Fiscalía abre causa penal por irregularidades en demoliciones tras megaincendio en Valparaíso
El Ministerio Público abrió una investigación penal para indagar eventuales delitos vinculados a la ejecución de recursos públicos tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, luego de que la Contraloría General de la República detectara “graves irregularidades” en el proceso de demolición de viviendas siniestradas.
La decisión se adoptó tras recibir informes finales de auditoría del ente fiscalizador, los que fueron analizados a nivel central y posteriormente derivados a la Fiscalía Regional de Valparaíso, que quedó a cargo de las diligencias. Así lo confirmó el director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos.
“Hemos recibido diversos informes de la Contraloría General de la República respecto a informes de carácter final ejecutados de la Dirección Regional de Arquitectura”, señaló Campos, precisando que estos se relacionan con los procesos implementados tras los incendios ocurridos en febrero del 2024.
De acuerdo con los antecedentes, los informes dan cuenta de “graves irregularidades en el proceso de demolición de las viviendas siniestradas”, que involucran cerca de un centenar de inmuebles y recursos públicos que, hasta ahora, superan los $1.100 millones. “Atendida la gravedad de los antecedentes recibidos y analizados, desde la Fiscalía Nacional (…) fueron remitidos a la Fiscalía Regional de Valparaíso para el desarrollo de cada una de las diligencias y el éxito de la investigación”, agregó.
Previamente, la Contraloría había ordenado la instrucción de sumarios administrativos y remitido los antecedentes tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado (CDE), para que evalúen eventuales acciones judiciales.
Entre las observaciones detectadas por el organismo fiscalizador figuran pagos por servicios que no habrían sido ejecutados, uso de maquinaria cuya existencia no pudo acreditarse, subcontrataciones no autorizadas y sobreprecios que, en algunos casos, superarían el 500%. Asimismo, los informes incluyen reparos a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, a los municipios de Quilpué y Viña del Mar y a la Dirección Regional de Arquitectura, apuntando a deficiencias en los procesos de compra, gastos improcedentes y falta de control en la entrega de ayudas a personas damnificadas.