“Hay más de 180 mil personas amenazadas”: organizaciones civiles llaman a concluir regularización de migrantes empadronados

La propuesta de la exministra del Interior, Carolina Tohá, de regularizar antes del 11 de marzo a más de 180 mil personas que participaron en el empadronamiento biométrico abrió un nuevo flanco en la recta final del gobierno.

Mientras la vocera Camila Vallejo descartó que una medida de esa magnitud pueda concretarse en las semanas que restan de administración, el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, calificó la idea como “de muy mal gusto” a un mes del cambio de mando, señalando que sus efectos los debería asumir la próxima gestión.

En ese escenario, organizaciones migrantes y de la sociedad civil reaccionaron al debate, poniendo el foco en las consecuencias institucionales y humanas de dejar inconcluso el proceso iniciado por el propio Estado.

Para Gabriela Hilliger, directora jurídica del Servicio Jesuita Migrante, lo planteado por la exministra es “muy relevante”, considerando que “cientos de miles de personas extranjeras confiaron en el Estado cuando hizo un llamamiento a participar del empadronamiento biométrico”. Subrayó que se trata de personas que “entregaron toda su información” en un proceso que, en el marco de la Política Nacional de Migración, generó la expectativa de que “terminaría con una regularización”.

Hilliger recordó que los empadronados, en su mayoría, tienen arraigo laboral y familiar y no cuentan con antecedentes penales. Por lo mismo, advirtió que en una política de priorización de expulsiones “no es el grupo al cual uno quisiera destinar los recursos”. A su juicio, avanzar hacia una regularización permitiría “disminuir el grupo que está en situación migratoria irregular”, diferenciando entre quienes buscan integrarse y quienes representan una amenaza real.

La abogada también alertó sobre el efecto institucional que podría tener no concluir el proceso: si quienes confiaron en el Estado terminan siendo los primeros identificados para expulsiones, “quiere decir que quien esté en el Estado en un futuro y quiera hacer un llamamiento (…) no va a tener éxito en esa convocatoria”. En ese sentido, llamó a que el gobierno saliente y el entrante dialoguen para “concluir lo que se hizo con el empadronamiento biométrico”, ya que resolverlo podría ser “positivo” también para la próxima administración.

Desde el Movimiento de Acción Migrante, su vocero Eduardo Cardoza reconoció que “hay mucho de verdad en los dichos de la exministra del Interior”, pero cuestionó el momento del planteamiento. “¿Por qué no lo hizo ella en el momento que tenía las posibilidades de impulsarlo con tiempo y con la información necesaria para hacerlo bien? ¿Y por qué ahora cuando ya sabe que es imposible poder implementarla?”, preguntó.

Cardoza advirtió que “no se puede jugar con las expectativas de cientos de miles de personas honestas que esperan este milagro que seguramente no se producirá”. Recordó que la regularización ha sido solicitada “desde 2015” por organizaciones y la academia, y sostuvo que en los últimos años ha predominado una política restrictiva.

Respecto de la preocupación planteada por Tohá acerca de que los datos del empadronamiento puedan facilitar expulsiones, el dirigente señaló que tempranamente advirtieron que, si el proceso no conducía a regularización, “era muy peligroso porque podía usarse con otros fines que los declarados”. Hoy, con el cambio de gobierno, afirmó, el empadronamiento “se transforma en una amenaza a nada menos que 180 mil personas”.

Sobre la respuesta de la vocera Camila Vallejo, quien descartó una regularización antes del 11 de marzo por tratarse de un proceso que debe trascender a una sola administración, Cardoza fue crítico: “Las regularizaciones no necesitan nada más que el tiempo para efectuarse y la voluntad del Ejecutivo; el resto son solo palabras para justificar lo injustificable”. A su juicio, durante este gobierno “la balanza se terminó de inclinar hacia un soberanismo seguritario”, vinculando migración con amenaza.

En cuanto a los dichos del futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien calificó como “de muy mal gusto” regularizar a un mes del cambio de mando, el vocero sostuvo que su postura “sigue la ruta que anunció Kast”, aunque afirmó que, de concretarse una regularización, “las consecuencias para el próximo gobierno serían muy beneficiosas”.

A estas posturas se sumó el presidente de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, Rubén Oyarzo, quien marcó distancia con la propuesta de regularizar por decreto en las últimas semanas de gobierno. “No concuerdo con lo que dice Carolina Tohá”, afirmó, señalando que hubo “cuatro años para poder regularizar a través del Congreso, a través de leyes, y no se hizo”. A su juicio, hacerlo “a última hora” podría generar un conflicto innecesario con la próxima administración.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado reconoció que el país enfrenta un problema estructural de migración irregular que debe abordarse “con orden y con humanidad”. En ese sentido, sostuvo que el Congreso debiera discutir una ley que permita definir qué ocurrirá con las personas empadronadas, muchas de las cuales trabajan y han formado familia en Chile. “Hay que perseguir a los delincuentes, no a las nacionalidades”, enfatizó, agregando que la prioridad debe estar en el combate al crimen organizado y no en quienes buscan regularizar su situación.

Oyarzo también advirtió que no existe claridad sobre el plan migratorio del gobierno entrante y recordó que la promesa de expulsar a 330 mil personas irregulares es “muy compleja” de concretar. Por ello, llamó a fortalecer el control fronterizo —especialmente en los 800 kilómetros limítrofes con Bolivia— y a avanzar en políticas públicas serias que permitan distinguir entre quienes representan una amenaza y quienes ya están integrados al país.