Un ex preso francés recibe 3.000 euros de indemnización por condiciones indignas, pero se queda muy lejos de los 60.000 que reclamaba
La Justicia francesa ha concedido una indemnización de 3.000 euros a un antiguo recluso de la prisión de La Roche-sur-Yon, en Vendée, en el oeste de Francia, tras reconocer que sus condiciones de detención vulneraron su dignidad.
El hombre había reclamado 60.000 euros por los daños sufridos durante su estancia en prisión.
El exinterno, de unos 50 años, permaneció encarcelado entre marzo de 2018 y enero de 2019 en un centro penitenciario marcado por el hacinamiento y el deterioro de sus instalaciones.
En 2020 presentó una demanda ante la Justicia al considerar que había sido sometido a condiciones indignas, con presencia de ratas, falta de intimidad y graves deficiencias estructurales.
Menos de tres metros cuadrados y presencia de ratas
Según la sentencia del tribunal administrativo de apelación de Nantes, el recluso dispuso de menos de tres metros cuadrados de espacio personal durante gran parte de su estancia en prisión.
Los jueces concluyeron que esta situación, junto con la falta de intimidad y el deterioro de las instalaciones, vulneró su dignidad y obligó al Estado a asumir su responsabilidad.
El antiguo preso denunció también el mal estado de las celdas, que presentaban humedad, mala ventilación y escasa iluminación. El inodoro estaba separado del resto del espacio únicamente por una cortina, lo que afectaba a su intimidad. Además, se confirmó la presencia de roedores en el centro penitenciario.
Su abogado advirtió del grave deterioro de la prisión. «La prisión está en un estado de deterioro material preocupante. Es un edificio antiguo, en el que los muros rezuman humedad», afirmó.
La prisión sufre desde hace años un grave hacinamiento. Informes oficiales ya advertían de tasas de ocupación de entre el 184% y el 220%, e incluso cercanas al 300% en determinados momentos, lo que empeora la situación de los internos.
En primera instancia, el exrecluso había recibido una indemnización de 2.500 euros, pero el tribunal decidió aumentarla hasta los 3.000 euros. La sentencia también obliga al Estado a asumir parte de los costes judiciales.
El tribunal rechazó, sin embargo, otras reclamaciones, como la supuesta agravación de su estado de salud por convivir con internos fumadores, al no existir pruebas suficientes.
El exinterno aún puede recurrir la sentencia ante instancias superiores e incluso acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si decide continuar el proceso.