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El alto precio de visitar a Daniel Sancho en Tailandia: la difícil situación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

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Abc.es 
Daniel Sancho ingresó en prisión provisional en el verano de 2023 después de ser detenido en Tailandia. Un año más tarde, el tribunal dictó sentencia y lo condenó a cadena perpetua. El fallo incluyó también una indemnización fijada en 30 millones de baths, el equivalente aproximado a 768.000 euros, en concepto de responsabilidad civil para la familia de la víctima. Tras la sentencia fue trasladado a un centro penitenciario de mayor seguridad en la isla de Koh Samui. Desde ese momento, las visitas se han vuelto más complejas por razones logísticas, administrativas y también económicas. Rodolfo Sancho viajó en varias ocasiones durante la fase inicial del procedimiento, pero no lo ha hecho desde hace alrededor de un año y medio. Según ha explicado públicamente, el motivo ha sido estrictamente profesional: la participación en dos rodajes que han requerido su presencia continuada en España. Y trabajar, cuando los viajes suponen un enorme desembolso, se convierte en una necesidad imperiosa. El desplazamiento desde España hasta Tailandia supone el primer gran gasto. Un billete de ida y vuelta desde Madrid o Barcelona hasta Bangkok se sitúa en temporada media entre 900 y 1.200 euros. Si el viaje se organiza con poca antelación o coincide con periodos de alta demanda, el precio puede superar mucho esa cifra e incluso llegar a doblarla. A ello se suma el trayecto interno hasta Koh Samui, que añade entre 150 y 250 euros adicionales. Solo el transporte aéreo puede alcanzar con facilidad los 1.100 o 1.400 euros por persona. La duración del trayecto supera las quince horas y suele implicar al menos una escala, lo que obliga a planificar estancias de varios días para compensar el desplazamiento. Una vez en la isla, el alojamiento representa el siguiente bloque de gasto. Un hotel de categoría media en Koh Samui oscila entre 70 y 120 euros por noche. Una estancia de diez días supone un mínimo de 700 euros. Si la visita se extiende a dos semanas, la cifra supera los 1.000 euros. En estancias más largas, el alquiler de un apartamento puede situarse entre 600 y 800 euros al mes, a lo que se añaden fianza y suministros. A esto hay que sumar manutención y transporte local, que pueden alcanzar entre 40 y 60 euros diarios. En conjunto, un viaje de quince días puede situarse entre 2.000 y 2.500 euros por persona de media dependiendo de la temporada y las comodidades con que se viaje. La situación de los padres incrementa el impacto económico. Están separados desde hace años y no coordinan viajes conjuntos. Cada uno organiza sus desplazamientos de forma independiente y asume el coste íntegro de vuelos y alojamiento. No comparten reservas ni gastos. Si ambos decidieran viajar en un mismo periodo, la suma podría superar los 4.000 euros en apenas dos semanas. En términos anuales, tres viajes individuales de unos 2.300 euros cada uno suponen cerca de 7.000 euros por persona solo en desplazamientos y estancia. El capítulo más elevado corresponde a la defensa jurídica. Rodolfo Sancho es quien asume directamente la estrategia legal y el pago de los abogados en Tailandia. Las primeras fases del procedimiento implicaron honorarios elevados debido a la complejidad del caso y a la necesidad de contar con un equipo especializado en derecho penal tailandés. Diversas estimaciones publicadas durante el proceso sitúan el gasto inicial por encima de los 100.000 euros. A esta cantidad se añaden traducciones juradas, elaboración de informes periciales, desplazamientos de letrados y costes asociados al recurso de apelación presentado tras la condena. El procedimiento continúa abierto y los pagos no se concentran en una sola fase, sino que se distribuyen a lo largo del tiempo. La apelación pretende revisar la calificación jurídica de los hechos y la proporcionalidad de la pena impuesta. Mientras ese trámite sigue su curso, los gastos legales continúan. Cada escrito presentado ante el tribunal requiere trabajo técnico y coordinación con abogados locales. Además, cualquier avance procesal puede implicar nuevos viajes para reuniones presenciales. En un procedimiento internacional, los tiempos son largos y las decisiones no se resuelven de forma inmediata. Esa prolongación en el tiempo implica también una presión económica sostenida. La entrevista concedida por Silvia Bronchalo marca un punto de inflexión en su posición pública. Hasta ahora había evitado participar del foco público. Su presencia en De Viernes responde a la necesidad de generar ingresos propios que le permitan afrontar los viajes y los gastos derivados de la situación penitenciaria de su hijo, a quién ayuda económicamente para que sostenga lo mejor posible su situación en la prisión. Rodolfo Sancho, por su parte, ha reiterado que su prioridad es sostener el proceso judicial y que retomará los viajes cuando su agenda profesional lo permita. El caso no solo ha supuesto una exposición mediática intensa, sino también una reorganización completa de prioridades laborales y económicas. Rodolfo Sancho ha compatibilizado su actividad profesional con el sostenimiento de la defensa. Silvia Bronchalo ha optado por recurrir a la televisión para obtener recursos. Ambos afrontan la misma realidad desde posiciones separadas. Cada viaje a Koh Samui requiere liquidez inmediata y una planificación detallada. La condena a cadena perpetua y la apelación en curso indican que la situación no se resolverá a corto plazo. En términos concretos, un solo viaje puede rondar los 2.500 euros. Tres desplazamientos anuales superan los 7.000. A ello se suman honorarios legales que parten, aunque nunca se ha dado la cifra exacta, de los 100.000 euros y continúan creciendo mientras el proceso siga abierto. La indemnización fijada en sentencia añade otra dimensión económica. Más allá de las declaraciones públicas y del interés informativo, la historia mantiene un componente cuantificable que condiciona cada movimiento. La distancia entre España y Tailandia no solo se mide en kilómetros, sino también en cifras que se acumulan mes a mes mientras la apelación sigue su curso.