Caso Julia Chuñil: derechos humanos y el desafío ambiental en tiempos de incertidumbre

A meses de la desaparición de Julia Chuñil, la investigación continúa abierta y las hipótesis han oscilado entre escenarios distintos. En un momento, la posibilidad de una violencia intrafamiliar ocupó el centro de la discusión pública. Hoy, nuevas diligencias se desarrollan en un fundo vinculado al sector forestal. No hay aún una verdad judicial concluyente. Y, sin embargo, el caso ya ha producido efectos sociales, políticos y simbólicos que trascienden su eventual desenlace.

La incertidumbre no es un vacío neutro. En territorios marcados por conflictos socioambientales históricos, la ausencia de una verdad clara se llena rápidamente de memoria, sospecha y experiencia acumulada. Cuando una mujer mapuche, habitante rural y defensora de su entorno, desaparece en el sur del país, el hecho no ocurre en abstracto. Ocurre en un contexto donde existen disputas por la tierra, tensiones en torno al modelo forestal, debates sobre el bosque nativo y antecedentes de vulneración de comunidades.

Desde la perspectiva de los derechos humanos, esa contextualidad importa. El derecho internacional ha reconocido progresivamente la especial situación de riesgo en que se encuentran quienes defienden el medio ambiente y el territorio. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Chile, no es una declaración simbólica: impone obligaciones concretas de prevención, protección y acceso a la justicia. Cuando una defensora ambiental desaparece, el Estado no puede limitarse a una investigación formal; debe activar estándares reforzados de debida diligencia.

Pero también pesa otra realidad que no puede ignorarse. Los crímenes al interior de una familia no son excepcionales ni anomalías estadísticas, sino una dimensión estructural de la violencia contemporánea. La criminología y la experiencia judicial muestran que una proporción significativa de los homicidios ocurre en contextos intrafamiliares o de vínculos cercanos. Allí confluyen dependencia económica, disputas patrimoniales, historias de violencia normalizada y largos silencios sociales. La violencia familiar es más frecuente de lo que culturalmente se admite, precisamente porque ocurre en espacios idealizados como refugio.

La dificultad del caso Chuñil es que ambas dimensiones son plausibles en el marco de nuestra realidad. La violencia estructural que afecta a los territorios existe. La violencia intrafamiliar también. La investigación deberá establecer hechos y responsabilidades. Pero mientras esa verdad no se consolide, la obligación estatal no disminuye. Por el contrario, aumenta.

En contextos de cambio de gobierno, las instituciones tienden a reacomodarse, las prioridades se redefinen y los equipos se reestructuran. Precisamente en esos momentos es cuando la consistencia institucional debe demostrarse con mayor claridad. La transición política no puede convertirse en un período de ambigüedad investigativa ni de debilitamiento de la acción estatal. La continuidad de la protección de derechos no es opcional ni depende del signo del Ejecutivo de turno.

Aquí adquiere centralidad la independencia del Ministerio Público. La Fiscalía debe investigar sin presiones políticas, sin interferencias económicas y sin condicionamientos mediáticos. La credibilidad democrática depende de que todas las hipótesis se examinen con igual rigor y de que ninguna línea investigativa sea descartada por conveniencia o incomodidad. La autonomía del Ministerio Público no es una formalidad constitucional; es una garantía de derechos fundamentales.

Desde un enfoque de derechos humanos, el estándar no cambia según la hipótesis dominante. El Estado tiene la obligación de investigar con independencia, imparcialidad y eficacia. Tiene la obligación de proteger a quienes ejercen liderazgo territorial. Y tiene la obligación de comunicar con transparencia, evitando que la opacidad o las filtraciones fragmentarias profundicen la polarización social. La debida diligencia implica recursos adecuados, peritajes técnicos sólidos, resguardo de pruebas y ausencia de interferencias indebidas.

El movimiento ambiental, por su parte, enfrenta un desafío distinto pero complementario. No se trata de anticipar conclusiones, sino de sostener principios. La movilización inicial frente a una desaparición fue legítima. La exigencia de verdad sigue siéndolo. Lo que debe evitarse es la captura del caso por narrativas que absoluticen escenarios aún no probados.

Si el caso derivara finalmente en un crimen intrafamiliar, ello no invalidaría la existencia de conflictos socioambientales estructurales. Si, por el contrario, se confirmara una intervención vinculada a intereses territoriales o económicos, ello obligaría a revisar con mayor severidad los mecanismos de protección estatal. En ambos escenarios, la dimensión de derechos humanos permanece intacta.

La expansión de monocultivos forestales, la sustitución histórica del bosque nativo, la fragmentación de ecosistemas y la presión hídrica son procesos documentados que no dependen de este caso para existir. Sin embargo, cuando esos procesos se desarrollan en contextos de desigualdad territorial y pueblos indígenas históricamente marginados, adquieren una dimensión adicional: el derecho a vivir en un medio ambiente sano, el derecho a la autodeterminación cultural y el derecho a participar efectivamente en decisiones que afectan la vida comunitaria.

Hay, además, una dimensión psicosocial que no puede ignorarse. La incertidumbre prolongada produce trauma colectivo. Comunidades que ya enfrentan tensiones territoriales viven bajo una narrativa cambiante, donde cada nueva diligencia reabre heridas y sospechas. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el trauma no es solo una consecuencia emocional; es también un indicador de fragilidad institucional. Un Estado que no logra ofrecer verdad oportuna erosiona la confianza pública y debilita la cohesión social.

Tal vez la lección más exigente de este proceso sea esta: las violencias no compiten entre sí; se superponen. La violencia intrafamiliar, íntima, silenciada y devastadora, no anula la violencia estructural que afecta a los territorios y a los ecosistemas. Del mismo modo, la denuncia ambiental no puede construirse negando la complejidad humana de quienes habitan esos territorios. Un movimiento ambiental maduro no necesita héroes sin fisuras, sino principios sin concesiones.

Exigir que la verdad judicial avance hasta el final, aunque incomode, no debilita la causa ecológica; la fortalece. Porque el bosque nativo, el agua y el endemismo del sur de Chile no pueden depender de la impecabilidad narrativa de un caso humano. Dependen de instituciones sólidas, de una ética pública coherente y de un compromiso real con los derechos humanos. Dependen de la capacidad de sostener dos convicciones al mismo tiempo: que ninguna violencia debe ser instrumentalizada y que ningún daño ecológico queda invalidado por el desenlace trágico de una historia familiar. En esa tensión, difícil pero necesaria, se juega no solo la credibilidad del movimiento ambiental, sino también la calidad de nuestra democracia.

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Gonzalo Bacigalupe, profesor de la Universidad de Massachusetts Boston.