El reparto social que cambia el mapa en Lanzarote este año
La administración insular ha cerrado de forma definitiva la adjudicación de las subvenciones destinadas a proyectos de intervención social desarrollados por entidades del Tercer Sector. La resolución culmina un procedimiento administrativo iniciado meses atrás y permite activar actuaciones sociales repartidas por Lanzarote y La Graciosa.
El proceso se ha visto reforzado tras una ampliación presupuestaria aprobada a finales del pasado año, lo que ha permitido incrementar el alcance inicial de la convocatoria y atender un mayor número de propuestas presentadas por organizaciones sin ánimo de lucro.
Finalmente, la dotación global asignada supera los 1,27 millones de euros, que se distribuyen entre 47 proyectos sociales seleccionados tras un proceso de concurrencia competitiva. Se trata de una de las mayores inyecciones económicas destinadas a intervención social en el ámbito insular durante el presente ejercicio.
Un refuerzo directo a la red social de la isla
Las iniciativas beneficiarias abarcan un amplio abanico de actuaciones sociales. Entre ellas se incluyen programas de inclusión social, atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, apoyo a personas con discapacidad, acompañamiento familiar, intervención comunitaria y servicios de carácter sociosanitario.
Este conjunto de proyectos consolida una red de atención directa que actúa en barrios, núcleos rurales y zonas con mayores indicadores de riesgo social. El enfoque de proximidad permite llegar a personas y familias que, en muchos casos, no acceden a otros recursos públicos de forma regular.
Proyectos con impacto territorial
La distribución de las ayudas no se concentra en un único ámbito geográfico. Las actuaciones se extienden tanto por Lanzarote como por La Graciosa, garantizando una cobertura territorial equilibrada y adaptada a las necesidades específicas de cada entorno.
Este planteamiento busca evitar desequilibrios en el acceso a recursos sociales y reforzar la intervención en aquellas zonas donde las entidades sociales ya cuentan con una implantación consolidada.
Un procedimiento administrativo escalonado
La adjudicación definitiva es el resultado de un proceso que ha incluido evaluación técnica de los proyectos, resolución provisional y análisis de alegaciones conforme a las bases reguladoras de la convocatoria. Solo las iniciativas que han superado todas las fases han accedido a la financiación.
El listado final recoge exclusivamente solicitudes estimadas tras este proceso de valoración, garantizando criterios de objetividad, transparencia y adecuación a los objetivos sociales definidos en la convocatoria.
Facilidades para iniciar los proyectos
La resolución contempla el abono anticipado de las subvenciones y la dispensa de garantías económicas. Esta medida permite que las entidades puedan iniciar las actuaciones de forma inmediata, sin demoras asociadas a trámites financieros adicionales.
El adelanto de los fondos resulta clave para proyectos que trabajan con colectivos en situación de urgencia social, donde los tiempos administrativos pueden condicionar la eficacia de la intervención.
El papel del Tercer Sector en la intervención social
Las entidades sin ánimo de lucro desempeñan un papel estructural en la atención social de la isla. Su conocimiento del territorio y su capacidad de respuesta inmediata las convierten en un complemento esencial a los servicios públicos.
La financiación pública de estos proyectos no solo permite mantener programas ya existentes, sino también adaptar las intervenciones a nuevas realidades sociales, como el aumento de la vulnerabilidad económica, el envejecimiento de la población o las necesidades de apoyo familiar.
Una inversión con efecto multiplicador
Más allá del impacto directo en las personas beneficiarias, estas ayudas generan un efecto multiplicador en el ámbito social y económico. Permiten sostener empleo especializado, mejorar la coordinación entre recursos y reforzar la cohesión comunitaria.
El reparto de estas subvenciones consolida así un modelo de intervención basado en la colaboración entre administración pública y tejido social, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades reales de la población.
Con esta adjudicación, la isla activa una red de proyectos sociales que marcará el desarrollo de la intervención comunitaria durante los próximos meses, reforzando el sistema de apoyo a las personas y familias que más lo necesitan.