España se juega perder el paso de la nuclear
Mientras el Gobierno español mantiene su hoja de ruta de cierre nuclear entre 2027 y 2035, el tablero internacional se mueve en sentido contrario. Alemania –epicentro político del antinuclearismo europeo– ha comenzado a replantearse su posición en un contexto de crisis energética y pérdida de competitividad industrial. Francia consolida su parque y proyecta nuevos reactores. Reino Unido quiere cuadruplicar su capacidad en 2050. Bélgica amplía la vida de sus centrales diez años. Suecia construirá una nueva planta en 2026. Suiza estudia derogar la prohibición de nuevas centrales. Italia prepara un marco para reintroducir tecnología nuclear. Y en Estados Unidos reactores ya apagados vuelven a arrancarse para abastecer la creciente demanda de los centros de datos.
El cierre implicaría emitir 21 millones de toneladas extra de CO2
El mensaje es inequívoco, la energía nuclear ha regresado al centro de la estrategia energética global. La COP28 incorporó explícitamente la nuclear como herramienta para acelerar la reducción de emisiones y 24 países se comprometieron a triplicar la capacidad mundial hasta 2050. Además, la Unión Europea la ha incluido en la taxonomía verde de inversiones sostenibles. No es una etiqueta política, es el reconocimiento de que se trata de una fuente baja en carbono, firme y estratégica para la neutralidad climática.
En España, sin embargo, el debate sigue anclado en 2019. Desde entonces, el contexto ha cambiado radicalmente. La guerra de Ucrania disparó el gas por encima de 300 euros el megavatio hora y llevó el mercado eléctrico español a superar los 500 euros/MWh. Las renovables avanzan, pero a un ritmo inferior al previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
La eólica instala 1,2 gigavatios al año frente a los 4,3 GW planificados (-72%) y el almacenamiento apenas 1,2 GW frente a los 2,7 previstos (-56%). Al mismo tiempo, la demanda eléctrica vuelve a crecer. Entre enero y septiembre de 2025 aumentó un 2,4%, hasta 192 teravatios hora.
Cerrar centrales en este escenario tiene implicaciones cuantificables. Solo el cierre de Almaraz –2.093 MW– supondría perder 15.700 GWh anuales, el 7% de la demanda peninsular. Esa energía, libre de emisiones y con un factor de utilización cercano al 90%, debería sustituirse con gas natural, incrementando el consumo en 28.545 GWh al año y elevando las importaciones en 1.427 millones de euros.
El impacto climático sería directo. Prescindir del parque nuclear implicaría emitir 21 millones de toneladas adicionales de CO₂ cada año, un aumento del 73% respecto al «mix» actual (de 26 a 47 MtCO₂).
Paradójicamente, cerrar una fuente considerada limpia por los principales organismos internacionales incrementaría emisiones y alejaría los objetivos climáticos.
España rompe su tendencia de descarbonización, ya que las emisiones repuntan un 0,6% en 2025. El Observatorio de Sostenibilidad advierte que el país se aleja de sus objetivos para 2030 tras un incremento en las emisiones respecto a 2024 impulsado por la quema de gas y el auge del transporte por carretera y del turismo.
Tampoco es neutro para el bolsillo. En un escenario sin nuclear, el precio mayorista subiría unos 37 €/MWh. La factura eléctrica aumentaría un 23% para hogares y pymes y un 35% para la industria, lo que equivale a casi 8.000 millones de euros anuales adicionales para los consumidores. Incluso cumpliendo el PNIEC, el cierre elevaría el precio en 13 €/MWh y multiplicaría por seis las emisiones y el consumo de gas natural.
El argumento de seguridad tampoco es menor. En 2024 se registraron 168 horas con riesgo de suministro en un escenario sin nuclear. El ejemplo del 11 de diciembre de 2024 mostró que, aun con los ciclos combinados a pleno rendimiento, faltarían 1.712 MWh en una hora punta, equivalente al consumo de 3,5 millones de hogares.
Hace apenas dos semanas, además, se produjo un hecho inédito en la historia del mercado eléctrico español, la central de Almaraz fue despachada en el mercado de Restricciones Técnicas para asegurar el suministro en la península. Es decir, el propio sistema tuvo que recurrir de forma extraordinaria a una central cuyo cierre está programado para garantizar la estabilidad y la cobertura de la demanda. La realidad operativa contradice así el calendario político.
En 2024 hubo 168 horas de riesgo de suministro sin la energía nuclear
Las nucleares se ven asfixiadas por tributos específicos como el impuesto al combustible gastado (tasa Enresa) o la ecotasa autonómica que han disparado un 30% el coste por encima de lo acordado. Las nucleares no las cierran sus propietarios, las asfixian estos tributos. Sin oxígeno mueren pero eso sí, habrá más gas.
El apagón puso de manifiesto que el sistema eléctrico se debilita sin máquinas síncronas –nucleares y ciclos combinados–. La operación reforzada de Red Eléctrica para evitar de nuevo un cero eléctrico, está costando mucho dinero y la cifra sería aún mayor si se cerrasen las nucleares. Hay que cubrir económicamente el respaldo que ahora dan las nucleares por 60 €/MWh y prestarlo con ciclos combinados a 170 €/MWh. ¿Queremos dar ese susto a los consumidores y votantes? Por cierto, estos últimos ya hablaron en Almaraz-Extremadura.
Esta misma semana, la Plataforma Ciudadana en Defensa de Almaraz se ha manifestado ante el Congreso de los Diputados para alertar de los más de 4.000 puestos de trabajo que desaparecerían con el cierre de la central. La protesta incluyó una furgoneta con una pancarta que señalaba directamente la responsabilidad política de la vicepresidenta Yolanda Díaz en una decisión que, según denuncian, se lleva por delante a toda una comarca. El debate energético tiene cifras macroeconómicas, pero también tiene rostro, empleo y territorio. El debate ya no es ideológico, sino estratégico. Mientras Europa y el mundo refuerzan la nuclear como pilar de competitividad, descarbonización y soberanía energética, España avanza hacia su desmantelamiento acelerado.
La pregunta no es si la transición debe ser renovable –lo será–, sino si puede permitirse prescindir de una tecnología limpia, estable y ya amortizada en plena tormenta geopolítica y con la electrificación apenas siendo un brote respecto a lo que será.
En la carrera energética global, perder el paso no es una cuestión simbólica. Es una cuestión de competitividad, de seguridad y de coste para hogares e industria. Y hoy, todo indica que España vuelve a quedarse rezagada.