«No a fondos públicos para litigios ideológicos»
La Asociación de Memoria Histórica de Tenerife llevará al Ayuntamiento de Santa Cruz ante los tribunales por negarse, a pesar de la orden dada por el Gobierno central, a retirar el llamado «monumento a Franco». Para afrontar este litigio «y todos aquellos dirigidos a garantizar el cumplimiento de leyes memorialistas», la entidad ha reclamado a las administraciones públicas, fundamentalmente al Estado y al Gobierno de Canarias, recursos económicos y jurídicos. En el caso de no lograr este objetivo, la asociación pondría en marcha una campaña de crowdfunding para conseguir financiación.
«Acudiremos a la Justicia para denunciar al Ayuntamiento de Santa Cruz por incumplimiento de la ley. El Gobierno de Canarias rechazó la declaración de BIC (Bien de Interés Cultural) de este monumento. El Gobierno de España ha dictado una resolución ordenando su retirada en seis meses. Y a pesar de todo, el Consistorio chicharrero, propietario de este vestigio franquista, en lugar de cumplir la ley, lo que hace es recurrir la resolución del Estado e intentar protegerlo a través de su catálogo de bienes patrimoniales. Es algo que no se puede permitir», ha señalado la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica, Mercedes Pérez, según recoge el periódico El Día.
Desde la organización ponen como ejemplo el procedimiento judicial abierto en torno al «monumento a Franco», así como los recursos que afectan al catálogo de vestigios franquistas de Canarias.
La entidad señala que ha sido necesario recurrir a la vía judicial para forzar la aplicación de las normas vigentes, situación que genera una gran carga económica para los colectivos de víctimas al tener que costear personaciones y litigios en los tribunales.
Por contra, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel quiere «trasladar su preocupación, que no sorpresa, ante las informaciones publicadas» en las que la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife «solicita al Gobierno de Canarias que destine recursos públicos para sostener acciones judiciales encaminadas a defender la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en los tribunales».
Socios y colaboradores
«Nuestra asociación desea recordar y hacer saber a la opinión pública que nunca ha recibido un solo euro de dinero público para desarrollar su actividad. Todas nuestras investigaciones, campañas de divulgación, iniciativas ciudadanas y acciones legales han sido financiadas íntegramente con el esfuerzo económico de nuestros socios y colaboradores, sin recurrir al presupuesto de ninguna administración». Así, aseguran en un comunicado haber «demostrado que es posible defender una causa mediante el compromiso de sus miembros, asumiendo personalmente el coste de los procesos judiciales».
Este choque llega cuando el Gobierno de Canarias ha rechazado declarar Bien de Interés Cultural (BIC) el conjunto, apoyándose en el pronunciamiento del Consejo del Patrimonio Cultural insular. La decisión figura en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de este lunes, mediante el Decreto 131/2026, aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado 27 de julio. La resolución pone fin al procedimiento iniciado para conceder al conjunto escultórico el máximo nivel de protección patrimonial de Canarias.
Sin embargo, la asociación San Miguel Arcángel, asegura que la decisión –que va a recurrir– no pone fin al procedimiento. Según explica, la propia resolución que establece un plazo de seis meses para la retirada establece que comenzará a contar «el día siguiente a que decaiga el régimen de protección» al monumento. Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, sostiene que la decisión autonómica no cierra todas las vías disponibles.
Las vías municipales abiertas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene un recurso administrativo, estudia acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa y tramita además una posible protección municipal para el conjunto de Juan de Ávalos. La posición municipal llega después de que el Gobierno de Canarias haya concluido el procedimiento iniciado para declarar BIC la escultura. Una de las principales vías abiertas es el recurso presentado contra la resolución de la Dirección General de Memoria Democrática.
Esa resolución incluye el conjunto escultórico en el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática y establece su retirada. El recurso todavía está pendiente de resolución.
Santa Cruz solicita que quede sin efecto la obligación de retirar el monumento y fundamenta su posición en las competencias municipales sobre patrimonio, en el catálogo de protección que está tramitando y en diferentes informes técnicos que atribuyen valores artísticos, culturales y urbanos al conjunto.
El Ayuntamiento también ha pedido la suspensión cautelar de la retirada mientras se resuelve el procedimiento. Argumenta que desmontar físicamente la obra podría ocasionar daños estructurales, materiales y estéticos de difícil o imposible reparación.
El escrito municipal advierte además de posibles consecuencias sobre el Fuerte de Almeyda, al considerar que una intervención podría afectar a parte de sus muros perimetrales.
La segunda vía es judicial. Después de conocerse la decisión definitiva del Gobierno de Canarias de no declarar BIC el monumento, el Ayuntamiento mantiene abierta la posibilidad de presentar un recurso contencioso-administrativo.