Quién es Belén Gualda, la presidenta de la SEPI imputada por los amaños de la “trama Leire Díez”
Belén Gualda González, presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) desde 2021, se ha convertido en la figura central de la nueva fase del caso Leire Díez, después de que el juez Santiago Pedraz haya decidido imputarla junto a más de veinte altos cargos de empresas y organismos públicos.
La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, sitúa a Gualda en el núcleo de una presunta trama de amaños en contratos y rescates empresariales gestionados durante la pandemia.
La Fiscalía sostiene que Gualda habría intervenido de forma determinante en la operación de rescate de Tubos Reunidos, aprobada en julio de 2021 por 112 millones de euros.
Según el Ministerio Público, la presidenta de la SEPI se comprometió con el CEO de la compañía, Francisco Vicente Irastuza, para facilitar que el expediente fuera aprobado por el consejo asesor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Ese fondo, dotado con 10.000 millones, fue el instrumento clave para sostener empresas consideradas estratégicas durante la crisis del COVID‑19.
La imputación de Gualda no es un movimiento menor: afecta a la responsable del organismo que gestionó los rescates más sensibles del Estado y abre una grieta institucional en el Ministerio de Hacienda, del que depende la SEPI.
El papel de Gualda en la SEPI y su implicación en el rescate de Tubos Reunidos
Belén Gualda llegó a la SEPI en 2021 tras una trayectoria en la administración pública andaluza y en organismos estatales vinculados a infraestructuras y gestión industrial.
Su perfil técnico y su capacidad para coordinar grandes estructuras la situaron al frente del holding público en un momento crítico: la ejecución de los rescates empresariales que debían evitar quiebras en sectores estratégicos.
Según Anticorrupción, Gualda firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE de la propuesta de ayuda a Tubos Reunidos. El expediente fue aprobado el 13 de julio de 2021, y el Consejo de Ministros lo ratificó una semana después.
La Fiscalía sostiene que el proceso se aceleró mediante reuniones políticas impulsadas por el entonces presidente de la SEPI, Vicente Fernández, en las que Gualda habría participado para agilizar la concesión.
Para el Ministerio Público, la operación no fue simplemente un trámite administrativo: habría estado condicionada por interferencias externas, presiones y un circuito paralelo de influencias vinculado a la trama de Leire Díez, que supuestamente actuaba como intermediaria en la obtención de contratos y ayudas públicas.
Una imputación que alcanza a la cúpula de organismos públicos y empresas estratégicas
La decisión de Pedraz no se limita a Gualda. Más de veinte altos cargos y colaboradores han sido imputados, entre ellos el expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga; el director del FASEE, Julián Mateos Aparicio; el exinterventor general de Andalucía, Miguel Ángel Figueroa; la directora de Participadas de la SEPI, Rosario Martínez Manzanedo; el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere; la presidenta del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, Concepción Ordiz; y el exdirectivo de Acciona, Francisco Javier López Buciega.
La investigación también alcanza a la antigua cúpula de Tubos Reunidos, a directivos de Forestalia y a presuntos testaferros vinculados al entramado. La amplitud de la lista revela que la presunta trama no se limitaba a un caso aislado, sino que habría