Felipe VI pone pie en pared y zanja el debate sobre la vuelta de su padre
La desclasificación esta semana de los papeles del 23F ha terminado, sorprendentemente, en un debate interesado sobre la conveniencia de la vuelta de Juan Carlos I a España. Un efecto secundario que pocos habrían visto venir incluso en un país como el nuestro, donde el escenario político hace tiempo que resulta tan desquiciante como impredecible. Una vuelta de tuerca, decimos, que parece haber pillado a Zarzuela también desprevenida y que les ha obligado a salir al paso hasta dos veces en la misma semana de manera pública, algo reservado para los grandes entuertos.
El tuit de Feijóo abrió la espita el miércoles tras la publicación de los «secretos» del golpe de Tejero. El dirigente popular creyó oportuno pedir el regreso de Juan Carlos I, como si las dudas sobre su papel para interceder por la democracia el 23F fueran la causa de un autoexilio motivado, como todo el mundo sabe, por unas actuaciones fiscales nada ejemplares.
Al líder del PP se sumó en los pasillos del Congreso el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para decir que el Gobierno no pone pegas a la vuelta del padre de Felipe VI, que «depende exclusivamente de él» y, «en su caso, de la Casa Real».
Esta última aseveración forzó la primera respuesta de Zarzuela esta semana, ya que dejaba entrever que el domicilio de Don Juan Carlos lo fijan desde la Jefatura del Estado. «Es una decisión personal que solo depende de él», explicaron fuentes de la Casa a los periodistas que siguen la información real.
En la mañana de ayer, las mismas fuentes consideraron que había que explicar algo más y ampliaron esa declaración. El Rey emérito «puede volver a vivir a España cuando quiera», pero si quiere «salvaguardar su imagen de especulaciones y posibles críticas y, por consiguiente, la de la Corona como institución», entonces «debería recuperar su residencia fiscal en España».
Con este misil, Zarzuela aspira a zanjar un debate que ha pillado a Felipe VI en un fuego cruzado entre políticos que buscan marcar perfil propio (todos, desde el PP a Vox pasando por el Gobierno y sus socios) y las presiones que desde el entorno de Juan Carlos I no cesan para meter cuña contra las instituciones, sobre todo la Corona, por el supuesto maltrato al ex jefe del Estado.
Lo curiosos es que él mismo vendió su marcha en agosto de 2020 como un último servicio a su país y como una contribución al Reinado de su primogénito. Unos argumentos que se compadecen mal con otras acciones que buscan recuperar el protagonismo de manera torticera. Desde la irrupción en diciembre pasado de su libro «Reconciliación» (que causó un serio disgusto al Monarca, al que tachaba de «insensible») al vídeo promocional emitido pocos días antes de su publicación (que Zarzuela tachó de «poco oportuno»), todas se antojan maniobras que buscan el enfrentamiento y no el «sosiego» que él mismo dijo querer proporcionar a su Heredero.
Las filtraciones constantes de parte de su entorno para manifestar su deseo de volver a residir aquí son constantes. Desde Zarzuela siempre han insistido en que nunca se han opuesto a su presencia en España, que, de hecho, es bastante frecuente. Lo que está fuera de toda negociación es que pueda regresar a su última residencia oficial. Él mismo firmó el 5 de marzo de 2022 que, si algún día regresaba, «su vida y lugar de residencia serían privadas».
Don Juan Carlos no recibe ninguna asignación por expreso deseo de su hijo ni podría tener de nuevo una agenda pública y no hay duda de que el Gobierno de Sánchez no vería con buenos ojos que se instalara en algún edificio de Patrimonio Nacional.
Zarzuela ya ha puesto sus condiciones para acallar el ruido. Juan Carlos I debe tributar en España, tanto sus rentas como su patrimonio, si vuelve a fijar aquí su domicilio permanente. En realidad, esto, que es de perogrullo para cualquier ciudadano, no lo es tanto si repasamos su pasado fiscal.
Don Juan Carlos arrastró en España varios frentes fiscales ligados a rentas y gastos no declarados: primero, la regularización de 678.393 euros en diciembre de 2020 por gastos personales pagados por terceros a través de «tarjetas opacas»; después, una segunda regularización en febrero de 2021 de 4,4 millones por el uso de vuelos privados y otros desembolsos abonados por la fundación Zagatka.
En paralelo, la Fiscalía del Supremo investigó durante meses si existieron otras irregularidades tributarias vinculadas a estructuras y fondos en el extranjero y a pagos en especie, pero lo acabó archivando en marzo de 2022 por una mezcla de inviolabilidad en la etapa anterior a la abdicación, prescripción y el efecto de esas regularizaciones.
Además, en 2022 trascendieron requerimientos de Hacienda para aclarar quién pagó vuelos y gastos de algunas cacerías y monterías tras 2014, año de la abdicación en su hijo, sin que ese frente derivara en una causa penal abierta.
De momento, ni el Gobierno ni la Casa del Rey han recibido una petición formal de parte de Don Juan Carlos para mudarse. En unos quince días está previsto que regrese a San Xenxo para participar en una regata, tal y como viene haciendo cada vez que lo desea. Para trasladar su residencia fiscal debería dormir al menos seis meses y un día en España y declarar todos sus ingresos, incluidas las ganancias por el libro que cavó la zanja definitiva entre ambos reyes.