Óscar López deja fuera de la jornada de 35 horas a 250.000 funcionarios: policías, militares, funcionarios de prisiones...

La negociación para la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración pública avanza a trompicones y no termina de cristalizar, después de que el Ministerio de Función Pública haya dejado fuera de esta medida a decenas de miles de funcionarios y tampoco haya aceptado dar una solución a la jubilación parcial anticipada del personal laboral.

Pese a los «evidentes avances» de la mesa de diálogo, reconocen fuentes sindicales, las posiciones están todavía muy alejadas, sobre todo la de CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), que ha exigido que el texto definitivo de la reducción de jornada pase a ser normativa básica para que se incluya su aplicación a todo el personal de la AGE, el personal de Instituciones Penitenciarias y todo el sector público. Es decir, que se incluya al personal militar, fuerzas de seguridad, funcionarios de prisiones y el personal que presta servicio en centros docentes y sanitarios –que ahora están fuera y que sumarían en torno a 250.000 empleados–, o que se le compense económicamente o con otros beneficios.

Pero, de momento, el Ministerio mantendrá la medida sin reconocer ese derecho a estos funcionarios y lo elevará «en los próximos días» a la mesa general de este ámbito, que todavía no tiene fecha. Su intención es que la jornada de 35 horas se aplique ya desde marzo y no afecte a la nueva contratación.

Fuentes consultadas por LA RAZÓN han explicado que el Ministerio se ha mostrado en disposición de negociar una fórmula que permita, «de alguna manera», la inclusión de estos colectivos y ha emplazado a las organizaciones sindicales a una nueva reunión el próximo lunes, a la que acudirán con varias líneas rojas para llegar a un acuerdo: no avanzarán en materia de Seguridad Social hasta que no se dé una solución a la jubilación parcial anticipada del personal laboral, así como la regulación del teletrabajo –también comprometida en la AGE pero sin desarrollo–, la promoción interna, el aumento de las contrataciones, la actualización de cuantías por razón de servicio y el refuerzo de los servicios de Muface. Fuentes ministeriales han expresado que están dispuestos a negociar todas estas medidas.

Tras la firma del Acuerdo Marco para la Administración, Función Pública ya comunicó a las organizaciones sindicales que lo firmaron, CC OO y UGT, que ya se había iniciado el procedimiento para implantar las 35 horas semanales, por lo que en «los próximos días» se impulsará su aplicación y se realizarán las «adaptaciones indispensables» para que la cobertura del servicio no se resienta.