que alguno de los presionados hubiera tomado alguna decisión contraria a derecho.
"La totalidad de los magistrados prestó su testimonio al ser formalmente convocados, en todas las ocasiones mucho después de haber culminado las supuestas presiones, o de haber intervenido en los expedientes que motivaron las alegadas injerencias indebidas, o incluso de haber cesado la administración que habría planificado dichas interferencias", sostuvo la jueza en el fallo firmado el 7 de diciembre.
"Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la Justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no sólo se presume conocen el derecho y por lo tanto pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquél que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal", continuó.
Y prosiguió: "Es más: tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad".
"Los magistrados supuestamente damnificados han prestado declaración testimonial y sus testimonios fueron coherentes y consistentes entre sí, y con respecto a lo resuelto en cada una de las causas traídas a su conocimiento, lo que evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones", aseguró la jueza.
El fallo -revelado hoy por el portal de noticias Infobae- benefició también al exministro de Trabajo Jorge Triaca; a la legisladora porteña Graciela Ocaña y al jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques.
Qué dijo el fiscal Picardi en su apelación
El fiscal Picardi, en tanto, apeló la decisión de la jueza Capuchetti el 14 de diciembre con el objetivo de que se revoquen los sobreseimientos y se investigue una supuesta maniobra sistemática para ejercer indebida presión sobre cualquier magistrado que tomara una decisión contraria a los intereses del entonces Gobierno de Macri.
Uno de los ejemplos salientes de la investigación, invocado en el dictamen fiscal, tiene que ver con la supuesta presión ejercida sobre la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para que dejara su cargo.
El fiscal remarcó en su apelación que lo que se investiga en la causa no son la sucesión de hechos aislados sino un conjunto de maniobras que se habrían producido entre el 10 de diciembre de 2015 y el 9 de diciembre de 2019, protagonizados por los miembros de la denominada 'mesa judicial'.
Las maniobras habrían estado destinadas a interferir indebidamente en la actuación funcional de ciertos magistrados para lograr fallos o decisiones en los que el Gobierno de Macri tenía interés: esa presión se habría llevado a cabo con la sistematización de denuncias contra magistrados, visitas personales y comunicaciones telefónicas y las acusaciones a través de medios y redes sociales.
La causa se inició con una denuncia de diputados y senadores del Frente de Todos (FdT) para que se investigara el papel que jugó la llamada 'mesa judicial' durante el anterior Gobierno nacional e incluyó testimonios públicos de jueces que hicieron referencia a presiones del Poder Ejecutivo mientras estuvo a cargo de Macri.
En esa denuncia se incluía, como uno de los principales testimonios, el brindado por la jueza de la Cámara Federal de Casación Penal Ana María Figueroa, quien dijo en un programa radial que en 2015 recibió la visita de un funcionario del Ministerio de Justicia de la anterior gestión quien le reclamó que apurara un fallo judicial relacionado a la causa sobre el memorándum de entendimiento con Irán firmado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y luego ratificado por el Congreso.Otro magistrado que declaró como testigo en la causa judicial fue el fiscal Gabriel De Vedia quien ratificó las declaraciones periodísticas en las que contó que, en 2017, antes de que la entonces procuradora presentara su renuncia, intentó frenar la embestida en su contra. El magistrado lo consideraba una "persecución" y por ello intervino a través del vínculo familiar que tenía con Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, uno de los supuestos integrantes de la mesa judicial macrista.
A pesar de este sobreseimiento, Rodríguez Simón sigue en condición de "rebeldía" en la causa en la cual lo investiga la jueza María Romilda Servini por la presunta persecución a los accionistas del Grupo Indalo: allí fue llamado a indagatoria en 2020 y nunca se presentó.