El catalán como condición en la regularización

El Govern del socialista Salvador Illa ha anunciado su intención de enmendar el Reglamento de Extranjería para que el conocimiento del catalán deje de ser un mérito y pase a constituir un requisito en la renovación de los permisos de residencia derivados del proceso extraordinario de regularización aprobado por el Ejecutivo mediante real decreto. Según cálculos de la propia Generalitat, la medida podría afectar en Cataluña a unas 170.000 personas. En términos similares se ha expresado el Gobierno balear de Marga Prohens, que ha reclamado que los inmigrantes muestren voluntad de aprender la lengua propia. La propuesta contradice las palabras de la ministra Elma Saiz que, en marzo de 2025, rechazó esta posibilidad cuando Junts quiso enmendar la ley para que Cataluña contara con «competencias estatales» sobre inmigración: «La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona del país o para prohibir la entrada», dijo entonces la ministra. El alcance de esta iniciativa es mayor de lo que aparenta. La regularización extraordinaria promovida por el Gobierno central afecta, de acuerdo con fuentes oficiales, a en torno a medio millón de personas en toda España. Hasta ahora, el conocimiento de las lenguas oficiales no constituye requisito para la concesión ni para la renovación de la residencia. Con la enmienda anunciada, el permiso podría revocarse si, transcurrido un año, el interesado no acredita formación lingüística suficiente. Se produciría así un giro sustancial en la naturaleza de un proceso que ya ha sido cuestionado por su carácter masivo y por la insuficiencia de garantías en aspectos sensibles como la verificación de antecedentes. Desde una perspectiva institucional, convertir en requisito lo que hasta ahora era un mérito plantea objeciones de fondo. El catalán es lengua cooficial en Cataluña, como el euskera o el gallego en sus respectivos territorios, pero el derecho de residencia es una competencia estatal y un estatuto jurídico común para todo el territorio nacional. Establecer condiciones diferenciadas en función de la comunidad autónoma introduce una asimetría que puede derivar en desigualdad efectiva. Si en las comunidades con lengua cooficial ésta se convierte en una barrera adicional, el proceso resultará más sencillo en las de régimen común, generando un incentivo perverso y fragmentando el mercado laboral y la movilidad interna. La lengua es un instrumento de integración y cohesión, no una frontera administrativa para que la manipulen los nacionalistas. Fomentar su aprendizaje es deseable, pero transformarla en filtro jurídico para acceder o mantener la residencia supone un exceso que desnaturaliza su función y tensiona el marco constitucional. El Estado debe preservar la igualdad básica de derechos y obligaciones en todo el territorio. Cualquier reforma del Reglamento de Extranjería ha de reforzar la seguridad jurídica y la coherencia del sistema, no añadir incertidumbre ni alimentar agravios comparativos. España necesita una política migratoria ordenada, previsible y común, no un mosaico de requisitos que conviertan la residencia en un privilegio condicionado por la geografía.