Fiscalía pide una condena ejemplar de 11 años al 'yonki del dinero': «La corrupción es el cáncer de la democracia»

Fiscalía ha elevado a 11 años la petición de cárcel para Marcos Benavent, exgerente de la empresa pública Imelsa y autodenominado 'yonki del dinero', por los presuntos amaños en contratos del Ayuntamiento de Valencia y ha pedido al tribunal que dicte una condena «dura y ejemplar» porque «la corrupción es el cáncer de la democracia»: «La democracia es un sistema fuerte, pero también es débil, hay que mimarla, hay que cuidarla, y hay que protegerla siempre y en todo lugar». Así lo ha señalado este lunes en la exposición de su informe final en el juicio que se sigue en la sección quinta de la Audiencia de Valencia por la pieza E del denominado caso Imelsa, relativo a presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2003 y 2007, época de la fallecida María José Alcón. El fiscal solicita así 11 años de cárcel--cinco por cohecho, seis por malversación y nueve años de inhabilitación por prevaricación-- frente a los seis años y medio de cárcel que reclamaba es su escrito provisional al retirar la atenuante de colaboración con la justicia por la confesión inicial del principal acusado, porque durante el juicio oral 'el yonki del dinero' ha negado su participación en los hechos. «Esto es la indignidad humana, el absoluto desprecio por la ley, por el procedimiento, con el buen hacer, y todo por un puñado de euros, por quedarse con 29.000 euros. ¿Merece la pena?. Esto es corrupción», ha sentenciado. En esta pieza hay cinco acusados: Benavent; Vicente Burgos, exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just --el fiscal le pide cinco años de cárcel--; y tres representantes legales o apoderados de empresas adjudicatarias --Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent--, para los que Fiscalía reclama tres años de cárcel. Respecto a Benavent, el ministerio público ha recalcado que además del cobro de comisiones, se le debe condenar por cobrar sin trabajar en la Fundación Jaume II El Just --entidad por la que estuvo contratado--. «Es muy fácil cobrar sin trabajar, pero hay que ser responsables y saber que si no nos toca la lotería hay que trabajar». Al respecto, el ministerio fiscal ha subrayado que las pruebas «no son indiciarias, son directas», tanto por las declaraciones en la fase de instrucción, aunque luego se haya retractado, como por los audios, que «dan vergüenza ajena oírlos». «Cualquiera que los ha oído se ha dado cuenta de cómo autoridades y funcionarios juegan con la res publica, aquéllos que han sido elegido por los ciudadanos son los que les engañaban y eso es especialmente grave», ha constatado. Asimismo, ha calificado de «groseras» las declaraciones de Benavent durante el juicio oral, en las que afirmó que no ratificaba su confesión en instrucción porque no estaba en sus condiciones físicas ni mentales porque cuando las realizó fumaba marihuana. También dijo que alteró las grabaciones. Estas manifestaciones, a su juicio, «suponen faltar al respeto a su letrado, a la Guardia Civil, al juez de instrucción y al ministerio fiscal porque evidentemente nadie que no se encuentre en condiciones hubiera tenido que declarar ante estas autoridades, lo que pasa es que se ha arrepentido de arrepentirse. No nos creemos nada de lo que ha dicho», ha subrayado. Del mismo modo, ha rechazado la solicitud de su defensa de nulidad. Así ha negado que haya habido una supuesta infracción en la cadena de custodia ni que haya habido manipulación en las grabaciones que dieron origen al caso, lo que ha tildado incluso de «impertinentes» y al respecto se ha referido a las sentencias condenatorias de la sección segunda y quinta en otra piezas de la misma causa. Además, ha afirmado que no ha habido dilaciones indebidas aplicables a una mala organización de la justicia en este acuasa, que se declaró compleja. También ha refutado la alegación de las defensas de 'cuasiprescripción': «Mi imaginación no vuela tanto. Hay que atenerse a la ley». Por contra, el abogado de Benavent, Juan Carlos Navarrro, ha elevado a definitiva su petición de absolución de su cliente. Así, ha planteado diversas nulidades como la investigación llevada a cabo por Rosa Pérez, quien aportó un pendrive a la Fiscalía con diferentes grabaciones que originaron el procedimiento. «Quién es ella para coger un pendrive que sabe que tiene hechos delictivos para investigar por su cuenta y no entregarlo desde el primer momento», ha apuntado el letrado, que ha acusado a la exconsellera y exportavoz de Esquerra Unida en la Diputación de Valencia de haber querido «obtener un rédito político». También ha cuestionado el auto de entrada y registro de fecha 25 de enero de 2016 referido a la entrada al domicilio particular de Alcón, el resto de empresarios acusados y la Fundación Jaume II. Ya entrando en el fondo, ha planteado que no son constitutivos de delito los hechos por los que se le enjuicia a Benavent y que de apreciarse «hay circunstancias modificadoras» como la atenuante muy cualificada de dilación indebida --porque los hechos se incoan en el año 2015 y se juzgan en el año 2026, es decir 11 años-- o la atenuante cuasiprescripción, que «no es nueva», y que se solicita, como en esta causa, para «los casos en los que falta poco tiempo para que prescriba». Por su parte, Marcos Benavent, a la salida del juzgado, ha señalado que no tiene previsto hacer uso de sus derecho a la decir la última palabra. «No voy a decir nada porque yo creo que ya sabe todo. A esperar la sentencia pero yo creo que hoy hemos demostrado que hay muchas cosas que desde el Ministerio Fiscal se me acusa que no son cierta, muy contentos», ha apuntado«.