El Gobierno lo deja claro: este es el salario mensual a partir del cual comienzas a pagar el IRPF
La reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas ha traído consigo una revisión de su tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
El Gobierno ha optado por reforzar la deducción fiscal específica para rentas bajas, elevándola de 340 a 591 euros. Este cambio implica que, aunque un trabajador perciba el SMI, Hacienda le aplicará retenciones de hasta 43 euros al mes, dinero que solo recuperará íntegramente si presenta la declaración anual.
El diseño de esta ayuda busca neutralizar el impacto fiscal para quienes ganan exactamente el SMI y extiende de forma gradual esta protección a los sueldos inmediatamente superiores.
Los trabajadores con ingresos brutos anuales de hasta 20.000 euros podrán beneficiarse de esta deducción, aunque su cuantía será decreciente a medida que el salario se acerca a ese límite superior, creando un colchón que evite que un pequeño incremento salarial se traduzca en un salto brusco en la factura fiscal.
Una deducción decreciente hasta los 20.000 euros que exige pasar por la agencia tributaria
La aplicación práctica de esta medida genera una paradoja para millones de contribuyentes, ya que, a pesar de que la intención del Ejecutivo es que el SMI quede exento de tributación efectiva, el método elegido obliga al trabajador a realizar el trámite de la declaración.
Esto es así porque las retenciones se calculan en origen sin incorporar de forma automática la deducción específica aprobada, que solo se liquida en el momento de ajustar las cuentas con la Agencia Tributaria.
De todos modos, es importante destacar que los 43 euros retenidos en la nómina de cada mes no se pierden, serán devueltos a cada trabajador que le corresponda al realizar la declaración de la renta de 2027, ya que esta medida solo estará vigente durante el ejercicio fiscal de 2026, según la intención del Ministerio,
Esta medida busca proteger el poder adquisitivo de las rentas más bajas mientras se mantiene la progresividad del impuesto, pese a la complejidad burocrática añadida.