Detectives privados para controlar bajas laborales: la medida de una empresa pública para evitar fraudes
España tiene un problema con el absentismo laboral. Según un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), entre 2017 y 2024 el número de bajas laborales ha aumentado en un 60%.
Por otro lado, las horas no trabajadas por incapacidad temporal representan ya el 78,1% de todas las horas no trabajadas, tal y como indica el Estudio de Incapacidad Temporal presentado el pasado miércoles por Pimec.
Se trata de una situación que ha empeorado en los últimos años y que sitúa a España como líder de la clasificación europea de absentismo por incapacidad temporal, con un 6,5% de la población ocupada, muy por delante de países como Francia, Italia y Alemania.
Y en este contexto, las empresas ya tratan de impedir el problema mediante diferentes fórmulas. En el caso de una empresa pública, la forma de evitar el fraude a través de estas bajas laborales ha sido mediante la contratación de detectives privados.
Detectives para controlar bajas laborales dudosas
Cada vez son más los españoles que acceden a una incapacidad temporal, ya sea por enfermedad o accidente. Este mecanismo trata de proteger a los trabajadores frente a las empresas, pero muchas veces es utilizado de forma fraudulenta para faltar al trabajo de manera justificada.
Por ello, una compañía ha tomado una decisión drástica. En este caso, la empresa pública Gestión y Servicios de Paterna (Gespa) ha contratado a una firma de detectives privados para controlar posibles fraudes en las bajas de sus trabajadores.
El informe de contratación refleja que el objetivo es el de investigar las irregularidades cometidas por "clientes, proveedores, empresas colaboradoras, personal trabajador, órganos de dirección o administración" que pudieran "afectar negativamente a los principios, valores, derechos e intereses de la entidad", y el desembolso total ha sido de 21.659 euros.
Una decisión tomada a finales de 2025
Con el aumento exponencial de absentismo laboral, la empresa encargada de dar servicios públicos al municipio de paterna determinó a finales de 2025 la necesidad de contratar a una compañía de vigilancia privada.
La misión de los detectives era la de verificar situaciones de incapacidad temporal y permanente del personal trabajador, la investigación de posibles incumplimientos o fraudes y el seguimiento de actuaciones presuntamente irregulares.
En caso de detección de trabajadores sospechosos, los pasos a seguir por la empresa eran recoger datos relevantes (datos privados, localizaciones de su rutina diaria u horarios) para iniciar las tareas de investigación y seguimiento.
Una vez se iniciase la investigación, los detectives tendrían que seguir a la persona un mínimo de dos días y, en caso de ser requerido, investigar incluso fines de semana, festivos o turnos nocturnos o de vacaciones.
Con todo ello, según las conclusiones extraídas, los detectives tendrían la misión de asistir a juicios para defender el informe de pruebas recabadas, en caso de ser necesario.
7.000 euros de indemnización para una empleada vigilada por su empresa
Una sentencia reciente ha declarado nulo el despido de una trabajadora y ha condenado a la empresa a indemnizarla con 7.501 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la intimidad. La compañía, que sospechaba de la veracidad de la baja médica de la empleada, contrató los servicios de un detective privado para seguirla y observar sus actividades cotidianas.
Los informes del investigador documentaron actos como llevar a sus hijos al colegio o realizar gestiones domésticas, que la empresa presentó como prueba de que la empleada podía desarrollar su trabajo, sin embargo, el tribunal ha determinado que estas actividades son compatibles con una situación de incapacidad temporal y que la vigilancia instaurada sobre la vida privada de la trabajadora fue desproporcionada y carente de justificación.
La sentencia subraya que el domicilio y el entorno familiar disfrutan de una protección constitucional que no puede ser traspasada sin una sospecha fundada de fraude.