El precio de la música: el debate que encendió un diputado

“¡Cuando quieran, me les enfrento!”, dijo el diputado. Su bronca es con la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) y su potestad de cobrar derechos de autor a lugares comerciales como restaurantes, sodas, hoteles, supermercados y otros que usan música de fondo.

Es curioso. Nadie se extraña porque el dueño de un restaurante tenga que pagar por los ingredientes con que se prepara la comida. Tampoco, porque tenga que pagar por la luz y el agua que necesita para operar el restaurante, por el local que ocupa, por la decoración del lugar o por los salarios de su personal. Y, sin embargo, se sorprenden y se ofenden de que el dueño del restaurante tenga que pagar por la música de fondo con la que crea el ambiente adecuado para que disfrutemos mejor de nuestra cena.

Algo de esto tiene que ver con una cultura que desvaloriza el trabajo artístico y nos hace creer que los artistas no debieran cobrar por su trabajo, sino darse por satisfechos con que los admiremos. No creo que exista un artista al que nunca le hayan pedido algún trabajito... gratis. Pues no, como cualquier otro trabajo, el trabajo artístico merece su justa remuneración.

Pero este problema también tiene que ver con las características económicas de cierto tipo de obras artísticas que no son como la mayoría de los bienes. Si pensamos, por ejemplo, en una fruta, sabemos que si una persona se la come, se acabó: nadie más podrá comerse la misma fruta. La música no es así: no se agota en su consumo. Si alguien compone o interpreta una canción, mucha gente podrá consumirla sin que esto reduzca el consumo de nadie. Alguien tuvo que producir la fruta para venderla y nosotros no podríamos consumirla sin pagar; es un típico bien privado. La música tampoco es así: hay muchas formas en las que podemos disfrutarla sin tener que pagar por ella.

¿Cómo se remunera algo que no se agota y que puede consumirse sin pagar? Se trata de un dilema muy antiguo y, para encontrarle alguna solución, los economistas recurrieron a los abogados y establecieron un ingenioso aunque imperfecto mecanismo: los derechos de autor, que son restricciones legales al uso de estos bienes para quien no haya pagado por el derecho a usarlos.

Como no se agotan al ser consumidos, los bienes artísticos no solo tienen su mercado inicial o primario –en el que el precio incluye el pago de derechos de autor– sino también mercados secundarios que no siempre son fáciles de identificar para cobrar los derechos de autor.

Cuando alguien compra un periódico digital, está comprando el derecho a leerlo, no el derecho a monetizar su contenido ofreciéndolo a otros lectores. Cuando alguien compra un disco o paga por música en Spotify, está pagando por su disfrute personal, no por el derecho a usar esa música comercialmente. Más claro aún: no puedo utilizar mi suscripción a Netflix para montar un pequeño cine comercial en un salón de mi casa.

Regular este uso secundario de la música es muy complejo, sobre todo cuando se trata de cobrar por el uso secundario de la música a escala internacional. Para eso surgieron asociaciones recolectoras de derechos de autor que, como ACAM en Costa Rica, dan seguimiento al uso comercial de obras musicales nacionales o internacionales y cobran por este uso, pero no para quedarse con lo recaudado, como se ha insinuado, sino para distribuirlo proporcionalmente tanto a los artistas nacionales como a los internacionales, lo que hacen por medio de convenios con asociaciones similares en el resto del mundo.

¿Es un mecanismo perfecto? No, sin duda no lo es. El trabajo de estas organizaciones es complejo, tiene costos, tiene vacíos y dificultades para lograr total precisión. A pesar de eso, es mucho más justo que dejar todo por la libre y permitir que unos lucren con el trabajo de los artistas que crearon o interpretaron esa música que acompaña nuestra cena, pero sin pagarles a los músicos.

Volviendo al pleito del señor diputado, el cantautor Esteban Monge dio en el clavo cuando, refiriéndose a los empresarios que no quieren pagar por la música que usan en su negocio, dijo algo muy simple: “Si la música no le agrega valor a su negocio, entonces no la usen”. Y si la usan, agrego yo, paguen.

leonardogarnier@gmail.com

Leonardo Garnier ha sido profesor e investigador de la Universidad de Costa Rica (UCR) y de la Universidad Nacional (UNA), ministro de Planificación Nacional y Política Económica (1994-1998), ministro de Educación Pública (2006-2014) y asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre por la Transformación de la Educación (2022-2023).