La Audiencia de Las Palmas condena a 9 altos cargos por el 'caso Jable' de corrupción en Lanzarote

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha notificado la sentencia que resuelve en primera instancia la presunta trama de corrupción político empresarial en Lanzarote conocida como 'caso Jable' con nueve condenas a otros tantos acusados como autores de delitos de fraude o cohecho. La exalcaldesa de Arrecife de Lanzarote , María Isabel Déniz, ha sido condena a penas que suman nueve años y 18 meses de cárcel como autora de delitos de fraude a la administración, prevaricación continuada y cohecho (soborno) continuado en distintas modalidades. Además de las condenas penales, se le imponen varias penas de carácter económico y de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Por su parte, el exsecretario municipal del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, ha sido condenado a penas que suman 8 años y 27 meses por fraude, cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento oficial e infidelidad en la custodia de documentos. Noticias Relacionadas estandar Si Tito Berni aporta a la juez una condena y una nueva denuncia contra el Mediador Isabel Vega estandar Si La Policía da por acreditadas las «dádivas» de un empresario quesero a Tito Berni Isabel Vega El exlíder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), expresidente del Cabildo de Lanzarote, exdiputado regional y exsenador, Dimas Martín Martín, ha sido condenado a un total de dos años y seis meses de prisión como autor confeso de un delito de fraude a la administración y otro de cohecho. También ha sido condenado el antiguo responsable de la Oficina Técnica municipal de Arrecife Rafael Arrocha Arrocha ha sido condenado a dos años y 19 meses de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho, revelación de secretos, falsedad y fraude. Las otras cinco personas condenadas son representantes de empresas relacionadas con la construcción. La resolución de la Sala, que se extiende a lo largo de 150 folios , absuelve de toda responsabilidad a otras siete personas contra las cuales el fiscal había retirado los cargos. La sentencia es susceptible de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.