Pedro Sánchez usará la multirreincidencia para intentar descongelar la relación con Junts

Si no hay sorpresas, que no se esperan, el Pleno del Congreso aprobará el jueves la ley de Junts para luchar contra la multirreincidencia en hurtos . La norma, una de las exigencias del prófugo Carles Puigdemont en el zurrón del debe, verá luz verde con una atípica mayoría en la que el PSOE sumará sus votos a la derecha nacional y nacionalista. PP, PSOE, Vox, Junts y PNV sacarán adelante el nuevo texto con la oposición de la izquierda. Pero al Ejecutivo le sirve el movimiento como uno más de sus empeños por reconducir su relación con la derecha separatista, rota desde que esta anunció en octubre un divorcio unilateral del que no se reponen los socialistas, necesitados de todos los socios que invistieron a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno reconoció «incumplimientos» con Junts el 2 de diciembre en un nada disimulado intento de acercamiento. En esas está el Ejecutivo desde entonces, tratando de que el partido separatista no desprecie su cortejo y regrese al bloque de investidura, con el que Sánchez pretende al menos aprobar unos presupuestos generales del Estado en la presente legislatura. No será fácil porque los independentistas, más allá de cuestiones puntuales que benefician a Cataluña, no parecen por la labor de sentarse a negociar. Al menos, mientras Puigdemont siga en Waterloo (Bélgica) sin poder beneficiarse de la ley de amnistía que hizo todo posible. «Todo ayuda. Somos un Gobierno que busca acuerdos», responden fuentes gubernamentales sobre si la ley contra la multirreincidencia servirá para descongelar las relaciones con Junts. El guiño del PSOE es total, apoyando una iniciativa que ideológicamente se enmarca más en el conservadurismo, y no es el único. El real decreto para la regularización extraordinaria de extranjeros , pactado con Podemos para tender puentes con los de Ione Belarra, indirectamente también busca satisfacer a los independentistas. Estos, de primeras, se oponen a la medida. Pero la música cambia cuando se les explica que los izquierdistas, que frustraron la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, ahora se sentarán a negociarla. Tras un fin de año complicadísimo, por los casos de corrupción y de acoso sexual alrededor del Gobierno y del PSOE, el jefe del Ejecutivo ha iniciado este 2026 con mimos hacia sus potenciales aliados, consciente de que tenía que revertir la sensación de hartazgo y fin de ciclo que empezaba a cundir. De ahí su reunión con Oriol Junqueras (ERC) para cerrar un acuerdo de financiación autonómica que privilegia claramente a Cataluña, la regularización de inmigrantes pactada con Podemos y la suavización del escudo social cerrada con el PNV para que no se paralicen los desahucios de personas vulnerables si los arrendadores son personas que solo disponen de una o dos viviendas. Protección para el pequeño propietario. Aunque de momento Junts no se deja llevar por cantos de sirena, de hecho anunció el martes su voto en contra del real decreto ley que contiene el escudo social porque le parece insuficiente la cesión al PNV, en el Gobierno confían en terminar seduciendo a los de Puigdemont. Como publicó ABC el jueves, el Ejecutivo está utilizando a terceros partidos como intermediarios para acercarse de nuevo a la derecha separatista. El pacto con el nacionalismo vasco se aproxima a las reclamaciones de los posconvergentes, que entienden que el bloqueo de los desahucios puede favorecer los impagos y la ocupación ilegal, y el acuerdo con Podemos, obligándole a negociar la delegación de la inmigración a Cataluña, reabre una de las principales reivindicaciones del independentismo conservador. La secretaria política de Podemos, Irene Montero, anunció este viernes en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, que su partido votará a favor del escudo social a pesar de que Belarra había calificado el acuerdo entre PSOE y PNV para limitar la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables como un «pacto criminal» y un «asco absoluto». Los izquierdistas también fueron muy críticos con el embargo de armas a Israel, amagando con tumbarlo hasta el final, pero aguantaron la incógnita hasta el día de la votación. Ahora desvelan su postura antes incluso de que se sepa cuándo llevará el Gobierno a convalidar el decreto al Congreso, lo que deja toda la presión sobre Junts. Y al Ejecutivo, después de aprobar la añorada ley del independentismo contra la multirreincidencia, le da margen para buscar otros alicientes e intentar reconquistar a Puigdemont. No solo de cara al escudo social, sino quién sabe si para unos presupuestos. El recorrido de la ley de Junts contra la multirreincidencia es un rosario de gestos hacia el separatismo. El Pleno del Congreso tomó en consideración la iniciativa en septiembre del 2024, pero el PSOE y Sumar, con su mayoría en la Mesa, ampliaron el plazo para registrar enmiendas hasta febrero del 2025. En plena exigencia de Puigdemont para que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza, algo que no pasó, los partidos que comparten el Consejo de Ministros desbloquearon la norma para que continuase su tramitación. Pero no fue hasta noviembre cuando se convocó la ponencia para discutirla, justo días después de la ruptura de los posconvergentes con los socialistas. El 4 de diciembre, dos días después de admitir Sánchez «incumplimientos», PP, PSOE, Vox, Junts y PNV sacaron juntos el informe de la ponencia que posteriormente se aprobó en comisión. El primer pleno ordinario del año la encaminará al Senado hacia su aprobación definitiva.