Sánchez vota la multirreincidencia con PP y Vox, refuerza a Puigdemont y no saca nada a cambio

Los intereses de la política generan, en ocasiones, extraños compañeros de viaje. Ayer, el Congreso de los Diputados volvió a ver un claro ejemplo de ello con la aprobación de la llamada ley de multirreincidencia. Se trata de una vieja promesa del PSOE a Junts y que fue aprobada gracias a que los socialistas unieron sus votos a los de los independentistas catalanes y a los de PP, Vox, UPN y PNV. Los socios habituales del Ejecutivo, excepto ERC que se abstuvo, votaron en Contra.

Es decir, el partido de Pedro Sánchez se alineó ayer con la oposición parlamentaria a su Gobierno para cumplir con Carles Puigdemont. El problema es que, tras la votación, Junts no dio a cambio signos de acercamiento, más bien todo lo contrario, y sí ha servido para tensionar las relaciones dentro del Consejo de Ministros. Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida y miembro de Sumar, calificó la norma de "delirio populista" y acusó al PSOE de estar llevando a cabo un "experimento de la gran coalición" entre los dos partidos mayoritarios.

La ley, que endurece diversas penas para delitos menores en caso de reincidencia a través de sendas reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, fue registrada en el Congreso por Junts en marzo de 2024. Los independentistas aseguran que es parte de lo pactado con el PSOE en la mesa de negociación que ambos partidos compartían en Ginebra. Sin embargo, los socialistas aprovecharon su control de la Mesa de la Cámara Baja junto a Sumar para bloquear su tramitación parlamentaria y el texto quedó estancado.

Hartos de lo que consideraban reiterados incumplimientos, Junts anunció en noviembre del año pasado que rompía todo tipo de relación con el PSOE. Pasó incluso a registrar enmiendas a la totalidad a todas las normas que partieran del Gobierno y se instaló en el bloqueo absoluto. Aunque ambos partidos han mantenido un "hilillo" de comunicación, la distancia entre las dos partes es sideral. Fue en ese momento, tras la ruptura de Junts, que el Congreso, ya sí, desbloqueó la tramitación de la ley de multirreincidencia, que siguió todos los pasos hasta su aprobación ayer. Ahora solo queda que sea ratificada por el Senado.

A pesar de los evidentes indicios, en el Ejecutivo intentan ahora que cale la idea de que no es una cesión a nadie. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó ayer que fuera "una concesión" y dijo que, "simplemente", ahora se ha entendido una norma "oportuna" para incrementar las garantías legales ante "la gravedad de unos hechos". También aparecieron diputados del PSC reivindicando la norma ayer, por los pasillos del Congreso, defendiéndola como si fuera propia.

Lo cierto es que los socialistas catalanes llevan tiempo hablando de que la seguridad puede ser "una política de izquierdas". Esto se debe a que muchos de los problemas de delincuencia que hay se concentran en la comunidad autónoma y el PSC está aceptando unos marcos distintos al resto del partido, como hace, por ejemplo, con la okupación. Por eso ERC también ayer se abstuvo, y aunque su portavoz, Gabriel Rufián, aseguró que tenía un "tufillo racista", no quiso votar en contra. Eso sí, lo hicieron después de que el PSOE se comprometiera a aumentar el número de jueces en Cataluña. Una cesión que guarda, en realidad, un gesto de buena voluntad, ya que el voto de los republicanos no era necesario para aprobar la norma.

Pero, a pesar de los intentos socialistas por desviar la atención, a nadie se le escapa que la ley de multirreincidencia estuvo paralizada en el Congreso de los Diputados durante casi 20 meses, hasta que Puigdemont anunció su ruptura con el PSOE y, entonces, el texto se desatascó en cuestión de días.

Sin embargo, los socialistas no han obtenido grandes gestos a cambio de ello. Fuentes de Junts aseguran que la relación con el PSOE está ahora igual que antes y que, por ejemplo, no están pensando en votar a favor del decreto del llamado escudo social, que ya tumbaron el pasado mes de enero y que siguen rechazando por la moratoria antidesahucios. Ni siquiera un pacto del PSOE con el PNV para descafeinar la medida sirve para atraer a los independentistas catalanes.

Muestra de esa posición es que Carles Puigdemont aprovechó ayer para demostrar su fuerza y, en cierta forma, humillar al PSOE. "El PSOE había bloqueado esta ley, pese a haberla pactado con nosotros hacía mucho tiempo, y sólo la ha desbloqueado y aprobado una vez que hemos roto el pacto con ellos", publicó en la red social X. "Queda clara cuál es la forma para que entiendan las cosas", añadió, mostrándose reforzado. "Y no es, precisamente, resignarse como hacen sus socios, que priorizan detener a la derecha mientras que en realidad lo que acaban parando son los trenes en Cataluña", puntualizó, en un claro guiño a ERC y a Gabriel Rufián.

Uno de los ejes principales de la nueva norma es que prevé penas de cárcel de uno a tres meses en aquellos robos menores de 400 euros. Esto antes no conllevaba prisión y, además, el castigo podrá aumentar de uno a tres años de cárcel si se ha sido condenado anteriormente en tres ocasiones. Viene a convertir la multirreincidencia en un agravante muy serio.

Pero no es la única medida. También eleva las penas de robos de móviles o aparatos informáticos que contengan datos personales, precisamente por incluir esa información sensible, y se extiende la previsión del castigo por multirreincidencia a los casos de estafa, cuando haya ánimo de lucro. Además, el PSOE pactó con el PNV una enmienda que permitirá prohibir a los delincuentes el acceso a determinados barrios o zonas, así como el contacto con determinadas personas.

PP, PNV y Junts también acordaron una enmienda que establece una pena de prisión de uno a cinco años para aquellos que lleven a cabo la práctica denominada como "petaqueo", que implica dotar de apoyo logístico a las narcolanchas.