TCP opera con cuatro magistrados y pide nueva ley del Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) confirmó que está funcionando con cuatro magistrados, solicitó a la Asamblea Legislativa una nueva ley del Tribunal y anunció medidas internas para fortalecer su operatividad en esta etapa de transición institucional.

Durante una entrevista en el programa Piedra, Papel y Tinta, el magistrado Boris Arias explicó que el TCP continúa ejerciendo control constitucional pese al cese de los cinco magistrados autoprorrogados.

“En general el Tribunal Constitucional está funcionando”, afirmó.

El TCP sostiene que no existe vacío constitucional

Arias explicó que la mayor parte de las funciones no exige la participación de cinco magistrados.

Detalló que la Comisión de Admisión funciona con tres integrantes y que las salas siguen resolviendo causas.

“El Código Procesal Constitucional establece que se pueden tomar las decisiones a partir de la mayoría de los presentes”, señaló, citando el artículo 10.

Aclaró que ni la Constitución ni la Ley del Tribunal establecen la cantidad de magistrados para sala plena.

Sin embargo, reconoció limitaciones prácticas.

Indicó que un magistrado no puede integrar dos veces al año la Comisión de Admisión en el mismo mes, lo que podría generar dificultades en junio o julio.

También señaló que la presidenta del TCP no dicta sentencias.

“Eso no pasa en ningún tribunal”, sostuvo.

Nueva ley del Tribunal y respaldo legislativo

El magistrado afirmó que el Tribunal necesita una norma que otorgue certidumbre institucional.

“Quisiéramos tener las condiciones suficientes y el respaldo de la Asamblea Legislativa”, indicó.

Confirmó que enviaron notas a todas las bancadas, así como al presidente y vicepresidente de la Asamblea.

Entre los temas planteados mencionó:

• La aprobación de una nueva ley del Tribunal.

• El tratamiento de exhortaciones pendientes.

• El cumplimiento de decisiones constitucionales.

Arias explicó que actualmente existen “ocho o nueve proyectos” en análisis legislativo y reconoció que las dinámicas políticas pueden ser lentas.

Señaló que corresponde a la Asamblea definir cómo organizar el funcionamiento del Tribunal en este periodo de transición.

En ese marco, añadió que el Legislativo tiene “libertad configuradora”, es decir, puede decidir la forma de reestructuración normativa, siempre que no contradiga la Constitución.

Caso interpelaciones será sorteado en un mes

Sobre el expediente que congeló la posibilidad de censurar ministros tras interpelaciones, Arias informó que será sorteado en aproximadamente un mes.

Explicó que, tras el cese del 25 de noviembre, se realizó un inventario notarial.

Se encontraron “un poquito más de dos mil expedientes”.

Entre ellos estaba el caso vinculado a interpelaciones.

“Yo me imagino que entre un mes aproximadamente ese caso se va a sortear”, indicó.

Precisó que no conoce el contenido del expediente.

“Estoy obligado por la ley a guardar reserva”, afirmó.

Ver también: Lara posterga al martes la interpelación al titular de Hidrocarburos

Unificación de criterios y reforma del Código

El magistrado anunció que el TCP está aplicando “abocaciones” para unificar jurisprudencia.

Explicó que anteriormente las salas podían resolver de manera diferente.

“Yo resolvía blanco y en la sala B resolvía negro”, ejemplificó.

Con la nueva metodología, casos similares tendrán la misma aplicación jurídica.

“Ya no tendrían que haber sentencias a la carta”, afirmó.

Agregó que se acumularán causas similares para emitir decisiones conjuntas. También anunció que propondrán modificar el Código Procesal Constitucional.

Entre los cambios mencionó:

• Regular la responsabilidad administrativa de magistrados.

• Fortalecer la ejecución de sentencias.

• Garantizar que todos los órganos del Estado cumplan decisiones.

“¿De qué serviría que tú ganes una demanda y al final no se cumple tu decisión?”, cuestionó.

Arias reiteró que la Constitución no fija un plazo para recomponer el Tribunal y sostuvo que las prórrogas anteriores generaron “mucho daño” y que “ha existido un abuso”.

El TCP, según explicó, continúa operando en condiciones reducidas mientras espera definición legislativa y aplica ajustes internos en esta etapa de transición.

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