Etarras en Venezuela: la hora de la verdad
El momento que vivimos en España es paradójico y muy doloroso para las víctimas de ETA. La Consejería de Justicia socialista del Gobierno vasco está liberando terroristas a caño abierto para satisfacer las peticiones de EH Bildu con el fin de que este partido filoetarra siga apoyando a Pedro Sánchez en la Moncloa. Sin el respaldo de la formación, el presidente del Gobierno tendría que abandonar el cargo y convocar elecciones. Sánchez está atrapado por ese puñado de votos de sangre de Bildu, que está dirigido en la sombra por antiguos responsables de la banda terrorista ETA.
En paralelo a esta traición a las víctimas del terrorismo –entre las que hay muchos compañeros de filas de Sánchez– y a toda la sociedad, Dignidad y Justicia ha presentado un escrito ante la Audiencia Nacional para que el magistrado Francisco de Jorge reclame a Caracas información sobre 14 terroristas huidos de la Justicia que se han refugiado en Venezuela durante los últimos años amparados por el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Parece claro que es el momento de hacerlo, pues las autoridades de Venezuela, ahora bajo el foco de toda la comunidad internacional, no pueden mirar para otro lado, como han hecho hasta ahora. Esos 14 terroristas, además de tener causas abiertas en España por las que tienen que responder, disponen de información muy relevante para resolver decenas de los 376 asesinatos que aún están sin esclarecer cometidos por ETA. Son 376 familias que todavía no saben quién mató a su padre, madre, a su hijo, a su hermano...
La sociedad española y los tribunales, en los que la primera ha delegado la tarea de impartir justicia, tienen la obligación de moral para con esas víctimas de hacer todo lo posible por resolver esas investigaciones. Así lo reclamó de hecho el Parlamento Europeo –a petición de Dignidad y Justicia– cuando vino a España para indagar sobre si las autoridades judiciales y políticas estaban haciendo todo lo posible por esclarecer tan elevado número de casos, que no olvidemos representan un 40% del total de asesinatos cometido por la banda terrorista en toda su historia. La Fiscalía, por su parte, que ahora tiene que posicionarse sobre si la Audiencia Nacional debe reclamar esa información a Caracas, tiene una oportunidad perfecta para demostrar de qué lado está, si del de Sánchez y Bildu o del de las víctimas del terrorismo, la dignidad y la justicia.
¿Será el momento en el que el Gobierno de Venezuela colabore con la justicia española para informar, detener y extraditar a los asesinos de ETA que durante tantos años ha protegido bajo los gobiernos de bolivarianos socialistas?. Si hacemos un poco de historia, más de 40 asesinos de ETA han estado protegidos por el gobierno socialista de Venezuela desde 1999, con cientos de asesinatos a sus espaldas y sin colaboración alguna nunca desde hace más de 25 años.
Sin embargo, ahora sí que tienen la oportunidad de demostrar con el nuevo Gobierno de transición el poder ayudar a las víctimas del terrorismo de ETA en España. Delcy Rodríguez tiene la oportunidad de demostrar su diferencia con Nicolas Maduro colaborando con la Audiencia Nacional por fin, después de tantos años de secretismo y ocultación de los miembros de ETA llegándolos incluso a promocionar dentro de los gobiernos chavistas, como ocurrió con Arturo Cubillas y su mujer, entre otros.
Los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro llegaron a incumplir los mandatos de la Constitución Venezolana al nacionalizar y conceder cédulas venezolanas a asesinos con sentencia firme en España, tal y como sucedió con De Juana Chaos cuando en el verano de 2008 huyó a Venezuela y pudo acceder a esa nacionalidad poco tiempo después. La connivencia del Gobierno bolivariano socialista llegó a tal punto que durante estos últimos 26 años ha estado mirando hacia otro lado cuando las organizaciones terroristas ETA y FARC estrecharon lazos para que los primeros enseñaran a los segundos a fabricar bombas lapa para los atentados terroristas. A cambio, las FARC inyectaron grandes cantidades de dinero a ETA, haciéndoles partícipes del negocio de la cocaína.
A principios de este siglo el Gobierno venezolano comenzó a mantener unos estrechos lazos con las FARC y con el narcoterrorismo, ya que altos dirigentes gubernamentales venezolanos se enriquecían con el negocio de la cocaína. Lógicamente, todos los «socios» de las FARC, en este caso ETA a través de Arturo Cubillas, estaban protegidos por el Gobierno chavista pues todos formaban parte del negocio narcoterrorista. Hoy, el etarra Arturo Cubillas se encuentra en el País Vasco porque el Gobierno socialista español le ha facilitado el pasaporte para poder volver a España alegando que sus causas terroristas se encuentran ya prescritas.