Holaluz, la "revolución de los tejados", deja atrapados a 140.000 clientes
La "revolución de los tejados" va camino del fracaso. La empresa que hizo del autoconsumo fotovoltaico su bandera y que prometía transformar el mercado eléctrico desde los hogares afronta ahora el mayor desafío de su historia: perder la licencia que le permite vender electricidad.
Si el procedimiento iniciado por el Ministerio para la Transición Ecológica culmina con la retirada de su habilitación como comercializadora, los 139.111 clientes que todavía permanecen con Holaluz, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), dejarán de ser clientes de la compañía de manera automática y pasarán a otra comercializadora de referencia. No se quedarán sin suministro eléctrico, pero sí perderán la empresa con la que contrataron su electricidad y, en muchos casos, servicios asociados al autoconsumo.
La cifra refleja además el profundo deterioro de la compañía. Holaluz llegó a superar ampliamente los 200.000 clientes, convirtiéndose en una de las grandes referencias de las comercializadoras independientes surgidas tras la liberalización del mercado eléctrico. Hoy mantiene cerca de 140.000 contratos activos y afronta un procedimiento que pone en cuestión la continuidad de la actividad que dio origen a la empresa.
El impacto de la decisión del Gobierno fue inmediato. BME Growth suspendió hoy la cotización de las acciones de Holaluz al considerar que concurrían circunstancias que podían alterar el normal desarrollo de la negociación bursátil. Los títulos habían cerrado el viernes en 0,826 euros por acción y acumulaban una revalorización cercana al 17% en lo que va de año, impulsados por la expectativa de que la compañía comenzara a dejar atrás la crisis financiera que ha marcado sus dos últimos ejercicios.
Sin embargo, la apertura del expediente cambia completamente el escenario.
La Dirección General de Política Energética y Minas ha iniciado el procedimiento para extinguir la habilitación de Holaluz como comercializadora de electricidad al considerar que ha incumplido las obligaciones exigidas para desarrollar esta actividad. Paralelamente, el Ministerio ha puesto en marcha el mecanismo previsto por la normativa para trasladar a sus clientes a un comercializador de referencia en caso de que la retirada de la licencia llegue a hacerse efectiva.
La empresa, presidida por Carlota Pi, rechaza que la situación deba interpretarse como una pérdida definitiva de la autorización. En una comunicación remitida al mercado calificó el expediente como "un trámite administrativo puntual" y aseguró que está gestionándolo conforme a los procedimientos habituales. Holaluz dispone ahora de diez días hábiles para presentar alegaciones antes de que el Ministerio adopte una resolución definitiva.
Mientras tanto, insiste en que su actividad continúa desarrollándose con normalidad y que el suministro eléctrico de todos sus clientes está plenamente garantizado.
La posible desaparición de Holaluz como comercializadora no significa que decenas de miles de hogares vayan a quedarse sin electricidad. El sistema eléctrico español está diseñado precisamente para evitar una situación de ese tipo.
Las comercializadoras no son propietarias de las redes eléctricas. Su función consiste en comprar energía en el mercado mayorista, venderla a los consumidores y emitir las facturas. El transporte y la distribución siguen dependiendo de las empresas distribuidoras de cada zona, que continúan prestando el servicio con independencia de quién comercialice la electricidad.
Por ello, si finalmente el expediente concluye con la retirada de la licencia, el cambio será administrativo, no físico. Los clientes seguirán recibiendo electricidad exactamente por la misma red. Lo único que cambiará será la empresa encargada de comprar la energía y facturar el consumo.
La legislación prevé que esos contratos sean trasladados automáticamente a una comercializadora de referencia, perteneciente a alguno de los grandes grupos eléctricos que operan en el mercado regulado, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, en función de la distribución geográfica de cada punto de suministro y de los criterios que establezca el Ministerio.
Durante ese periodo transitorio, los consumidores pasarán al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), salvo que antes decidan contratar libremente otra tarifa en el mercado.
En realidad, los usuarios ni siquiera están obligados a esperar la resolución del procedimiento. Desde este mismo momento pueden cambiar de comercializadora si consideran que encuentran mejores condiciones económicas o desean evitar la incertidumbre derivada del expediente.
Quienes no hagan ninguna gestión tampoco deberán preocuparse. El cambio se realizará automáticamente y el suministro continuará sin interrupciones.
Donde sí pueden producirse cambios es en determinados servicios adicionales que distinguían a Holaluz de otras comercializadoras.
La empresa construyó buena parte de su crecimiento alrededor del autoconsumo fotovoltaico y de productos específicos para clientes con placas solares. Las instalaciones seguirán perteneciendo a sus propietarios, pero determinados sistemas de compensación de excedentes, como Holaluz Cloud, dejarán previsiblemente de aplicarse cuando el contrato sea asumido por otra comercializadora. Será entonces la nueva empresa la que determine cómo remunera la electricidad sobrante que los clientes vierten a la red.
También podrían verse afectados algunos contratos de mantenimiento y otros servicios complementarios vinculados exclusivamente a Holaluz, dependiendo de cómo evolucione la reestructuración de la compañía.
Precisamente esa reestructuración explica buena parte de la situación actual.
Holaluz fue durante años uno de los grandes símbolos de la nueva competencia en el mercado eléctrico español. Nacida para desafiar el dominio de Iberdrola, Endesa y Naturgy, convirtió la denominada "revolución de los tejados" en su principal seña de identidad y logró construir una potente imagen de marca asociada a la electricidad de origen renovable y al autoconsumo doméstico.
Pero el fuerte encarecimiento de la energía tras la crisis energética, unido a la necesidad de refinanciar una elevada deuda, terminó deteriorando gravemente sus cuentas.
En 2024 la empresa estuvo al borde del colapso financiero. Su supervivencia fue posible gracias a un complejo plan de reestructuración que permitió la entrada del fondo Icosium, vinculado al empresario franco-argelino Lotfi Bellahcene, como principal accionista con aproximadamente un 33% del capital. El fondo español Axon Partners controla alrededor del 11%, mientras que los fundadores, Carlota Pi, Oriol Vila y Ferran Nogué, conservan participaciones próximas al 10% cada uno.
El ICO, avalista
Mientras el Ministerio para la Transición Ecológica impulsa la retirada de la licencia, otra rama del propio Estado continúa siendo el principal sostén financiero de la compañía.
Según la documentación presentada por Holaluz, el 70% de la deuda corporativa del grupo está respaldada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo dependiente del Ministerio de Economía. Es decir, el Estado avala financieramente a una empresa a la que, al mismo tiempo, otro ministerio pretende impedir ejercer su principal actividad.
En otras palabras, la Administración se encuentra en la insólita situación de intentar retirar del mercado una compañía cuya supervivencia financiera ha sostenido con financiación pública.
Las últimas cuentas reflejan hasta qué punto la empresa continúa atravesando una situación delicada.
Holaluz redujo sus pérdidas un 29,5% durante 2025, hasta los 22,2 millones de euros, pero sus ingresos descendieron un 41%, situándose en 158,9 millones. Al cierre del ejercicio mantenía una deuda con entidades financieras de 29,8 millones de euros. De esa cantidad, 10,3 millones correspondían principalmente a préstamos ICO concedidos durante la pandemia y otros 19,5 millones a pólizas de crédito igualmente respaldadas por el Instituto de Crédito Oficial.
La reestructuración también tuvo un fuerte impacto sobre el empleo. La plantilla pasó de 292 trabajadores a solo 167 en apenas un año, un ajuste cercano al 43% que evidencia la profundidad de la crisis atravesada por la compañía.
A ello se sumó la advertencia del auditor EY. En su informe sobre las cuentas de 2025 señalaba que el cumplimiento de las obligaciones de pago dependía del éxito del plan de negocio y de las previsiones de tesorería, circunstancias que suponían la existencia de una incertidumbre material sobre la capacidad del grupo para continuar como empresa en funcionamiento.
Hasta ahora, el principal riesgo era financiero. Desde este fin de semana también lo es regulatorio.