CPP reporta cuatro ataques contra periodistas: desde querellas hasta uso de la IA para afectar su imagen
El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) presentó su informe de libertad de prensa en el Perú correspondiente a agosto de 2026. El documento reveló que cuatro periodistas fueron blanco de acciones legales y campañas digitales por el ejercicio de su labor informativa.
Los casos incluyeron desde demandas millonarias hasta el uso de herramientas de inteligencia artificial para desprestigiar a un comunicador. El gremio calificó estos hechos como una amenaza directa contra el trabajo periodístico en el país.
Entre los casos más resaltantes figura el del periodista Renzo Giner, de El Comercio, quien enfrentó una demanda de 10 millones de soles por parte del candidato de Somos Perú a la alcaldía de Chorrillos, Ricardo Vásquez.
La demanda fue declarada improcedente. Sin embargo, cuentas de redes sociales vinculadas al candidato difundieron una imagen del reportero generada con inteligencia artificial. Lo acusaron, sin pruebas, de haber recibido dinero a cambio de publicar una investigación periodística.
El comunicador César Hildebrandt y el reportero Eloy Marchán, ambos de la revista Hildebrandt en sus trece, también fueron querellados por difamación agravada. El empresario argentino Damián Valenzuela los denunció luego de que el semanario publicara una investigación sobre sus antecedentes judiciales y sus vínculos con la presidenta Keiko Fujimori. Valenzuela exigió cárcel para ambos periodistas y una reparación civil de un millón de dólares.
La periodista Paola Ugaz sumó una nueva querella por difamación agravada a su ya extenso historial de procesos judiciales. La Asociación Civil San Juan Bautista la denunció y aseguró que sus publicaciones contienen "afirmaciones falsas, inexactitudes y acusaciones sin sustento". La comunicadora investiga desde 2018 presuntos abusos cometidos en organizaciones religiosas del país.
Un proyecto de ley que también alarmó al gremio periodístico
El informe del CPP no solo recogió ataques directos contra periodistas. También analizó una iniciativa legislativa que, según el gremio, ponía en riesgo la libertad de expresión en el país. El diputado de Renovación Popular Aldo Bravo propuso una modificación al artículo 46 del Código Penal para agravar la pena por apología al delito durante crisis políticas o conflictos sociales.
La norma alcanzaba a cualquier persona que difundiera contenido "mediante cualquier medio de comunicación, plataforma digital, manifestación o acto de difusión". El proyecto fue retirado tras las críticas de distintas organizaciones, entre ellas el propio CPP.
El gremio advirtió que la propuesta usaba términos demasiado amplios y ambiguos. Cuestionó, por ejemplo, si informar sobre el lugar y la fecha de una protesta podría considerarse apología al delito bajo esa norma.
También señaló que la referencia a "crisis política" carecía de una definición clara. El CPP remarcó que este tipo de vacíos legales resultan inaceptables cuando están en juego sanciones penales contra ciudadanos y periodistas.
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El Consejo de la Prensa Peruana rechazó el uso del sistema penal para perseguir a comunicadores por su labor. El gremio calificó como desproporcionadas las multas y reparaciones civiles que enfrentan periodistas como Giner, Hildebrandt y Marchán.
Sobre el uso de inteligencia artificial contra Renzo Giner, la organización indicó que se trata de un delito que las autoridades deben investigar. Citó el artículo 6 de la Declaración de Salta II de la Sociedad Interamericana de Prensa, que obliga a los Estados a sancionar este tipo de ataques digitales.