La propaganda del espejismo económico
El Gobierno insiste en que la economía española vive un momento extraordinario. El presidente Pedro Sánchez repite con frecuencia que España es la economía que más crece entre las grandes de la Unión Europea y presenta ese dato como prueba irrefutable del éxito de su política económica. Sin embargo, una economía no puede juzgarse únicamente por la evolución del PIB. Lo verdaderamente importante es si ese crecimiento genera prosperidad, mejora la renta de los ciudadanos, fortalece las finanzas públicas y crea oportunidades sostenibles. Y es precisamente ahí donde el relato oficial comienza a resquebrajarse.
El crecimiento económico español responde en buena medida al efecto rebote tras la pandemia, al fuerte impulso del gasto público, al turismo y al aumento de la población. Son factores que impulsan el PIB agregado, pero que dicen poco sobre la capacidad de la economía para generar riqueza por habitante, elevar la productividad o incrementar el bienestar de las familias. A ello se suma el efecto de la inflación sobre el PIB nominal. De hecho, mientras el Gobierno presume de crecimiento, España continúa acumulando algunos de los principales desequilibrios estructurales de toda la Unión Europea.
El primero es la deuda pública. Nunca en nuestra historia democrática el Estado había acumulado un volumen de deuda tan elevado. Supera ampliamente el billón y medio de euros y continúa situándose por encima del 100% del PIB. Esa deuda no es una magnitud abstracta. Significa hipotecar recursos futuros, reducir el margen de actuación ante nuevas crisis y trasladar una pesada carga a las generaciones venideras.
Más preocupante aún resulta que el déficit estructural siga siendo uno de los más elevados de Europa. Cuando una economía crece con intensidad debería aprovechar ese ciclo favorable para sanear las cuentas públicas. Sin embargo, España continúa gastando de forma estructural muy por encima de sus ingresos permanentes.
Algo similar ocurre con el mercado laboral. Es cierto que hoy trabajan más personas que hace unos años, pero conviene no confundir cantidad con calidad. España mantiene una de las mayores tasas de paro de la Unión Europea así como la del desempleo juvenil. Además, la reforma laboral ha modificado la estadística contractual, pero no ha eliminado muchos de los problemas de fondo, como la baja productividad.
El poder adquisitivo ha bajado. Durante estos años la inflación ha erosionado la capacidad de compra de los hogares. España ha registrado en distintos momentos tasas de inflación superiores a las de la eurozona, deteriorando la competitividad y reduciendo la renta real disponible, donde el salario medio neto, una vez descontado el efecto de la inflación, presenta hoy una capacidad adquisitiva inferior a la de hace ocho años.
También resulta significativo que España continúe perdiendo posiciones relativas en PIB per cápita respecto a la media de la Unión Europea. Una economía puede crecer con fuerza y, sin embargo, no converger con sus socios si ese crecimiento descansa sobre una productividad insuficiente o un aumento de la población superior al incremento de la riqueza generada. Lo relevante no es cuánto aumenta el PIB total, sino cuánto mejora la riqueza disponible para cada ciudadano.
Existe además un problema que resume como pocos las debilidades del modelo económico actual: la vivienda. Los precios de compra y alquiler han aumentado muy por encima de los salarios. El esfuerzo necesario para adquirir una vivienda alcanza niveles desconocidos desde hace años, mientras la oferta continúa siendo insuficiente. Las políticas intervencionistas han demostrado escasa eficacia para incrementar el parque residencial y, en algunos casos, han generado el efecto contrario, reduciendo la oferta disponible. Las consecuencias son especialmente graves para los jóvenes. Retrasan su emancipación, posponen la formación de una familia y ven cada vez más difícil acceder a una vivienda en propiedad. Una economía que condena a buena parte de su juventud a vivir durante años sin posibilidad de ahorrar ni adquirir una casa está comprometiendo también su crecimiento futuro.
Todo ello dibuja una realidad bastante distinta de la que transmite el Gobierno. Más deuda, un déficit estructural persistente, el mayor desempleo de Europa, especialmente entre los jóvenes, constante pérdida de poder adquisitivo, menor convergencia en renta per cápita y un mercado de la vivienda cada vez más inaccesible difícilmente pueden calificarse como síntomas de fortaleza económica.
La política económica no debería consistir en construir un relato, sino en resolver los problemas que siguen lastrando el crecimiento potencial. Reducir el gasto improductivo, sanear las cuentas públicas, impulsar la inversión, elevar la productividad, favorecer la creación de empleo estable y facilitar el acceso a la vivienda constituyen objetivos mucho más relevantes que celebrar unas cifras agregadas de crecimiento. Mientras esos indicadores sigan mostrando un deterioro tan evidente, el triunfalismo oficial será, más que una descripción de la realidad, un ejercicio de propaganda.