El Gobierno vasco da 'luz verde' al proyecto petrolero del empresario al que pidió ayuda la 'fontanera' del PSOE

El Gobierno vasco ha dado luz verde a la ampliación de las instalaciones petroleras de Hafesa en el Puerto de Bilbao. Una autorización para aumentar su capacidad de almacenamiento que llega dos meses después de que la compañía, de la que es propietario Alejandro Hamlyn, fuera condenada por un fraude de 154 millones en el negocio de los hidrocarburos. La Audiencia Nacional también declaró culpable en noviembre a parte de la cúpula de la compañía por formar parte de una «organización criminal». El nombre de Hamlyn, en busca y captura y que no pudo ser juzgado al no acudir por encontrarse en Dubái (Emiratos Árabes), saltó definitivamente a la prensa tras una reunión con Leire Díez. En ella, la conocida como 'fontanera del PSOE', le pidió información para terminar con la carrera del teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Antonio Balas, que investiga gran parte de las tramas de corrupción que envuelven al círculo familiar y político de Pedro Sánchez. Hafesa, que tras la condena en la Audiencia Nacional cambió su nombre por Haxx, es una operadora dedicada a la recepción, almacenamiento y distribución de «combustibles petrolíferos líquidos». Tras hacerse con dos nuevas terminales en noviembre, ubicadas en la comunidad de Murcia y Andalucía, cuenta con siete plantas de acopio de hidrocarburos distribuidas en distintos puntos de España. Una de ellas, con 16 tanques y una capacidad de 63.250 metros cúbicos, se ubica en el Puerto de Bilbao, al final de la ría que recorre la ciudad. Concretamente en la delimitación del municipio de Ciérvana, un enclave estratégico por sus capacidades logísticas, donde se asientan distintas empresas dedicadas al negocio. De hecho, no muy lejos de este punto se encuentra la refinería de Petronor, filial de Repsol en el País Vasco. Esta planta de Hafesa, con una superficie disponible de 22.375,34 m2 (entre dos y tres campos de fútbol, aproximadamente), está en las últimas fases administrativas de un proceso de ampliación. Dicho proyecto busca aumentar su capacidad mediante la instalación de cuatro nuevos tanques , dos de ellos destinados al almacenamiento de gasolina, de 2.500 y 2.000 m3 de capacidad unitaria respectivamente, y de otros 2 tanques, de 2.000 m3 de capacidad unitaria, para el almacenamiento de gasóleo. De esta manera se amplía la capacidad de almacenamiento en 8.500 m3 (un 15 % de la capacidad actual), según la documentación consultada por este periódico. Fue el pasado 19 de enero cuando la Delegación Territorial de Vizcaya del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco autorizó la ampliación. Precisamente, la Dirección de Administración Ambiental, enmarcada en el organigrama de esta consejería liderada por el político del PNV Mikel Jauregi, emitió entonces un informe de impacto ambiental favorable que daba luz verde al proyecto. Ahora, la compañía tendrá un plazo de cuatro años para ponerlo en desarrollo. La resolución, publicada esta misma semana en el Boletín Oficial del País Vasco, plantea que «atendiendo a las dimensiones de la ampliación proyectada y a su ubicación dentro una planta existente (en el entorno portuario e industrial del Puerto Autónomo de Bilbao), que alberga la misma actividad con una capacidad de almacenamiento mucho mayor, no es esperable que la ampliación propuesta conlleve un impacto ambiental significativo» . Así, resuelve que «no se considera necesario que el proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de la planta de combustibles [..] se someta a evaluación de impacto ambiental ordinaria». Así, emitía el informe de «impacto ambiental del procedimiento de evaluación ambiental simplificada», solicitado por DBA Bilbao Port S.L (sociedad del Grupo Hafesa) el 21 de noviembre de 2025. Es decir, tan solo tres días antes de que la Audiencia Nacional condenara a la compañía por fraude. Y, apenas dos meses después, su proyecto ha recibido el 'sí' del Gobierno vasco , con una sentencia a cuestas que le imponía una multa por valor similar al importe defraudado a Hacienda, 152,4 millones de euros, por delitos fiscales cometidos entre los años 2016 y 2019. También penas de cárcel a 14 directivos. No a Hamlyn, que no ha sido juzgado. El nombre del empresario vizcaíno saltó a la prensa el 26 de mayo de 2025, misma fecha en la que estaba previsto el inicio del juicio por la 'Operación Drake' (se aplazó por su incomparecencia), al adelantar 'El Confidencial' una conversación suya con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo, en la que estos ofrecían a Hamlyn un pacto con «la Abogacía del Estado y con la Fiscalía» a cambio de información comprometida sobre altos mandos de la Guardia Civil. «Necesito a Balas», decía la fontanera del PSOE, detenida en diciembre del año pasado por otro caso relacionado con un presunto cobro de mordidas, sobre el jefe de la UCO que investiga bajo mandato judicial los escándalos que afectan a Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez o el 'caso Koldo'. Hamlyn, que en junio también fue citado a declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción nº1 de la Audiencia Nacional por tener a sueldo a un Policía que supuestamente le filtraba información (tampoco se presentó), pidió a Leire Díez un «papelito» a cambio de suministrar datos sensibles. Un intercambio de palabras que, más tarde, él mismo dijo que se trataba de un cebo con el que «vacilaba» a sus interlocutores. En dicha conversación, el nieto del famoso naviero José María López-Tapia reclamaba además a la fontanera socialista arreglar «lo de la Foral», en referencia a una deuda que mantenía con la Hacienda Foral de Vizcaya. «Gracias al País Vasco seguimos aportando porque me han liado una... Tengo la conciencia tranquila. He pagado a la Hacienda foral más de 1.200 millones en los últimos cinco años y me han aplazado una deuda de 225 millones. Ellos me ayudaron y yo no les voy a dejar de pagar nunca», decía en una entrevista en 'El Correo' poco después de hacerse públicas las conversaciones. El escándalo obligó a Itxaso Berrojalbiz, responsable de Hacienda y Finanzas en la Diputación Foral (que controla el fisco en el País Vasco en virtud del sistema establecido por el Concierto Económico), a dar explicaciones, negando que existiese un presunto «trato de favor» en los aplazamientos a Hafesa.