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Январь
2026

La importancia de vigilar bien las casillas

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El pasado 12 de enero, nueve de los once integrantes del Consejo General del INE entregaron al titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, un documento de 69 páginas.

El escrito, firmado por aquéllos, contiene un total de 202 propuestas de cambio al marco jurídico electoral, con el propósito de mejorar, con sentido democrático, las instituciones y los procedimientos comiciales.

Más de dos centenares de propuestas son muchas. Y, sin embargo, queda en el lector de ese documento la impresión de que bien pudieron haber sido más. Porque si alguien conoce de la materia electoral, son precisamente los consejeros del INE. Además de su número, no todas las propuestas, obviamente, son de la misma importancia, significación o valor.

De todo el proceso electoral, hay un aspecto muy importante al que por lo general se suele prestar poca atención. Es el relativo a la integración y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, y a la labor de vigilancia que en éstas deben ejercer los representantes de los partidos políticos.

Bueno, pues sorprende y es de llamar la atención una de las propuestas que hace el INE. Por ser aparentemente contradictoria, amerita una aclaración. Veamos:

El artículo 259 de la vigente Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LGIPE, establece que, una vez registrados sus candidatos, el partido político que los postula adquiere el “derecho de nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla”.

Estos representantes tienen a su vez el derecho de “recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla” en que estén acreditados.

Para justificar la propuesta que hacen, los consejeros del INE plantean que: “Es importante mantener el diseño vigente y no reducir el número de representantes” de casilla, así como tampoco los llamados representantes generales, que también tienen derecho a nombrar los partidos: uno por cada diez casillas urbanas y uno por cada cinco casillas rurales, pues “Reducirlos —dicen— limita la cobertura y observación en territorio” de la votación en las casillas.

Sin embargo, sorprendentemente, lo que los consejeros del INE plantean es exactamente lo contrario, pues sugieren modificar el artículo 259 de la LGIPE, así: “En elecciones federales y locales, se propone una representación propietaria y una representación suplente por casilla” (pág. 57). O sea que, en lugar de dos representantes propietarios por partido y por casilla, sea solo uno.

Lo anterior, al proponer disminuir de dos a uno, debe entenderse que significa lo contrario de lo que antes se dijo de “no reducir el número de representantes” Si hay una confusión, redacción errónea o mala interpretación del documento del INE, haría bien una aclaración.

En procesos comiciales difíciles, complicados, tal vez conflictivos, como muy probablemente volverán a ser los mexicanos, justamente como eran en los tiempos del priato y este sentía que podía perder, la oposición debe tener presente lo importante que es contar con una amplia cobertura de representantes de casilla.

Sólo de esa manera podrá la oposición contar con vigilancia que impida la realización de maniobras fraudulentas en la recepción y cómputo de los votos y con ciudadanos que tengan el derecho a exigir y recibir copias legibles de las actas, en las que consten los resultados de votación de cada casilla.

Se trata pues de un aspecto clave, que por ningún motivo se puede descuidar. No procede, por lo tanto, lo que aparentemente está proponiendo el INE sobre este punto.

Tener una magnífica cobertura de representantes, y bien preparados además, en los centros de votación, fue lo que hizo posible que los demócratas venezolanos pudieran demostrar el triunfo, con actas en mano, de su candidato Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de ese país, de julio de 2025, así como del monumental fraude electoral cometido por Nicolás Maduro y sus secuaces.

No sería remoto que Pablo Gómez, que conoce bien de estas cosas, de las doscientas y tantas propuestas que hacen los consejeros, la incluya en la iniciativa presidencial de reforma electoral, y luego salga con que fue el INE el que la propuso.