Torres quiere declarar por escrito en el juicio a Ábalos

El ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que le exima de acudir a declarar como testigo en el "caso mascarillas" -que sienta en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos- el próximo 22 de abril y que le permita testificar por escrito en razón de su cargo.

Torres -que está citado ese día a declarar, al igual que la presidenta del Congreso, Francina Armengol- en relación a las adjudicaciones de los contratos para la adquisición de mascarillas en pandemia a la empresa de la "trama Koldo" Soluciones de Gestión, invoca los artículos 412 y 703 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim).

En el escrito remitido a la Sala, recuerda que desde noviembre de 2023 es ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, "habiendo ejercido con anterioridad el cargo de presidente del Gobierno de Canarias" entre 2019 y 2023.

Pide el "pliego de preguntas"

El artículo 412.2. incluye en su apartado sexto entre las personas que están exentas de la obligación de declarar de manera presencial a los presidentes de las comunidades autónomas. A este respecto, Torres precisa que "según lo conocido a través de los medios de comunicación", los hechos que se juzgan y las cuestiones sobre las que se requerirá su testimonio "versan sobre el período en el que ostenté la Presidencia de la citada comunidad autónoma y sobre las que habría tenido conocimiento por razón del cargo". Por tanto, subraya, su declaración "debe tener lugar a través del procedimiento escrito".

Además, también expone que el artículo 412.2 exime igualmente del deber de declarar personalmente ante el tribunal a los miembros del Gobierno. Por todo ello, solicita su testifical se realice "conforme al mecanismo previsto en el citado precepto legal" y pide para ello que se le remita el "pliego de preguntas, que será contestado por escrito" y remitido al Tribunal Supremo.

"Amaños" de adjudicaciones

Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan en el banquillo a partir del 7 de abril por el supuesto amaño, "con la intermediación y en connivencia" con Aldama, de varios contratos -por un valor total de 53 millones de euros- para la adquisición de mascarillas en pandemia por parte del Ministerio de Transportes (a través de Adif y Puertos del Estado) y de los gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres a cambio comisiones entregadas por el empresario, quien según Anticorrupción "a su vez se beneficiaba también en términos económicos de las comisiones que le reportaba la realización del mencionado ilícito negocio".

Ábalos habría sido recompensado también -mantiene la Fiscalía- con el pago de los alquileres de la vivienda de su entonces pareja sentimental, Jésica Rodríguez, en un céntrico ático en la Plaza de España de Madrid, del alquiler con derecho a compra de un chalet en la urbanización "La Alcaidesa" en La Línea de la Concepción (Cádiz), y de un contrato de alquiler, con opción de compra, de un piso en el Paseo de la Castellana por un precio de venta, 750.000 euros, "muy inferior al de mercado".

El objeto del proceso también incluye la contratación de Jésica Rodríguez en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, y de la ex miss Asturias Claudia Montes, así como las gestiones de Aldama en favor del rescate de Air Europa y en los ministerios de Industria de Reyes Maroto -para la obtención de una licencia de hidrocarburos para Villafuel- y Economía a través del jefe de gabinete de María Jesús Montero para frenar una reclamación tributaria.