Piden 17 años de cárcel a los organizadores de un concierto de Romeo Santos en Palma por estafar el dinero de entradas
PALMA, 8 (EUROPA PRESS)
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este martes (09.15 horas) la vista previa al juicio contra los organizadores de un concierto de Romeo Santos en Palma, para quienes Fiscalía pide 17 años de cárcel por estafa, al quedarse con el dinero de las entradas.
Según el fiscal, estas personas reprogramaron y finalmente cancelaron los conciertos previstos de Romeo Santos sin devolver el dinero de las entradas y desviando las reclamaciones a los puntos de venta para evitar contestar directamente a las mismas.
En concreto, el 16 de abril de 2016 programaron la celebración del concierto de Romeo Santos en el Velódromo Palma Arena y procedieron a publicitar el evento a través de redes sociales principalmente. También programaron un festival en el que el artista actuaría en abril en Valencia.
La compra de entradas se podía realizar de diversas formas, ya fuera a través de puntos de venta, relaciones públicas y ticketeras, o a través de una web.
El dinero recaudado en puntos de venta y relaciones públicas era entregado a dos de los acusados y las entradas que se pagaban a través de la web oficial se ingresaba directamente a una cuenta bancaria, cuya titularidad correspondía a uno de los encausados. De su lado, las ticketeras retenían ellas mismas el dinero y en el momento de la celebración del concierto se entregaba a los promotores.
El fiscal señala que aparte de establecer distintos medios de pago para adquirir entradas y de realizar una campaña de publicidad limitada a emplear las redes sociales de escaso coste económico, apenas se realizó actividad alguna para garantizar la adecuada organización de los conciertos programados.
De este modo, los acusados, administradores únicos de las sociedades promotoras del evento, no realizaron ninguna promoción del concierto salvo a través de redes sociales, que no implica ningún gasto. Además, anunciaron que el concierto se celebraría en el Palma Arena pero únicamente se abonó una parte para reservar el uso de las instalaciones, añade el Ministerio Público.
Tampoco se solicitó, según Fiscalía, autorización para llevar a cabo los conciertos a la SGAE ni se contrató con ninguna empresa de servicios de apoyo en la producción de este tipo de eventos. Del mismo modo, no se efectuaron reservas de hoteles o vuelos para Mallorca y Valencia y, a pesar de no haber efectuado apenas gasto para la producción del evento, realizaron suficiente difusión de los conciertos, sosteniendo el fiscal que lo hicieron para crear apariencia de que Romeo Santos iba a venir.
Finalmente, en abril de 2016, mediante un comunicado difundido en redes sociales, la entidad anunció la reprogramación de la gira del artista en Europa, justificando esta decisión a un cambio dentro de la estructura de la empresa, sin que realmente existiera, según Fiscalía.
De este modo, los conciertos se celebrarían el 29 de julio en Valencia y el 30 de julio en Palma. En el comunicado se explicaba, además, que las entradas anteriores serían válidas y que a los que no pudieran asistir se les devolvería el dinero en el mismo punto de venta donde fueron adquiridas las entradas.
Sin embargo, los usuarios que deseaban el reembolso de las entradas --salvo los que las habían adquirido a través de las ticketeras-- no obtenían respuesta a través de los correos electrónicos que se indicaban en el comunicado y la promotora no devolvía el dinero, limitándose a centralizar en un punto de venta las reclamaciones para la devolución, evitando así los acusados tener que enfrentarse directamente a estas reclamaciones.
El escrito continúa recordando que el 22 de junio de 2016 cesó de su cargo uno de los acusados, siendo nombrado nuevo administrador un segundo procesado, sin acordarse ninguna devolución de las cantidades obtenidas.
A través de un comunicado emitido el 14 de julio, el nuevo administrador informó que debido a problemas logísticos y técnicos se veían obligados a cancelar el tour en Valencia y Palma, e indicó que se devolvería el importe de las entradas --todas se habían vendido--.
Por otro lado, sobre el concierto de Romeo Santos previsto el 15 y 16 de abril en Valencia, el 4 de abril se canceló dicha fecha y se propuso una nueva para el 29 de julio. A través de redes sociales, también se indicó que las entradas adquiridas valdrían para la nueva fecha, pero finalmente el festival también fue cancelado.
En el marco de este festival, uno de los acusados adquirió una mesa para seis personas por la suma de 2.500 euros, cantidad transferida a una cuenta cuya titular era la mujer de uno de los acusados. Esta, según el fiscal, no procedió a la devolución del dinero pese a la anulación del concierto.
En cuanto al concierto de Palma, el dinero recaudado en las ticketeras fue devuelto íntegramente, ya que eran ellas mismas las que lo acumulaban hasta la celebración del concierto, pero el obtenido a través de puntos de venta fueron entregados a una persona, quien a su vez se la entregó a uno de los procesados.
El fiscal considera, por tanto, que los encausados actuaron con la intención de quedarse con las cantidades recaudadas con la venta de entradas de los conciertos que nunca organizaron adecuadamente, limitándose a establecer distintas fórmulas de cobro y suspendiendo y cancelando después los eventos con explicaciones genéricas y sin establecer una plataforma adecuada para la devolución de las entradas abonadas.
Por tanto, insiste Fiscalía, nunca tuvieron la intención de celebrar los conciertos ni devolver las entradas, creando únicamente apariencia seria de hacerlo pero limitándose a obtener beneficio ilícito.
El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de dos delitos --uno continuado-- de estafa, y pide para tres de los acusados cinco años de cárcel a y multas de 3.000 euros, además de la inhabilitación especial para la promoción de eventos durante diez años. Asimismo, para la cuarta acusada interesa dos años de cárcel.
También los acusados, a petición del fiscal, deben indemnizar a las víctimas --un total de 306-- en las cantidades estafadas, que ascienden a 56.619 euros.