Periodismo bajo presión: gobiernos atacan a la prensa tras investigaciones al poder
El periodismo bajo presión se manifiesta cuando el poder responde con ataques políticos, advertencias legales o restricciones de acceso tras la difusión de investigaciones periodísticas que lo afectan. En lugar de ofrecer explicaciones detalladas sobre los hechos revelados, algunos gobiernos optan por cuestionar el trabajo de los periodistas. Esta reacción desplaza el debate público. La discusión deja de centrarse en los contratos, reuniones o decisiones oficiales, y se enfoca en desacreditar a la prensa.
Este fenómeno no responde a episodios aislados ni a reacciones espontáneas. Se trata de respuestas institucionales. Comunicados oficiales, discursos presidenciales y cambios en los protocolos de prensa forman parte de una estrategia que utiliza el peso del Estado para confrontar al periodismo. Cuando el cuestionamiento proviene desde la máxima autoridad, la asimetría de poder se vuelve evidente.
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En el Perú, el caso del presidente José Jerí evidenció esa dinámica. Tras un reportaje que reveló que mujeres que visitaron el despacho presidencial recibieron posteriormente órdenes de servicio en entidades públicas, la Presidencia publicó un comunicado en el que evaluaba acciones legales contra los periodistas que difundieron la investigación. El mensaje fue retirado horas después. El episodio generó alerta en gremios de prensa.
En paralelo, la relación de la expresidenta Dina Boluarte con los medios también marcó tensión. Durante meses no ofreció declaraciones abiertas. En eventos públicos cuestionó la cobertura informativa y anunció que elaboraría un “calendario de mentiras” sobre publicaciones críticas en su contra. Estas respuestas se produjeron en un contexto de reportajes sobre contrataciones, reuniones oficiales y decisiones del Ejecutivo durante su mandato.
Situaciones similares se observan fuera del país. En Argentina y Estados Unidos, Javier Milei y Donald Trump reaccionaron con ataques verbales y medidas restrictivas tras revelaciones periodísticas. La repetición de este patrón permite identificar una narrativa que trasciende fronteras.
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Perú: ataques desde Palacio de Gobierno tras investigaciones periodísticas
El caso de José Jerí se originó tras un reportaje que detalló que cinco mujeres ingresaron al despacho presidencial y luego recibieron órdenes de servicio en entidades como EsSalud y el Ministerio del Ambiente. Los montos oscilaban entre los S/6.000 y S/11.000 por órdenes de servicio. La investigación se basó en registros oficiales de visitas y contratos públicos. La respuesta de la Presidencia no fue una conferencia para aclarar los hechos, sino un comunicado que advertía posibles acciones legales contra los periodistas.
La advertencia generó cuestionamientos porque provenía directamente de una institución del Estado. Horas después, el comunicado fue reemplazado por otro que eliminó la mención a denuncias. El retroceso no borró el mensaje inicial. La posibilidad de una demanda desde el poder Ejecutivo instaló un escenario de presión.
Durante los 3 años de gobierno de Dina Boluarte, la tensión con la prensa tuvo varios episodios. La mandataria acumuló más de seis meses sin declarar ante medios en espacios abiertos de preguntas. En actividades oficiales, evitó responder interrogantes sobre investigaciones en curso. En una intervención pública anunció que prepararía un registro de lo que consideraba “mentiras” difundidas a diario por la prensa.
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También se reportaron restricciones logísticas en actividades oficiales. En julio de 2025, la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) denunció que reporteros fueron encerrados detrás de rejas durante una actividad de ministros. El hecho fue interpretado como una limitación al libre ejercicio del trabajo informativo.
Ambos casos comparten elementos claros. Las respuestas provinieron desde el Ejecutivo. Se utilizó la institucionalidad para confrontar o limitar a la prensa. No se respondió de manera directa a cada punto investigado. El conflicto se trasladó al terreno de la legitimidad del periodismo.
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ANP advierte un “efecto inhibitorio” y normalización de ataques contra el periodismo
Para la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Lainez, cuando un mandatario descalifica una investigación sin refutar los hechos, no se trata de una simple confrontación política. “Es una clara afectación a las libertades informativas, porque está estigmatizando a los medios por hacer su trabajo”, señaló. La dirigente sostuvo que, frente a una denuncia pública, lo que corresponde es transparentar la información y no desviar la atención hacia quienes la publican. “Lo que debería hacer es transparentar esas acciones que se están poniendo en el foco público, no atacar al mensajero”, afirmó.
Lainez advirtió que el problema se agrava cuando la descalificación proviene de la más alta autoridad del país. “Cuando esa descalificación viene de quien tiene la más alta responsabilidad de gobierno, sienta un precedente nefasto, porque normaliza la estigmatización a periodistas”, explicó. A su juicio, este tipo de discursos coloca a los reporteros en una situación de mayor vulnerabilidad, sobre todo en contextos de polarización y ataques digitales. “Termina estigmatizando a un sector que además, no solo en Perú sino en América Latina, es absolutamente vulnerable”, agregó.
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Sobre la posibilidad de que el Estado evalúe acciones legales contra periodistas tras una publicación incómoda, la presidenta de la ANP fue enfática. “En Perú el acoso judicial es uno de los peores ataques contra periodistas”, afirmó. Consideró que intentar llevar a tribunales a reporteros por información basada en registros públicos constituye una forma de presión institucional. “Lo que se ha intentado generar es un efecto inhibitorio a quienes realizan actividad informativa”, dijo. Y añadió: “¿Qué se busca? ¿Darle un escarmiento a los demás para decir no te metas con nosotros?”.
Lainez sostuvo que este escenario no es aislado y responde a una tendencia más amplia en la región. “Hay una tendencia muy clara a descalificar como un actor válido a la prensa”, indicó. Según explicó, cuando el poder no puede desmentir hechos documentados, opta por cuestionar la intención del medio y presentar al gobierno como víctima. “El camino que les queda es descalificar al mensajero”, afirmó. Para la dirigente, en una democracia el enfoque debería ser distinto: “Deberían asumir el trabajo de la prensa como un aporte a la consolidación de la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas”.
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Un patrón que se repite fuera del Perú: Milei y Trump
En Argentina, Javier Milei ha mantenido un enfrentamiento constante con sectores de la prensa. Tras reportajes críticos sobre su gestión y decisiones económicas, calificó a periodistas como “ensobrados” y afirmó que la sociedad “no odia lo suficiente” a los comunicadores. Organizaciones como el Committee to Protect Journalists (CPJ) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) alertaron que ese tipo de declaraciones puede generar un clima hostil contra el periodismo.
El gobierno argentino también impulsó la creación de una oficina destinada a “desenmascarar mentiras” de los medios. La medida fue presentada como un mecanismo de respuesta oficial. Sin embargo, organismos de defensa de la libertad de expresión advirtieron que el Estado no debe asumir el rol de árbitro sobre la veracidad del trabajo periodístico.
En Estados Unidos, Donald Trump ha protagonizado confrontaciones públicas con reporteros en conferencias de prensa. Ante preguntas sobre los archivos vinculados a Jeffrey Epstein, descalificó a una periodista de CNN en lugar de responder sobre el contenido. En otros episodios, cuestionó la profesionalidad de reporteras y criticó a medios específicos desde el podio presidencial.
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Además, se registraron cambios en los protocolos de acceso a la Casa Blanca. La decisión de modificar la dinámica de acreditaciones generó cuestionamientos de asociaciones de prensa.
Los casos de Javier Milei y Donald Trump muestran similitudes con lo ocurrido en el Perú. El poder responde a investigaciones con ataques verbales o medidas institucionales. Se instala la idea de que el periodismo actúa como adversario político. Este patrón se repite en democracias donde la fiscalización mediática resulta incómoda para quienes gobiernan.
De la crítica a la narrativa de desacreditación del periodismo
Cuando una investigación periodística revela información sensible, el poder puede responder con datos o trasladar la discusión hacia la credibilidad del medio. En varios de los casos recientes en Perú, Argentina y Estados Unidos, el foco oficial no estuvo en aclarar los hechos, sino en cuestionar la intención de los periodistas. El debate dejó de centrarse en la evidencia publicada y pasó a girar en torno a supuestas motivaciones políticas.
Expresiones como “campaña”, “mentiras”, “operaciones” o “acoso mediático” se repiten en discursos presidenciales y comunicados oficiales. Este lenguaje instala la idea de que el periodismo no cumple una función de fiscalización, sino que actúa como un actor partidario. Así, el cuestionamiento se desplaza del contenido de la investigación periodística hacia la reputación del medio o del reportero.
Este escenario ha sido advertido por Reporteros Sin Fronteras (RSF). En su Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025, la organización registró retrocesos importantes en América Latina y señaló que el discurso estigmatizante desde el poder político se ha convertido en un factor estructural de deterioro. RSF identificó como patrón común la descalificación pública de medios tras publicaciones incómodas para los gobiernos.
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En el caso de Perú, la organización alertó sobre un clima adverso para el ejercicio del periodismo, marcado por ataques verbales y desconfianza promovida desde sectores oficiales. En Argentina, el informe consignó una caída significativa en la clasificación internacional tras reiteradas declaraciones del presidente Javier Milei contra la prensa. Según RSF, cuando las máximas autoridades presentan a los medios como enemigos o adversarios, se debilita el debate democrático y se reduce la tolerancia frente a la crítica.
La advertencia no se limita a una evaluación estadística. RSF ha señalado que la estigmatización constante puede generar un entorno más hostil para los periodistas, aumentar el riesgo de agresiones y fomentar la autocensura. El impacto trasciende a un medio específico. Afecta el ecosistema informativo completo y condiciona la relación entre ciudadanía, instituciones y prensa.
En ese contexto, el señalamiento público desde el poder no constituye solo una crítica política. Se convierte en un elemento que incide directamente en la calidad democrática. Cuando el cuestionamiento sustituye a la rendición de cuentas, el espacio para el periodismo de investigación se reduce y la discusión pública pierde profundidad.