Mineápolis continúa bajo presión: ICE, tecnología de vigilancia y una ciudad en vilo
La ciudad vuelve a arder. A la indignación por las redadas migratorias se sumó esta semana una revelación que el Gobierno federal había mantenido bajo llave: la identidad de los dos agentes que dispararon contra el manifestante Alex Pretti. Registros oficiales confirman que los tiros que acabaron con la vida del enfermero de 37 años salieron de las armas de Jesús Ochoa, agente de la Patrulla Fronteriza, y Raymundo Gutiérrez, oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ambos integraban Operation Metro Surge, el dispositivo que desde diciembre inundó Minneapolis de agentes armados y encapuchados.
La muerte de Pretti —trabajador de cuidados intensivos en un hospital del Departamento de Asuntos de Veteranos— no es un episodio aislado. Llega apenas días después del abatimiento de Renée Good, madre de tres hijos, también a manos de un agente migratorio. Dos muertes en menos de una semana han convertido a Minneapolis en símbolo de una política que combina fuerza letal, secretismo institucional y una expansión acelerada de la vigilancia tecnológica.
Hasta ahora, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y sus organismos asociados se habían negado a identificar a los agentes implicados. La opacidad alimentó la furia en las calles y el reclamo transversal de rendición de cuentas. Incluso voces republicanas se sumaron a la exigencia de una investigación independiente y transparente. El Departamento de Justicia anunció que su División de Derechos Civiles abrió diligencias, mientras el Departamento de Seguridad Nacional confirmó que los agentes fueron puestos en licencia administrativa tras el tiroteo del 24 de enero.
Líneas rojas
Ochoa, de 43 años, ingresó a la Patrulla Fronteriza en 2018; Gutiérrez, de 35, se incorporó en 2014 y estaba asignado a una unidad de respuesta especial comparable a equipos SWAT. Ambos son originarios del sur de Texas. La información, lejos de cerrar el caso, ha avivado nuevas preguntas: ¿por qué agentes encapuchados, sin identificación visible, operan en protestas civiles? ¿Quién controla su actuación?
El malestar se amplificó con otro episodio que golpeó la conciencia pública: la detención de un niño hispano de cinco años durante una redada, posteriormente liberado por orden judicial. El menor pasó horas bajo custodia federal junto a un familiar. Para los demócratas, el caso evidenció el carácter "deshumanizado" de la ofensiva migratoria; para organizaciones civiles, fue la prueba de que la línea roja se ha cruzado.
En el Capitolio, la respuesta política tomó forma. Legisladores demócratas impulsan proyectos para regular con mayor severidad a ICE, limitar el uso de agentes encapuchados y reforzar la supervisión civil. En un movimiento de alto voltaje, plantean además la apertura de un juicio político contra la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a quien responsabilizan de la "militarización" de la política migratoria. El debate amenaza con convertirse en uno de los frentes más ásperos del segundo mandato del presidente Donald Trump.
Vigilancia digital
Pero el miedo en Minneapolis no se explica solo por las balas. Un segundo eje, menos visible y quizá más inquietante, recorre las protestas: la vigilancia digital. Funcionarios actuales y antiguos del DHS admiten que ICE despliega tecnologías para identificar no solo a inmigrantes indocumentados, sino también a ciudadanos que se manifiestan contra su presencia. Reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales, rastreo de teléfonos móviles y bases de datos que integran información pública y comercial forman parte del arsenal.
En Minnesota se usan al menos dos sistemas de reconocimiento facial, uno de ellos desarrollado por Clearview AI, además de la aplicación Mobile Fortify. A ello se suma el acceso a plataformas analíticas de Palantir, capaces de combinar datos gubernamentales y privados para ubicar personas en tiempo real. "La conglomeración de estas herramientas está dando al Gobierno capacidades sin precedentes", advirtió la American Civil Liberties Union (ACLU), que ya ha demandado al DHS por la operación en Minneapolis.
Las consecuencias
Imágenes difundidas por activistas muestran a agentes escaneando rostros de manifestantes con teléfonos móviles y advirtiendo que sus caras serían incorporadas a bases de datos. Algunos observadores denuncian represalias administrativas tras asistir a protestas, como la revocación de privilegios de viaje sin explicación. El mensaje es claro: protestar puede tener consecuencias.
Mientras tanto, las calles no se enfrían. Marchas multitudinarias, vigilias y concentraciones continúan pese al frío invernal. Sindicatos, colectivos comunitarios y organizaciones religiosas se han sumado al reclamo de justicia por Pretti, la protección de los niños y el freno a una vigilancia que muchos consideran incompatible con un Estado de derecho. Minneapolis se ha convertido así en un espejo incómodo para Estados Unidos. En él se reflejan los costos humanos de una política migratoria endurecida, la tentación del secreto y el poder de una tecnología que promete control total.