El Gobierno inyecta 309 millones en Ceuta para contener el impacto de la crisis
El Gobierno ha abierto la chequera para tratar de devolver a Ceuta a la normalidad. Un mes después de que la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio desbordara la ciudad autónoma, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con medidas urgentes de carácter social y económico que movilizará 309 millones de euros durante los cuatro últimos meses de 2026, a los que se sumará una línea de avales del ICO de hasta otros 50 millones. La magnitud de la intervención equivale, según los cálculos del Ejecutivo, al 16% del PIB ceutí.
El plan pretende actuar sobre las diferentes heridas que ha ido dejando la crisis: desde el coste extraordinario del despliegue militar y policial hasta la acogida de migrantes y menores, pasando por la saturación de los servicios públicos y el golpe sufrido por comerciantes, empresas y autónomos. La mayor partida, 118 millones, irá precisamente destinada a la atención humanitaria.
De ellos, 53,4 millones financiarán el alojamiento y la atención básica de los migrantes que permanecen en la ciudad y otros 63,6 millones se dedicarán a la acogida de menores no acompañados, uno de los problemas más difíciles de resolver desde que comenzó la crisis. Pedro Sánchez cifró este lunes en alrededor de 1.200 los menores que continúan en Ceuta.
90 millones para seguridad
El segundo gran bloque será el dispositivo de seguridad. El Ejecutivo destinará 90 millones de euros a afrontar el esfuerzo extraordinario realizado desde finales de julio.
Defensa se lleva la mayor parte: 74 millones para financiar el despliegue de las Fuerzas Armadas, incluidos personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material. La presencia militar se ha convertido durante agosto en una de las imágenes permanentes de una crisis que ha obligado a mantener miles de efectivos sobre el terreno.
Policía Nacional y Guardia Civil recibirán también incentivos extraordinarios al rendimiento. Interior destinará 7,1 millones a los agentes de Policía y ocho millones a los guardias civiles que han participado en el dispositivo.
El Gobierno reserva otros 21 millones para reforzar unos servicios públicos sometidos durante semanas a una presión excepcional. Ingesa incorporará 100 nuevos profesionales sanitarios para atención primaria y hospitalaria, con una inversión de 3,5 millones. Educación recibirá 3,2 millones para mejorar la seguridad de los centros y desplegar actuaciones de acompañamiento psicosocial.
La Justicia tendrá otros 4,5 millones para reforzar jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios con el objetivo de agilizar los miles de expedientes derivados de la crisis, además de financiar asistencia jurídica gratuita y medios informáticos.
A ello se suman dos millones que recibirá directamente la ciudad autónoma y más de siete millones destinados a la planta desalinizadora.
Apoyo para empresas y autónomos
La otra gran preocupación de Moncloa es evitar que la crisis fronteriza termine convirtiéndose en una crisis económica de larga duración. El decreto moviliza 80 millones de euros para empresas, autónomos y trabajadores.
El grueso llegará mediante 36,6 millones en ayudas directas. Los autónomos podrán percibir 5.000 euros, mientras las empresas recibirán entre 10.000 y 150.000 euros dependiendo de su facturación. El Ejecutivo calcula que alcanzarán a unos 2.600 autónomos y 1.400 empresas. Las solicitudes podrán presentarse desde el 14 de septiembre en la Agencia Tributaria y el Gobierno pretende comenzar a pagar a principios de octubre.
Otros 14 millones financiarán medidas destinadas a recuperar el consumo, el turismo y la confianza empresarial mediante bonos y campañas de promoción.
El Ejecutivo introduce además cambios fiscales que pretende mantener más allá de la emergencia. La bonificación del Impuesto sobre Sociedades para entidades residentes o con actividad y empleo en Ceuta y Melilla pasará del 50% al 60%, mientras se mejorará también la tributación en el IRPF de los autónomos. El Gobierno cifra ambas rebajas en 12 millones de euros.
También tendrá carácter permanente el incremento, del 50% al 75%, de la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social para determinados trabajadores indefinidos de Ceuta y Melilla vinculados a actividades formativas. Solo durante los cuatro meses restantes de 2026, la medida tendrá un coste estimado de 12,2 millones.
El paquete incorpora además una línea de avales del ICO de hasta 50 millones de euros, exenciones de cuotas de la Seguridad Social para las empresas afectadas que recurran a un ERTE y una prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos.
El Gobierno tratará también de recuperar la imagen exterior de la ciudad. ICEX recibirá un millón de euros para poner en marcha el Plan Ceuta Exporta y otro millón financiará una campaña internacional de promoción turística. El SEPE contará, además, con 650.000 euros para formación de trabajadores.
El decreto supone así la mayor respuesta económica del Ejecutivo desde que comenzó la emergencia. En apenas cuatro meses, el Estado movilizará en Ceuta recursos equivalentes al 16% de toda la riqueza que genera la ciudad durante un año.
La factura permite medir también la dimensión de una crisis que comenzó como una emergencia fronteriza y ha terminado extendiéndose prácticamente a todos los ámbitos de la Administración. Primero fueron Policía y Guardia Civil. Después llegó el Ejército. A continuación, la acogida de miles de migrantes, los menores, la sanidad, los colegios, los juzgados y finalmente las empresas. Un mes después del 30 de julio, el Gobierno intenta ahora que la crisis de Ceuta deje de ser también una crisis económica.