Expropiación de Colonia Dignidad: la promesa incumplida

Un año y ocho meses. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde el anuncio del Presidente Gabriel Boric de que se expropiarían los terrenos de la ex Colonia Dignidad. Se trata de una promesa que generó expectación en la sociedad chilena, especialmente entre las agrupaciones de víctimas, pero que finalmente no se concretó.

Los terrenos de la ex Colonia Dignidad —actualmente conocida como “Villa Baviera”— fueron ocupados en los años 60 por una secta de alemanes, dirigida por Paul Schäfer. A partir de ese momento, el lugar se convirtió en un Estado dentro de un Estado y se cometieron diversos crímenes en completa impunidad. Prácticas esclavizantes en contra de los seguidores de Schäfer, abusos sexuales en contra de niños tanto alemanes como chilenos y adopciones ilegales de menores. Mientras que en dictadura hubo tortura, asesinato y desaparición de opositores políticos al régimen de Pinochet.

El primer acercamiento del Gobierno de Boric a la problemática se dio en la Cuenta Pública de 2024. En esa ocasión, el Mandatario anunció la expropiación de la ex Colonia, con la idea expresa de que se convirtiera en un espacio de memoria. La promesa se reiteró en su cuenta del año siguiente, pero ya comprometiendo la firma del decreto de expropiación.

Un mes después, el 7 de julio de 2025, efectivamente se realizó un avance significativo: el decreto de expropiación, que llevó las firmas de los titulares de Justicia, Vivienda y Bienes Nacionales. Ese día, los ministros Jaime Gajardo, Carlos Montes y Francisco Figueroa, advirtieron que se trataba de un proceso de varios meses. Sin embargo, la idea era concretarlo antes de que se terminara el Gobierno.

Para la presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad (AMCD), Margarita Romero, que no se llevara a cabo la expropiación “es realmente un fracaso”. “Es un fracaso en el sentido de que se podría haber trabajado mucho mejor, incluyendo a las organizaciones de la sociedad civil en todo el proceso, en que se podría haber hecho un diseño abierto con una comisión especial encargada de la expropiación, pero desgraciadamente esto no sucedió”, lamentó.

Winfried Hempel, abogado y representante de un grupo de excolonos que buscan justicia por los abusos, fue más allá, y aseguró que lo que siente es una gran frustración.

“Deja un sabor amargo y evidencia que aquí hubo un gobierno de abrazos, de buenas promesas, de gestos, pero que en el momento de ejecutar las promesas falló. Un año y ocho meses es un tiempo absolutamente excesivo y a nosotros nos tiene bastante frustrados, en el sentido de que no nos basta con promesas, con grandes anuncios frente a todo el país, si después el Gobierno es incapaz de ejecutarlo. Eso es bastante lamentable”, estimó.

El proceso de tasación

El primer paso para concretar la expropiación de las 117 hectáreas que el Gobierno Boric planeaba expropiar, era tasar los terrenos. Dicho proceso fue realizado en diciembre de 2025 por peritos contratados por el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) del Maule. Fue cinco meses después de la firma del decreto de expropiación.

A juicio de Margarita Romero, la repartición regional del Ministerio de Vivienda (Minvu), “no hizo la tasación en los tiempos correspondientes”. “La postergó, la retrasó, puso obstáculos para finalmente designar dos comisiones casi al final del 2025. Comisiones que también retardaron su trabajo, a pesar de que tenían fuerza pública, para poder entrar a la Colonia y tasar. Ellos recién inician su trabajo en diciembre, para entregar un informe a fines de diciembre, principio de enero. Es decir, se tomaron más de medio año para hacer una tasación y esto a nosotros nos da mucha desconfianza”, indicó.

La presidenta de la agrupación de memoria acusó que se trató de un proceso poco transparente, que además dio origen a un resultado que no los dejó conformes. Pese a que no han tenido acceso al informe final de tasación, lo que se les ha informado desde el Ministerio de Justicia es que los peritos llegaron a un monto excesivamente alto, que es difícil de pagar.

“No conocemos el informe oficial de tasación, pero sí sabemos que los montos que la tasación trae son realmente excesivos. Es decir, algo absolutamente inesperado tanto por las autoridades como por nosotros, las organizaciones. Se habían hecho tasaciones anteriores, en diferentes oportunidades, y no tenían que ver con los montos que hoy día se están presentando. Esto hace que sea imposible expropiar y es necesario pedir nuevas tasaciones”, afirmó.

Diferencias en Villa Baviera

Evelyn Hevia, es una psicóloga chilena, actualmente asentada en Alemania, que por años se ha dedicado a la investigación sobre los hechos ocurridos en Colonia Dignidad. En conversación con nuestro medio y requerida sobre las complejidades del proceso de expropiación, Hevia recordó que, más allá de las dificultades propias de recuperar un sitio de memoria, en Colonia Dignidad también están en juego intereses comerciales.

“Si uno mira incluso otras experiencias donde no fue la vía la expropiación, sino que la recuperación y la compra de inmuebles para luego convertirlos en sitios de memoria, esos procesos han sido bastante largos y bastante difíciles. En este caso, también estamos hablando de un holding de empresas. Estamos hablando de propietarios que tienen intereses productivos y comerciales que giran en torno a estos predios. Hoy día Colonia Dignidad es un centro recreacional y turístico y varios de los inmuebles son edificios habitacionales de algunos de los habitantes de la actual Villa Baviera”, comentó.

En esa misma línea, Hevia recalcó que en Villa Baviera hay distintas visiones, con algunos de los colonos preocupados porque no recibirán una compensación justa tras la expropiación, y otros más con la incertidumbre de no saber a dónde irán si se concreta.

“Hay que pensar que son personas que han nacido, que han vivido toda su vida ahí y que les es imposible imaginarse una vida fuera, sin un acompañamiento y un apoyo para ello. También, están las personas que siguen exigiendo y reclamando una justa división del patrimonio y que ellos puedan ser compensados por los años en que fueron esclavizados y contribuyeron a acrecentar el patrimonio de lo que fue Colonia Dignidad”, detalló.

En ese escenario, la doctora en Historia de la Universidad Libre de Berlín, aseguró que junto con anunciar la expropiación, el Gobierno debía tomar “una decisión sistemática de dialogar y negociar, con quienes precisamente se oponían a esta decisión o a este anuncio de la expropiación”.

“Se sabía de antemano que esto iba a ser un proceso no fácil y por lo tanto, había que poner un poquito más de empeño en que las cosas pudieran avanzar, teniendo tan corto tiempo para dar pasos importantes más allá del anuncio de la expropiación”, agregó.

El abogado representante de los excolonos, Winfried Hempel, compartió el diagnóstico de que no se hicieron los esfuerzos suficientes desde el Ejecutivo, pero lo enlazó con un posible amedrentamiento de parte de la administración de la ex Colonia Dignidad. 

“La Colonia contrató una agencia de lobby bien conocida, una de las más grandes de Chile, para minar y enervar la iniciativa de la expropiación. En el fondo, la demora demuestra que la Colonia Dignidad con su plata y con su lobby ha tenido más peso que el propio gobierno de Boric y eso la verdad habla por sí solo. La Colonia Dignidad, después de tantos años, que todo Chile ya sabe lo que fue y lo que es, sigue teniendo ese peso en la política nacional, que es capaz de parar una decisión presidencial durante un año y ocho meses”, acusó.

El futuro del sitio de memoria

Las fuentes consultadas por Radio y Diario Universidad de Chile coincidieron en que uno de los reproches para la administración de Boric es que se planificó poco y no se le dio mayor importancia al verdadero sentido de la expropiación: establecer un sitio de memoria, donde se cuente la historia de todos los abusos que se cometieron en Colonia Dignidad.

Hempel recordó que un sitio de memoria es crucial para reparar, al menos parcialmente, a las víctimas y además, sería “un faro de un nunca más sobre lo que sucedió ahí”.

“Lo que pasa aquí es que se habla más de la expropiación que propiamente del sitio de memoria. La expropiación es un paso administrativo necesario para aquello, pero nunca se habla del sitio de memoria. Nosotros lo queremos y si para eso es necesario expropiar, bueno, hay que expropiarlo, eso es lo que queremos en el fondo. Las demoras del gobierno de Boric son una forma de revictimizar a las víctimas”, sostuvo.

Por su parte, Evelyn Hevia, resaltó que son cientas las víctimas, tanto antes como después de la dictadura y que esos distintos afectados, “han venido reclamando que les resulta ofensivo, una afrenta y un oprobio para la memoria de quienes ahí sufrieron, que hoy ese sea un lugar de turismo y de recreación”, dijo.

“A mí me parece que es un deber del Estado garantizar el derecho a la memoria de las víctimas, además de garantizar el derecho a la memoria de nosotros como sociedad y de las nuevas generaciones sobre todo. Colonia Dignidad es un testimonio concreto de violaciones a los derechos humanos sistemáticas, de violaciones a los derechos de la niñez, de violaciones a los derechos de las mujeres y también, de complicidades de instituciones del Estado chileno y del Estado alemán, que no actuaron de manera diligente en favor de proteger a las víctimas”, añadió.

En una línea similar, Margarita Romero mencionó que de concretarse el sitio de memoria, sería el más importante de Chile, no solo en extensión, sino que “también en relación a las memorias”.  

“Estamos hablando de un lugar donde se cometieron una cantidad importante de crímenes de diverso tipo, un lugar de una importancia muy grande, que debe desarrollarse de tal manera que transmita lo que sucedió allí al interior, pensando en las nuevas generaciones, cómo se construye una democracia basada en la defensa de los derechos fundamentales de la sociedad y las personas, y en el nunca más”, destacó.

Consultados respecto al futuro de la expropiación en el gobierno de José Antonio Kast, Hempel, Hevia y Romero expresaron dudas de que la iniciativa pueda avanzar.

La presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, sin embargo, guarda alguna esperanza, teniendo en cuenta que se firmó un decreto expropiatorio y que en los últimos días de gobierno, se conformó una mesa de trabajo entre organizaciones de la sociedad civil y entes estatales, como el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia. Romero indicó que más allá del apoyo de la administración de turno, la asociación persistirá y “seguirá trabajando en el programa que ha trazado”.